De vez en cuando, entrada la noche, mientras duerme, Luis Alfredo Restrepo escucha explosiones. Se despierta sobresaltado, como si el tiempo se devolviera 19 años. El paso de los meses, los días y las horas no ha sido suficiente para aliviar el dolor ni, mucho menos, para borrar de su mente que el 18 de octubre de 1998 la guerra le quitó a cuatro hijos y dos nietos.
La fecha se quedó grabada en su memoria y en la de casi todos los habitantes de Machuca, un corregimiento de Segovia, también conocido como Fraguas, en el nordeste de Antioquia.
Ese día, el Eln dinamitó un oleoducto. La conflagración que produjo quemó varias viviendas y acabó con la vida de 84 personas, casi la mitad menores de edad. Más de 30 habitantes quedaron con cicatrices imborrables en sus cuerpos y muchos, muchos más, con heridas en el alma que aún no han sido curadas.
Por ello, este año, de nuevo, Restrepo rindió un homenaje a la memoria de las víctimas que fueron sepultadas en una gran fosa común, en ataúdes apilados uno tras otro, los días posteriores a la tragedia que partió en dos la vida del corregimiento. Para este hombre de 63 años el trauma sigue presente.
El pasado miércoles 18 de octubre de 2017, él y decenas de habitantes marcharon por las calles estrechas y polvorientas de Machuca. El sol era abrasador. Niños y adultos partieron con pancartas y banderas blancas desde el colegio, luego de un acto de memoria para que las nuevas generaciones mantengan vigente la historia de su pueblo. En el cementerio, una eucaristía selló la jornada de conmemoración. Pasado el mediodía, todos empezaron a dispersarse, concentrados en grupos, conversando, rememorando. Ese día se rompió la rutina del corregimiento.
Cada año, con los actos de conmemoración se busca que las nuevas generaciones aporten en la construcción de memoria y paz.
Guillermo Ossa / EL TIEMPO
También, se rompió la decisión casi inamovible que tomó Deisy Eugenia Patiño de no regresar nunca al lugar del que salió el día de la masacre con quemaduras de segundo y tercer grado que le dejaron la piel marcada para siempre. Con lágrimas en los ojos, se reencontró con conocidos y amigos del pasado que vivieron el horror de la muerte y la desolación. Volvió porque sus hijos querían conocer el sitio y porque pensó que la conmemoración vale mucho la pena.
“Estábamos en ese momento dormidos, a la 1:30 a. m., mi niño tenía 10 meses, me desperté y vi todas las paredes prendidas, cogí al bebé y salí corriendo. Subí al filo, cuando pasé la quebrada ya no era capaz de correr porque tenía los pies quemados, un muchacho cogió el niño y se lo llevó, me guié por el llanto del niño y llegué hasta él, pero no lo volví a ver hasta 15 días después”, describió la mujer. No olvida que muchos pensaban que era el fin del mundo, pues bolas de fuego salían disparadas del río y volaban por el aire. De sobrevivientes está hecho Machuca, un pueblo de unos 3.000 habitantes, donde Barrio Nuevo es el símbolo de la tragedia, con sus casas coloridas que se erigieron donde el Eln dejó solo cenizas.
Estábamos en ese momento dormidos, a la 1:30 a. m., mi niño tenía 10 meses, me desperté y vi todas las paredes prendidas, cogí al bebé y salí corriendo
De sobrevivientes está hecho Machuca, pero no solo de aquel nefasto evento de 1998. A lo largo de los años, la violencia se ensañó con el territorio y causó más víctimas de desplazamientos, homicidios, desapariciones forzadas, con picos altos en 2001 y 2012, hechos que también perduran en la memoria.
Así luce el barrio en el que ocurrió la tragedia el 18 de octubre de 1998.
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Después de la conmemoración, muchos de los sobrevivientes expresaron que se sienten abandonados y que no han recibido la reparación que les corresponde por los estragos que causaron la guerrilla y los paramilitares. Cuando Carmen Ramírez, inspectora de Policía Rural, llegó al corregimiento, notó que aún quedaban muchas secuelas emocionales por los hechos y todavía hoy se mantienen presentes.
“Las víctimas y la población aquí no fueron reparadas correctamente desde la parte sicólogica. Por eso, 19 años después, hay personas que no han logrado cerrar ese duelo, ha hecho mucha falta una reparación integral colectiva e individual. Las administraciones nacional, departamental y local han hecho presencia, pero se han tenido falencias porque no han sido continuos los procesos”, indicó la inspectora.
De acuerdo con Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para las Víctimas Regional Antioquia, en Machuca, considerado uno de los lugares emblemáticos del país en el marco del conflicto armado, ya hay dos grupos reconocidos como sujetos de reparación colectiva, uno étnico, conformado por unas 1.800 personas afrodescendientes, y otro campesino. El funcionario también explicó que por problemas de seguridad, algunas intervenciones de la entidad se han suspendido en los últimos años, pero que se han adelantado acciones para llevar la reparación a las personas afectadas.
Sin embargo, allí no se ha hecho el consolidado del número exacto de víctimas. Según la Unidad y la inspectora se estima que hay unas 300 por distintos hechos ocurridos en las dos últimas décadas. Las cifras que sí están recopiladas son las del municipio de Segovia, donde hay registradas 3.626 víctimas, de las cuales el 74 por ciento corresponde a desplazamiento y el 23 por ciento, a familiares de personas asesinadas.
En los procesos de reparación en Segovia, la Unidad ha invertido 16.628 millones de pesos, en aspectos como indemnizaciones, ayudas humanitarias y eventos de conmemoración.
Habitantes del corregimiento se manifiestan en favor de la paz y la reconciliación.
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Aun así, para Yeison Atehortúa, personero de Segovia, la reparación ha sido muy difícil, pues no se ha visto un resarcimiento real de los derechos de las personas que sufrieron en carne propia los efectos de la guerra.
“Dentro de la Ley 1448 (Ley de Víctimas), los recursos cada vez son menos, los reconocimientos también son menos, hay mucha intencionalidad pero no se está viendo reflejado en el territorio”, agregó el funcionario, quien indicó que persiste la presencia de grupos armados que no permiten asegurar las garantías de no repetición.
Por su lado, Christian Rodríguez, coordinador de la Oficina de la MAPP-OEA en Medellín, entidad que ha acompañado a la comunidad hace 10 años, expresó que es clave que la reparación colectiva contribuya a la recuperación del tejido social y la infraestructura, y que, a la vez, incorpore un componente étnico, consecuente con la participación de los tres consejos comunitarios existentes en el lugar.
“Machuca también está a la espera de un mayor acceso a la verdad, a la justicia y a la participación de las víctimas en los espacios de construcción de paz”, dijo el experto.
Para los habitantes, la reparación no ha sido contundente. Expresaron en varias ocasiones que sienten que el país volteó su mirada hacia ellos en los días posteriores a la tragedia y los primeros años después, pero que volvieron a quedar en una especie de olvido.
Pese a ello, han enfrentado con valentía los embates de la tragedia y adelantan proyectos para salir juntos adelante como una comunidad de paz y reconciliación.
El olvido que sienten los pobladores de Machuca se manifiesta desde que se entra al corregimiento, la vía es solo una trocha difícil de transitar, a una hora y media de Segovia, en vehículo.
Al llegar al corregimiento, la imagen es la misma. Las calles dejan ver con frecuencia huecos llenos de agua empantanada en los que, según los habitantes, se corre el riesgo de la proliferación de vectores que pueden causar enfermedades.
El centro de salud no cuenta con médico permanente ni con los insumos y equipos necesarios para atender a los pacientes. La falta de empleo es uno de los problemas más notorios que sienten viejos y jóvenes. Las quejas son constantes, en vista de que la minería ya no es tan rentable, los mecanismos para subsistir escasean.
El parque infantil no cuenta con las condiciones apropiadas para que los niños se diviertan.
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Los índices de pobreza se suman a la falta de oportunidades laborales y de educación para los jóvenes que se gradúan del colegio.
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Los pobladores piden mejoramiento en las vías del corregimiento.
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El centro de salud no cuenta con médico permanente ni con los insumos y equipos necesarios para atender a los pacientes.
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En el corregimiento no hay espacios deportivos ni culturales para que los niños y los jóvenes realicen actividades complementarias al estudio.
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La policía se queda hace vario tiempo en el salón comunitario, debido a que la estación de policía no se ha habilitado aún, aunque está en construcción.
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Cristian Campaña, un joven de 18 años, personero escolar de la Institución Educativa Rural Fray Martín de Porres, teme por su futuro. Cuando se gradúe, a finales de este año, él y sus compañeros no tienen opciones para la educación superior y salir hacia Segovia o Medellín implica costos que sus familias no pueden pagar.
Aunque su colegio, que acoge a unos 730 alumnos, ofrece una técnica en liderazgo y gestión socioambiental, las posibilidades de ejercer en el territorio son casi nulas.
Algunos docentes se quejaron de que no hay una red de internet y que las fuentes de consulta de los estudiantes son libros obsoletos y el programa Encarta. Faltan espacios deportivos y culturales para que los jóvenes practiquen actividades complementarias, lo que está incrementando los niveles de drogadicción en la zona.
Los niños y adolescentes se unen al llamado de paz de la comunidad.
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El parque infantil solo tiene los esqueletos de los juegos, pero están tan deteriorados que no hay posibilidades de que los pequeños se diviertan allí. El salón comunitario también es un espacio poco aprovechado, si bien allí funciona la única emisora comunitaria, debido a que hace las veces de estación de policía, pues aún esta no se ha terminado de construir.
En palabras del profesor Frengil Collazos, quien lleva 24 años en el corregimiento, “falta que el gobierno haga una mirada profunda a Fraguas y se hagan inversiones, como parte esencial de la reparación”.
Su meta es salir adelante. Una de las iniciativas es la Asociación de Mujeres por la Reconciliación y la Paz, que adelantan proyectos productivos en una granja para mejorar las condiciones de vida de la gente.
Las personas han enfrentado con valentía los embates de la tragedia y adelantan proyectos para salir adelante. Esperan que las negociaciones que se desarrollan con el Eln sirvan para priorizarlos y ayudarlos a salir adelante. Muchos son escépticos sobre una jornada de perdón con el Eln por su responsabilidad en la masacre, pero otros lo ven como un hecho necesario para sanar las heridas.
“Ellos están en proceso de desmovilización, pero lo veo como muy lento, sí creo y tengo la esperanza de que se va a dar el proceso y también que sí deberían venir a pedir perdón, pues aunque yo ya los perdoné, sería un gesto muy importante”, manifestó Deisy Eugenia Patiño.
HEIDI TAMAYO ORTIZ
Enviada Especial de EL TIEMPO
Machuca, Antioquia
@HeidiTamayo