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Grupos armados amenazan a los pueblos indígenas de Antioquia
Indígenas confinados en Antioquia

Los resguardos Río Murindó y Río Chageradó han tenido que desplazarse entre sus territorios por amenazas expresas del ELN.

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Cortesía OIA

Grupos armados amenazan a los pueblos indígenas de Antioquia

Aumentan las denuncias por amenazas, desplazamiento y riesgos para transitar en territorios minados.

En Dabeiba, Antioquia hay cerca de mil indígenas confinados por miedo. El toque de queda anunciado por el Eln para sembrar minas en el territorio se ha interpuesto con la libre movilización de siete comunidades ubicadas en este municipio que limita con el Urabá antioqueño.

Leyton Urrego, alcalde de Dabeiba, le afirmó a EL TIEMPO que en una comisión liderada por el personero local se pudo comprobar que sí hay confinamiento desde las 4 o 5 de la tarde y “es preocupante la situación, ya que hay bombas antipersona en el territorio, muy cerca al camino y algunas visibles”.

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Además, dijo que los indígenas están pidiendo presencia permanente del Ejército para garantizar su seguridad, pues esta situación se está interponiendo con el acceso a sus cultivos y la posibilidad de cazar y pescar, como lo han hecho históricamente estas comunidades.

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Dabeiba fue uno de los municipios priorizados por el gobierno nacional para la realización de operaciones de desminado humanitario anunciadas el 11 de julio del 2020. Sin embargo, en los últimos meses ha prevalecido la siembra de nuevas minas por parte de los grupos al margen de la ley.

No ha comenzado el desminado humanitario en Dabeiba que fue anunciado el 11 de julio de 2020

Sobre esto, el alcalde reconoció que no ha comenzado el proceso y que, luego de realizar la comisión mencionada, se reunió con Desminado Humanitario y el Ejército Nacional para mirar garantías de avances con lo planeado en el territorio.

Así mismo, aseguró que las mismas comunidades indígenas piden “desminado militar o desminado humanitario pero que sea lo más pronto posible porque están muy afectados”.

Frontino, Murindó y zonas rurales del Occidente, Atrato Medio y Bajo Cauca también han vivido durante los últimos meses un minado en el que varias personas han resultado afectadas, como lo viene denunciando la Organización Indígena de Antioquia (OIA).

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Desarraigo

El pasado 3 de marzo, la OIA anunció el desplazamiento de 48 familias indígenas (168 personas) por amenazas expresas del Eln en los Resguardos Río Murindó y Río Chageradó en Murindó, Antioquia.

Además, explicaron que como mecanismo de resistencia para no abandonar sus tierras ancestrales, las personas se desplazan entre el mismo resguardo y se ven forzadas a movilizarse por campos presuntamente minados.

Sobre esta situación, el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, aseguró que se trata de una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario y rechazó las acciones que el Eln y el 'clan del Golfo' han realizado contra las comunidades indígenas de esta zona.

Así mismo, insistió en que se trata de un problema estructural de una región que ha sido abandonada por el Estado.

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Cabe recordar la crisis humanitaria que se ha venido presentando en Ituango y que tuvo una situación de desplazamiento masivo en febrero de este año. En dichas circunstancias, trescientos indígenas del resguardo Jaidukama también se vieron forzados a salir de sus territorios.

A pesar de retornar, y de acuerdo con información de El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), llevan más de tres semanas confinados “como consecuencia de las amenazas y enfrentamientos entre actores armados en la zona”.

Sumado a lo anterior, el 10 de febrero del 2021, la OIA denunció que 231 familias indígenas del pueblo Zenú del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, se encontraban “sin alimentos, desplazadas y confinadas” por la presencia de grupos armados al margen de la ley.

Emergencia humanitaria

Situaciones humanitarias como las ya mencionadas se han venido presentando con los distintos pueblos indígenas que habitan el departamento. Por esto, desde la OIA declararon emergencia humanitaria el pasado 12 de marzo.

En el comunicado oficial que surgió desde el Consejo de Paz realizado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) denunciaron que la “coca y minería ilegal vienen ganando espacio crecientemente. El reclutamiento forzado es recurrente y desplazamientos masivos se han suscitado ya, habiendo otros inminentes”.

Además, destacaron que los desplazamientos ‘gota a gota’ y asesinatos selectivos son una constante en los territorios y señalaron que “el microtráfico reina y su control es causa de disputas por parte de grupos armados que crean bandos, exponiendo como nunca a nuestros jóvenes indígenas”.

En la declaración de la emergencia humanitaria, los pueblos indígenas le pidieron a las entidades públicas competentes en materia de derechos humanos, organizaciones sociales y comunidad internacional realizar misiones de verificación humanitaria en Murindó, Bajo Cauca, la Blanquita, Frontino, Dabeiba e Ituango.

Lo anterior, "para presenciar directamente todas las afectaciones que se viven en él, a causa del conflicto armado, el extractivismo y las políticas de desarrollo del Estado".

LUISA MARÍA VALENCIA 
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO
MEDELLÍN

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