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Los peligros que corren los excombatientes de las Farc en Antioquia
Antioquia

Se advierten riesgos para la población en proceso de reincorporación

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Cortesía Defensoría del Pueblo

Los peligros que corren los excombatientes de las Farc en Antioquia

Se advierten riesgos para la población en proceso de reincorporación

Defensoría del Pueblo advirtió que hay 12 alertas sobre riesgos para reincorporados

Para no generarle un problema a su familia, un excombatiente de las Farc cuenta que tras la firma del Acuerdo de Paz no ha podido visitarla. Esa ausencia obligada obedece a los problemas de seguridad que existen en Antioquia, así como en otras partes del país.

Desde uno de los Antiguos Espacios Territoriales para la Capacitación y Reincorporación (AETCR), narró que: “A mi familia no la he podido ver desde que salí del proceso hasta este momento, por algunos problemas de inseguridad. Una parte está en Bogotá y mis hermanas se encuentran en el Urabá antioqueño, porque mis padres fueron desaparecidos”.

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El hombre reconoce que los reincorporados sí tienen medidas de seguridad en los AETCR y algunos tienen esquemas de protección tras las amenazas, pero en su caso y pese a ser un líder social luego de abandonar las armas, solo tiene seguridad en el sitio que reside.

“En el caso mío, yo tengo amenaza por ser líder social. Entonces, eso hace que uno siempre tenga que medirse para poder andar o coger una ruta o moverse, siempre tiene que decir yo voy para tal parte. La seguridad está allá en el espacio, pero si yo vengo a Medellín no la tengo. Eso hace que mi familia esté en otro municipio y yo no me haya podido encontrar con ellos”, reiteró el hombre, una de las 1.356 personas que cumplen con su proceso de reincorporación en Antioquia.

Más allá de la percepción de seguridad, lo cierto es que de las 31 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para Antioquia, y que actualmente se encuentran vigentes, en 12 de ellas se advierten riesgos para la población en proceso de reincorporación.

Esto hace que haya al menos 23 municipios advertidos que, según la entidad, son: Dabeiba, Peque, Uramita, Yondó, Ituango, Tarazá, Remedios, Segovia, Frontino, Urrao, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Zaragoza, Apartadó, Angostura, Campamento, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Yarumal y Medellín.

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Los reincorporados piden garantías.

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Cortesía Defensoría del Pueblo

No obstante, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia de Antioquia los excombatientes que están ubicados de Antioquia, cumplen su reincorporación en más de 80 municipios.

“No es un secreto que en algunas zonas hay mayores dificultades en materia de orden público y al estar ubicados allá, pueden correr, al igual que el resto de la población, unos riesgos mayores, pero ahí la fuerza pública viene haciendo un trabajo importante en estas zonas, para combatir todas las estructuras armadas que operan allí”, explicó Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y No Violencia de Antioquia.

En el departamento actualmente hay tres esquemas de protección colectivos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para población que está por fuera de los Antiguos Espacios Territoriales, hay cuatro esquemas para las personas ubicadas AETCR y más de 36 esquemas de protección individuales.

Los grupos armados ilegales en Antioquia que suponen una mayor amenaza para la población excombatiente son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las disidencias de las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y sus distintas estructuras, y el Bloque Virgilio Peralta Arenas o ‘Caparros’ o ‘Caparrapos’, según indicó la Defensoría.

Blanco señaló que no son 12 sino 8 las alertas en Antioquia para población reincorporada desde el 2018, pero que desde la Gobernación de Antioquia se hace monitoreo a las que han sido emitidas en el departamento y se articulan para que a través de las diferentes secretarías se adopten acciones para atender las diversas recomendaciones que traen estas alertas.

Pese a que estas alertas advierten a ciertos municipios, el secretario confirmó que en Antioquia se está construyendo un mapa de riesgos, en el Consejo departamental de reincorporación, que cuenta con una submesa para la seguridad. Blanco afirmó que hoy en día hay menos amenazas, aunque se han tenido que hacer extracciones aéreas a reincorporados amenazados y a sus familias, en zonas de difícil acceso.

“Esto ha sido un insumo para la formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), para poder mapear cuáles son esos riesgos, esas vulneraciones y fortalecer toda la capacidad a través de las estrategias que permitan y el trabajo articulado con las instancias competentes para fortalecer la seguridad”, agregó Blanco.

¿Qué ocurre?

Para Carlos Zapata, coordinador del observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), era de suponerse que, de no haber una intervención integral en los territorios golpeados por el conflicto armado con las Farc, se iba a presentar una realidad como la actual, en la que otros grupos han ocupado su lugar, poniendo también en riesgo a los excombatientes.

Explicó que con una intervención integral se trata de llegar a estas zonas no solo con la Fuerza Pública.

“Es claro que los AETCR quedaron en zonas que antes fueron muy activas en materia de conflicto armado, que ahí las Farc logró establecer unos controles hegemónicos, pero luego de ser agrupados en estos espacios y en los nuevos de reincorporación, pues estos quedan a merced de muchos territorios que son apetecidos por otros actores armados que quedan en el conflicto”, detalló Zapata.

Zapata ahondó en que la situación guarda mucha relación con los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico que se disputan estos grupos, pero en general con lo que se denomina “economías de guerra”.

“Se establecieron unas economías ilícitas muy lucrativas que generaban muy importantes ingresos, como el narcotráfico, la minería y otras rentas, era ingenuo pensar que otros grupos armados que estaban en los alrededores no iban a querer tomar control del territorio y de la población con el ánimo de extraer estas rentas”, dijo.

Y acotó que los riesgos de la población excombatiente se deben básicamente a que algunos no se dejan reclutar, otros tienen una información importante o a veces pueden responder a otros tipos de conflictividades que no son expresadas públicamente.

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Para Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, es claro que el Acuerdo de Paz no era suficiente y argumentó que los grupos armados que los ponen en riesgo ya existían antes de la firma de la paz, al ser consultado por este medio sobre las alertas de la Defensoría.

“Pensar que esa firma era en sí misma suficiente para lograr una paz estable y duradera era un titular y a eso se sumaron las disidencias. Siempre se debió haber sabido que tenemos que adelantar el proceso de implementación en ese contexto agravado con las dificultades que nos genera Venezuela. Entonces a esas otras violencias hay que combatirlas, atacarlas como corresponde, con los instrumentos de la Ley, encontrarlos, juzgarlos y meterlos a la cárcel”, dijo.

Archila señaló que las disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo representan el 75 por ciento de todos los homicidios que se han dado en reincorporados, pero que las cifras de la Fiscalía, año a año muestran que ha habido menos ataques y menos muertes.

“El 75 por ciento de los excombatientes ve su propio futuro con optimismo, según la encuesta que nosotros hicimos”, agregó.

¿Y la solución?

Pastor Alape, del Partido Comunes y representante de los reincorporados en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), afirmó que concuerda con las alertas emitidas por la Defensoría, pero que el problema no puede ser resuelto por medio de un Consejo de Seguridad, como ha ocurrido con casos como el de Ituango.

“La preocupación nuestra son las acciones de parte del Gobierno para tener medidas efectivas que garanticen la vida, la seguridad, la estadía de la gente, el funcionamiento de toda la actividad social en el territorio. Medidas eficientes podrían ser que se instalara una oficina de la Defensoría permanente en el norte de Antioquia, la Procuraduría, la Contraloría para que vigile ¿Qué pasa con la plata que se invierte allá, cuántos recursos se invierten en presencia militar”, detalló Alape.

MELISSA ÁLVAREZ
EL TIEMPO MEDELLÍN
@Melissalvarez3

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