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Mineros del Nordeste de Antioquia amenazan con protesta
mineros de Segovia y Remedios

La polémica por la solicitud de militarizar los municipios para combatir la minería ilegal continúa en Antioquia.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Mineros del Nordeste de Antioquia amenazan con protesta

La decisión se debe a la posible aprobación del Proyecto de Ley 059 de 2020.

El reconocimiento de la minería ancestral como una actividad económica legítima ha sido un reclamo constante de los mineros de Antioquia. Su labor, que se ha desarrollado en el departamento desde antes de la época de la colonia, está nuevamente en riesgo por el Proyecto de Ley 059 de 2020 que cursa en el Senado.

Por esto, la Mesa Minero Agro Ambiental del Nordeste Antioqueño y la Asociación Mesa Minera Segovia-Remedios anunciaron una posible movilización nacional para reclamar el reconocimiento y formalización de los mineros ancestrales y tradicionales, en caso de que sus peticiones sobre el proyecto de ley no sean atendidas.

Jaime Gallego, presidente de ambas mesas, afirmó que los mineros “con las políticas del Estado a favor de las multinacionales son atropellados y violados sus derechos”.

Además, explicó que el proyecto de ley acabaría con esta cadena productiva ancestral: “miremos si exigimos que haya una verdadera formalización, una caracterización de los mineros ancestrales y tradicionales, que sepan diferenciarlos de los mineros criminales y busquen una manera adecuada en la ley para integrar a este gremio”.

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La ley tiene por objeto fortalecer los instrumentos jurídicos existentes para erradicar la exploración, explotación, aprovechamiento, comercialización ilícita de minerales y demás actividades relacionadas con esta industria.

Sin embargo, como lo manifestaron la Mesa Minero Agro Ambiental del Nordeste Antioqueño y la Asociación Mesa Minera Segovia-Remedios en un comunicado, al aumentar las penas por el desarrollo de las actividades mineras ilegales se afecta también a los mineros tradicionales y de subsistencia.

Esto debido a que carecen de un título o contrato de concesión, por lo que son asimilados como mineros ilegales, “desconociendo su naturaleza y carácter ancestral de su actividad legítima, además de la propiedad que sobre esos territorios por ellos ocupados se les reconoce aún en numerosos instrumentos internacionales”, como cita el comunicado.

Otras consideraciones

Los mineros del Nordeste de Antioquia reclaman la construcción de una política pública minera y la formalización de la actividad minera de subsistencia, de manera que se proteja a los más de tres millones de mineros ancestrales y tradicionales que existen en el país y que sólo en Segovia y Remedios son diecisiete mil.

Además, piden la cesión de los títulos que ahora poseen empresas privadas y multinacionales, “a las cuales el gobierno ha dado prioridad, fomentando la monopolización de la extracción de recursos naturales”.

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Por otra parte, en el comunicado también reclaman el reconocimiento de las actividades de chatarreros y chatarreras como fuente de ingreso principal de muchas personas cabeza de familia, que pertenecen a comunidades indígenas o afro, y son personas con movilidad reducida y adultos mayores.

Dania Alejandra Marín, fundadora de la Asociación de Chatarreras de Segovia y Remedios, representa a 1.800 personas que realizan esta actividad en ambos municipios. Marín afirma que la asociación se une a este reclamo “porque siempre el pequeño minero es el que nos ha ayudado al sostén de nuestro mínimo vital y nuestra economía”.

Ser chatarrera tiene otras implicaciones en la minería: se trata de recoger y organizar lo que no les sirve a los mineros. En este caso, fragmentos muy pequeños del mineral —o sea, del oro— que venden y se convierte en el único ingreso para estas personas. Su labor depende de la minería ancestral y las afectaciones de los mineros también los afectan.

“Nosotros no hemos recibido ayudas ni aportes del gobierno ni de multinacionales. Quien nos ha brindado esa oportunidad de sostener a nuestras familias ha sido el pequeño minero. Por eso, al hacerse estas reglas tan duras para ellos, nuestro mínimo vital va a desaparecer”, explica Dania.

Al aumentar las penas por el desarrollo de las actividades mineras ilegales, se afecta también a los mineros tradicionales y de subsistencia.

En septiembre de 2020, los alcaldes de Yolombó, Yalí, Vegachí, Remedios y Segovia escribieron una carta dirigida a los ponentes del proyecto de ley para expresar su oposición. En el pronunciamiento criticaron el hecho de que “se es ilegal por el solo hecho de reclamar condiciones justas a procesos mineros de décadas, realizados por nuestros mineros tradicionales”.

Además, afirmaron que con esta iniciativa, presentada el 20 de julio del año pasado, “se desconoce de tajo la diferencia que de los mineros de hecho o tradicionales ha realizado la Corte Constitucional en varias sentencias”.

El proyecto de ley está pendiente de discusión para primer debate en el Senado y no se ha hecho pública una fecha para su realización. Sin embargo, los mineros esperan recibir respuesta a su comunicado, extendiendo, además, la invitación de alerta a los integrantes de todas las Mesas Mineras del país, establecidas principalmente en los territorios del Pacífico, Bajo Cauca antioqueño, Antioquia y Sur de Bolívar.


LUISA MARÍA VALENCIA
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO
@luisamvalencia

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