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Siguen acciones para evitar tráfico de fauna y flora en Semana Santa
Tráfico ilegal de fauna silvestre

Aunque las autoridades tienen muchas formas de lidiar con este delito, los traficantes cada vez son más hábiles.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Siguen acciones para evitar tráfico de fauna y flora en Semana Santa

Animales silvestres y plantas como la palma de cera son las especies en mayor riesgo en esta época.

En promedio, de cada 10 animales que son cazados o comprados por familias que salen de vacaciones en Antioquia, 2 llegan vivos al valle de Aburrá y 8 mueren en el camino. Esta dura realidad fue reiterada por María del Pilar Restrepo, subdirectora ambiental del Área Metropolitana, durante la presentación de las acciones que las autoridades ambientales realizarán en Semana Santa para evitar el tráfico de fauna y flora silvestre.

En vista de que el domingo empieza una de las temporadas del año en las que más se comercializan animales y plantas que son sacados a la fuerza de sus hábitats, el Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia (Ciffa) anunció que emprenderá estrategias conjuntas para evitar y sancionar este delito y desarrollará, por cuarto año consecutivo, la campaña 'Mi compromiso natural'. 

Serán en total 86 operativos de revista y 35 operativos de control en todo el departamento, liderados conjuntamente por los integrantes del Ciffa: la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), Corantioquia, Cornare, Corpouraba, la Fiscalía, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), con el acompañamiento especial de la Fundación Universitaria Católica del Norte y la Diócesis de Santa Rosa de Osos.

Esta estrategia busca evitar el flagelo que afecta a la biodiversidad del departamento y el país cuando las personas venden, compran o cazan animales que no son domésticos o talan plantas para usar en días como el domingo de ramos.

Según Restrepo, este día en especial, históricamente se han causado daños importantes a la palma de cera, que está en peligro de extinción y fue declarada por ley como árbol nacional de Colombia, por lo cual su tala está prohibida. Sin embargo, las personas la siguen usando para la primera procesión de la Semana Mayor.

"La palma de cera es importante porque es el nicho o hábitat del loro orejiamarillo, que vive solamente ahí, cuando la talamos le estamos haciendo mucho daño", expresó la funcionaria, quien añadió que para evitar esta afectación al medioambiente, hay un trabajo con las Arquidiócesis.

Este año, con apoyo de la Fundación Universitaria Católica del Norte y la Diócesis de Santa Rosa de Osos, se entregarán en varias jurisdicciones eclesiásticas 21.700 plántulas ornamentales y se invitará a los párrocos del departamento a buscar donaciones de viveros locales, para evitar el uso de la palma de cera.

La palma de cera es importante porque es el nicho o hábitat del loro orejiamarillo, que vive solamente ahí, cuando la talamos le estamos haciendo mucho daño

Según Corantioquia, en 2018, se incautaron durante la Semana Santa 82 ramos de palmas, 30 kilos de palma táparo y 51 metros cúbicos de madera. 

Por su lado, Ana Ligia Mora, directora de esta entidad, explicó que la atención estará concentrada en zonas predeterminadas del Bajo Cauca, el Norte, el Suroeste y las salidas de Medellín hacia las diferentes subregiones de Antioquia. La funcionaria añadió que además de los operativos también le están apostando mucho a las actividades de sensibilización para que las comunidades entiendan la importancia de no sacar las especies de sus hábitats naturales.

Datos de Corantioquia también muestran que entre 2010 y 2018, se han recuperado 8.677 animales silvestres, de los cuales 7.055 han sido por entregas voluntarias, 814 por incautaciones y decomisos y 808 por rescates.

Este año las acciones continuarán en contra de las personas que incurran en este delito, denominado ilícito aprovechamiento de los recursos naturales y que establece sanciones que van desde cuatro a ocho años de prisión y una multa de hasta 35.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las personas pueden denunciar estos casos en la línea de emergencia 123.

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