Alcaldía sería sancionada por incumplir fallo de habitantes de calle

Alcaldía sería sancionada por incumplir fallo de habitantes de calle

Habitantes y comerciantes del centro de Medellín denuncian negligencia del Municipio.

Habitantes de calle en Medellín

Según cálculos oficiales, sobre la carrera 54 (Cúcuta) habrían 180 habitantes de calle. Vecinos denuncian un número mayor.

Foto:

Guillermo Ossa. EL TIEMPO

Por: Jacobo Betancur Peláez
10 de julio 2019 , 06:30 a.m.

Los habitantes y comerciantes de la carrera 54 (Cúcuta), entre las calles 54 y 57, en el centro de la ciudad, están cansados de los problemas de seguridad, salubridad y abandono que un gran asentamiento de habitantes de calle consolidó enfrente de sus casas.

Ante el agobio que viven, los vecinos entablaron inicialmente una acción popular contra el Municipio. El proceso jurídico comenzó el pasado 16 de mayo cuando el Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito de Medellín admitió la acción de la comunidad de esa zona, que adujo que su derecho al goce de un ambiente sano está siendo vulnerado por culpa de la negligencia institucional.

Ese mismo juzgado emitió un auto en el que decretaba un conjunto de medidas cautelares que obligaban a la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervenir cuanto antes. Además, ordenó la creación de una mesa interinstitucional en la que varias entidades escucharan a la comunidad para resolver el problema.

El Municipio y la Policía apelaron dicho auto. El primero argumentó que sí venía desarrollando acciones para controlar la problemática, y la segunda sostuvo que los demandantes no habían probado que la Institución estuviera incumpliendo sus deberes.

La apelación fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia que reafirmó lo dispuesto por el primer juez y los obligó, junto con la Fiscalía General de la Nación, a crear una mesa interinstitucional para encontrar en menos de cuatro meses soluciones a ese drama humano.

Ahora, a la calamidad que padecen, se sumó el desacato por parte de la Alcaldía al auto proferido por el alto Tribunal. Antonio Sánchez, abogado que lidera los reclamos de los residentes de la zona, explicó que la decisión judicial se produjo el pasado 20 de junio y en ella se estableció un plazo de 10 días para que la Alcaldía creara la mesa diálogo.

El plazo se venció a la medianoche del pasado lunes.

Este diario tuvo acceso al memorial redactado por la comunidad en el que acusa al Municipio de incumplir lo dispuesto por la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia: “Pese a haber transcurrido el plazo fijado por el Tribunal, las entidades demandadas (…) no han convocado ni han dispuesto del espacio interinstitucional tal como lo ordenó la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia. (…) La situación sigue agravándose día tras día, (…) debido al arribo al sector de mujeres, niños y ancianos en condiciones de abandono”. El memorial fue radicado ante el Juez 34 Administrativo Oral del Circuito de Medellín.

Las autoridades municipales nunca se acercaron a la comunidad para escucharla

Paulina Domínguez, subsecretaria de Grupos Poblacionales de la Secretaría de Inclusión, reconoció que el Tribunal Administrativo sí ordenó la creación de la mesa de diálogo que debe contar con la presencia de la comunidad y aseguró que la Alcaldía está trabajando para resolver la situación.

“Durante esta Administración se han venido desarrollando diferentes acciones articuladas con la participación de las secretarías de Seguridad, Inclusión Social, Emvarias, Espacio Público y la Policía. Hay un plan de contingencia que se viene desarrollando, donde se ha dado cumplimiento al fallo del tribunal”, agregó la funcionaria.

Sin embargo, el abogado Sánchez reiteró que el Municipio se niega a sentarse con ellos. “Fueron muchos los derechos de petición que se radicaron antes de que se presentara la acción popular a los juzgados administrativos y, pese a ello, las autoridades municipales nunca se acercaron a la comunidad para escucharla”, denunció.

De determinarse el incumplimiento de la Alcaldía, esta podría ser sancionada por desacatar las órdenes judiciales.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ
Para EL TIEMPO
MEDELLÍN
En Twitter: @JacoboBetancur

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