Si bien la Gobernación de Antioquia reveló que recibió denuncias sobre amenazas de muerte de los alcaldes de Segovia y Remedios, dos municipios mineros, ubicados en el nordeste del departamento, los mandatarios de estas localidades aseguraron que no se sienten en alto riesgo.
Según la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, los alcaldes fueron incluidos en la Mesa de Garantías Departamental, donde están las personas con amenazas de alto riesgo.
“Ellos tienen un esquema de seguridad especial por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), mucho antes del paro minero, pero ahora la UNP está evaluando el riesgo para subir la categoría, inclusive ya están en la Mesa de Garantías de derechos personas amenazadas de alto riesgo”, dijo la secretaria.
El ente departamental cree que las amenazas provienen de bandas criminales que estarían tras el negocio de la minería ilegal.
Sin embargo, la alcaldesa de Remedios, Lucía del Socorro Carvajal, aseguró que en ningún momento ha recibido amenazas ni se siente en alto riesgo, tampoco tiene esquema especial de seguridad.
Ni antes ni durante, ni después del paro he recibido amenazas de ningún grupo armado ni persona, yo camino por el pueblo normal, sola y sin esquema de seguridad
“Ni antes ni durante, ni después del paro he recibido amenazas de ningún grupo armado ni persona, yo camino por el pueblo normal, sola y sin esquema de seguridad”, afirmó.
La funcionaria agregó que tras el paro minero que duró un mes y medio en su municipio, el orden público está tranquilo y que avanzan los procesos de formalización minera.
Entre tanto, el alcalde de Segovia, Gustavo Tobón, aclaró que si bien recibió un mensaje por no permitir minas informales en el casco urbano, no se trató de una amenaza grave.
El alcalde no entró en detalles, pero aseguró que ese mensaje no representa una amenaza de muerte ni que esté en alto riesgo, pero que les dejará a las autoridades la evaluación del mismo.
En ambos municipios del nordeste de Antioquia se registró un paro minero que duró 42 días y finalizó el 1° de septiembre pasado. Esta manifestación dejó tres personas muertas, más de 40 heridas, 20 capturas, hostigamientos a la Fuerza Pública, además de pérdidas millonarias en el comercio y transporte.
MEDELLÍN
