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Acuerdo entre reclamantes y empresa destrabaría Puerto Pisisí en Urabá
Puerto Pisisí Turbo, Antioquia

La primera fase del puerto tiene un área de extensión de 10 hectáreas y está proyectada para comenzar operación en el 2019.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Acuerdo entre reclamantes y empresa destrabaría Puerto Pisisí en Urabá

La sociedad portuaria espera que la ANI les entregue la concesión portuaria para iniciar obras.

Sorpresivamente, para los gestores del proyecto portuario Pisisí, en el Urabá antioqueño, el mayor inconveniente que han tenido para desarrollar el puerto no ha sido la consecución de los 470 millones de dólares que costará el terminal portuario en sus tres fases, tampoco encontrar el terreno para desarrollarlo y menos el conciliar con la comunidad sobre la pertinencia del mismo.

Fue en junio del 2017 cuando se puso la primera piedra como acto simbólico del inicio de la obra. La meta era tener la primera fase lista en 2019.

Sin embargo, van casi 4 años y la obra ni siquiera ha comenzado.

Teófilo Lemos, gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A. contó que, a pesar que han cumplido jurídicamente con todos los requisitos que demanda la Ley 1° de 1991 y la Resolución 538 del 2016 donde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) fijó los términos y condiciones para entregar la concesión portuaria, ha encontrado continuas trabas al proyecto, así como demoras por parte de la ANI.

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La razón principal de la ANI para negar dicha concesión, es que algunos de los predios donde se desarrollará el puerto, están en proceso de reclamación ante la Unidad Restitución de Tierras (URT).

Y aunque desde la concesión gestora del proyecto aseguran que los predios son suyos, optaron por una estrategia más salomónica y fue llegar a un acuerdo con los reclamantes.

“Les dijimos: bueno, son 30 hectáreas, vamos a hacer un acuerdo para responderles por ciertas excepciones, los hacemos parte del proyecto y continuamos. Es mejor un mal arreglo que un pleito largo”, manifestó Lemos.

Aclaró el empresario, que no es que se haya fallado a favor de los reclamantes y aclaró que la URT reconoció que estas personas fueron víctimas del conflicto, mas no que eran dueños de los predios aún, pues esto último lo determina el proceso.

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“De seguir ese proceso, lo que seguía era que un juez decidiera si estos predios eran o no de los reclamantes, un proceso que podría tomar dos, cuatro o hasta más años. En vista de esto, decidimos sentarnos con ellos para evitar que ambas partes tuviéramos que estar todo ese tiempo en una pelea jurídica infructífera”, explicó el gestor de Puerto Pisisí.

¿De qué se trata el acuerdo?

Lo que dice este acuerdo es que sin importar lo que falle el juez, los predios quedan para el proyecto. Lemos aclaró que la Ley 1448 no permite que se pueda retractar en la solicitud de reclamación de tierras, entonces la denuncia tiene que seguir.

De igual forma, hizo la salvedad que el acuerdo firmado estipula claramente que la compensación a los reclamantes se da única y exclusivamente si el proyecto portuario se realiza y por el tiempo que dure la concesión del puerto, que se prevé sean 28 años.

Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, calificó como importante este acuerdo para las víctimas y detalló en qué consiste.

“Incluye la creación de una empresa asociativa para las víctimas que generará empleo y ellos mismos podrán organizar el tema del empleo para la región. De allí, del producto de esa empresa, se pagará una pensión a esas personas, víctimas directas que son seis familias, por el tiempo que dure la concesión del puerto, que esperamos que sea de 28 años”, detalló Vega.

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Además de lo anterior, aclaró que también incluye una tierra como proyecto para las familias que quieran reubicarse y trabajar allí y, en tercer lugar, vivienda para cada uno de esos núcleos familiares y un proyecto productivo.

De otro lado, señaló que el hecho de que estos reclamantes de tierras continúen en el proceso no solo se da por la imposibilidad de retractarse, de acuerdo a la mencionada ley, sino porque la reparación debe ser integral.

“Las víctimas podrán seguir en el proceso de restitución de tierras para lograr la compensación y el reconocimiento por parte del Estado y de los jueces como víctimas, para que de verdad haya justicia, verdad, reparación y dignidad para ellos”, subrayó el director de esta entidad que ha sido la representante legal ante jueces y magistrados de víctimas del conflicto armado.

Los reclamantes de tierras aclararon que no se oponen al proyecto, pero que como victimas no renunciarán a sus derechos.

Foto:

Cortesía Fundación Forjando Futuros

No se oponen al proyecto

Pese a lo sucedido en un pasado lleno de violencia en los años 90, Liliana Espinoza Blandón, integrante de una de las seis familias víctimas e hija de la reclamante de tierras Luz Elena Blandón Medina, dice tener gran sentido de pertenencia con Turbo, motivo por el admite que verlo un proyecto como estos lo hace avanzar.

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“Es importante para mí, es mi tierra natal, la amo y para nosotros es un privilegio saber que Turbo avance cada día más, nos hace sentir felices, pero también como víctima reclamamos porque no es posible que ellos, por eso, salieron de sus predios donde tenían tranquilidad, que no tenían que comprar un plátano, una yuca, un ñame, a venirse al pueblo a pasar trabajos porque la vida les cambió totalmente”, narró.

Y agregó que, el resultado del miedo y la zozobra de ese tiempo fue que las familias “tuvieron que malvender los predios por amenazas”. En el caso de su familia en particular, recuerda que su padre de crianza vendió la parcela por cinco millones de pesos, luego de que al recorrer la calle de Sindebras, en Turbo, hombres lo abordaron y lo amenazaron, diciendo que debían salir del lugar.

“Lo amenazaron, que, en cualquier momento, si no salía de allá, iba a amanecer con la boca llena de moscas. Esos fueron los motivos por los cuales él se llenó de miedo y ya no tuvo tranquilidad, ya no pasaba por el caminito de siempre; pasaba era por agua. Por ese motivo es que él mal vendió eso y el señor que se aprovechó de la situación le dio como cinco millones”, relató la mujer.

Sobre este punto, no obstante, la Fundación Forjando Futuros aclaró que la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisi S.A. no fue auspiciador ni promotor de los despojos o desplazamientos forzados y que no participó en los hechos padecidos por las víctimas.

Y es que, de acuerdo con la resolución RDGD 00003 de la URT, expedida el pasado 31 de diciembre, en este caso se cometieron también delitos de violencia sexual, tortura, amenaza, desplazamiento y persecución política porque varias de estas víctimas pertenecían a la Unión Patriótica.

Lo que sigue

Debido a las protestas y bloqueos por el Paro Nacional no han podido gestionar la reunión con la ANI para gestionar de nuevo la concesión., pero ya está lista la documentación.

“Estamos coordinando entre MinInterior, la gobernación de Antioquia, el grupo del gobernador Ad-hoc para los puertos de Urabá y las víctimas para que el documento vaya avalado por todas estas entidades y no haya reparo alguno de la ANI. Esperamos que esta o la próxima semana se pueda presentar lo más pronto posible para que la ANI tome su decisión”, indicó el gerente del proyecto.

Desde Turbo esperan que no haya más dilaciones, ya que se trata de un proyecto que generará 3 billones de pesos en regalías en el año 30, que generará 5.500 empleos para la región, pero que está en riesgo pues ya lleva 2 años de retraso.

“Ya era para que estuviéramos en marcha, por lo menos en la primera fase. Pero bueno, ahora aspiramos que, una vez firmado el contrato de concesión, en máximo cuatro meses estemos iniciando obra, serían 24 meses para terminar la primera fase. Es decir, en 2023 debería estar lista”, explicó Lemos.

Sobre la obra

El Puerto de Turbo Pisisí S.A. será un puerto automatizado y multipropósito que tendrá 760 metros de muelle por 50 de plataforma (35.000 m2), que contará con un canal navegable de 5.700 metros de largo x 100 metros de ancho y tendrá una profundidad de 16 metros y dársenas de giro.

La primera fase tiene un costo aproximado de 280 millones de dólares y un área de extensión de 10 hectáreas y espera movilizar 450.000 teus/año y 160.000 vehículos.

De Medellín al puerto habrá 320 kilómetros y de Bogotá a Urabá, 750. “Una carga que sale de Manizales a Cartagena podría demorarse 18 o 20 horas, cuando Pisisí entre en operación podrá llegar a Turbo en tan solo 7 horas”, manifestó el exalcalde de Turbo, Alejandro Abuchar.

ALEJANDRO MERCADO Y MELISSA ÁLVAREZ
CORRESPONSALES DE EL TIEMPO
MEDELLÍN

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