Cárceles del país: entre ricos privilegiados y hacinamiento de pobres

Cárceles del país: entre ricos privilegiados y hacinamiento de pobres

En Riohacha, el sobrecupo es del 400 por ciento y cuenta con un solo baño para 250 presos.

Hacinamiento

La cárcel Modelo de Bucaramanga ha sido uno de tantos ejemplos del inframundo que viven miles de colombianos en las prisiones.

Foto:

Jaime Moreno / EL TIEMPO

Por: Juan Gossaín
15 de mayo 2019 , 08:20 p.m.

Las noticias más contradictorias y opuestas entre sí, entre todas las que se publican a diario en esta Colombia revuelta, no son las que tienen relación con diferentes temas sino, paradójicamente, con uno solo: las cárceles.

La verdad es que si esa diferencia se ha vuelto tan radical entre la información que sale hoy en los periódicos y la que aparece mañana en televisión, ello se debe, en cada caso, a la clase de presos a que se están refiriendo.

Me explico, para evitar más enredos. Si se trata de los privilegiados que viven a cuerpo de rey en los patios elegantes, como si estuvieran de vacaciones en un hotel, la noticia por lo general es un escándalo sobre la cantidad de whisky que dejaron entrar el director y los guardianes, o sobre los banquetes que se cocinan para tantos senadores, magistrados y funcionarios estatales, o sobre los conjuntos de músicos que animan sus fiestas carcelarias o las muchachas pintosas que van a visitarlos los sábados, haciéndose pasar por sus parientes.

Pero si por el contrario se trata de los presos anónimos, que no tuvieron plata para que les dieran casa por cárcel o para volarse del país, esos están tirados en el suelo de los patios más miserables, viviendo a duras penas en el hacinamiento y la miseria. Las noticias que se publican sobre ellos son para protestar por ese tratamiento inhumano que les dan a los que no tienen ni dinero ni influencias.

Así de extremista se ha vuelto la situación carcelaria de Colombia como consecuencia de la corrupción y la indolencia.

En cuidados intensivos

De manera, pues, que mientras el juez supremo que desfalcó el Estado y vendió sus propias sentencias se queda profundo sobre un colchón de plumas, viendo una película en televisión, al otro lado del muro, en el patio de los pobres, tirita bocarriba –con el frío que hace en Bogotá a las 11 de la noche– el campesino hambriento que se robó una gallina para llevar algo de comida a la casa.

Ese es nuestro sentido de la justicia y de la equidad. Y después dicen que el pueblo exagera cuando afirma en sus proverbios que ‘la ley es para los de ruana’. De ese tamaño es el caos que estamos padeciendo.

Por eso, hace apenas unas cuantas semanas, el propio procurador general, Fernando Carrillo, se vio precisado a hacerle un llamado urgente al Gobierno Nacional por la violación de los derechos fundamentales de la gente en las tres prisiones más importantes del país, todas en Bogotá: la Picota, La Modelo y el Buen Pastor. (Esta última es la cárcel de mujeres, donde viven cuarenta niños con sus madres reclusas que no tuvieron otro lugar en donde dejarlos).

—Esas tres cárceles están en cuidados intensivos –exclama el Procurador, con una voz de inquietud.

Y luego agrega: “Para empezar, la situación de las cárceles es de emergencia humanitaria. Muchos detenidos están viviendo en la indignidad, y eso tenemos que resolverlo”.

¿Ahora sí?

Pocos días después, la misma Procuraduría se vio precisada a iniciarles una indagación formal a veintiocho alcaldes de todas las regiones de Colombia –veintiocho, nada menos– por su negligencia tanto administrativa como presupuestal para proteger los derechos de los presos.

Fue una mujer, como siempre pasa, la que tuvo que poner el dedo en semejante llaga. Se llama Gloria Ortiz Delgado y es la nueva presidenta de la Corte Constitucional. Fue ella quien puso el grito en el cielo ante tanta negligencia.

—Por supuesto –respondió el procurador Carrillo– acogimos sus inquietudes de inmediato. Fue entonces cuando iniciamos la indagación contra los 28 alcaldes en igual número de departamentos.

Imagínese usted, veintiocho departamentos son casi el 90 por ciento de todos los que hay en Colombia. Y, aun así, hasta el momento en que escribo esta crónica, y habiendo pasado ya un mes y medio, muchos de esos alcaldes ni siquiera han tenido la delicadeza de responder las solicitudes de la Procuraduría. Ni siquiera las han dado por recibidas.

Otra víctima: la salud

La verdad sea dicha, llevamos anales enfrascados en lo mismo sin que se produzcan resultados. Ya no hay donde guardar tantos diagnósticos y recomendaciones de todos los gobiernos, de los organismos de vigilancia, de las instituciones de control y hasta de organizaciones internacionales que han venido a Colombia a ocuparse del asunto carcelario. La vida se nos ha ido en eso. ¿Será que ahora sí? Ojalá.

Si ya sabemos que las condiciones de vida en las cárceles son deplorables para los reclusos que no tienen dinero, imagínense ustedes cómo será el tema de su salud. Para esos efectos, consulté al médico Fernando Salgado, quien ha dedicado media vida al estudio cuidadoso de dichos problemas.

—Los estilos de vida y los hábitos de una persona en prisión son muy diferentes a los de la población normal –empieza por advertirme el doctor Salgado–. Por eso mismo, la salud carcelaria exige atención y cuidados especiales, algo que no han logrado ni nuestro sistema carcelario ni nuestro sistema de salud.

En países más avanzados se ha venido promoviendo en estos años una cultura de la salud carcelaria. “Uno de ellos es Inglaterra”, agrega Salgado. “El gobierno inglés, junto con la Organización Mundial de la Salud adelantan un programa llamado Prisiones Saludables. Y aquí llevamos treinta o cuarenta años hablando de lo mismo, pero no se ha hecho nada”.

Pero, en Colombia, los reclusos no tienen médicos ni medicamentos. El sida abunda.
Tal como están las cosas, y en medio de este lodazal de corrupción y de maldad que nos está ahogando a todos, el país necesita que le hablen con franqueza y con claridad. Con crudeza, si es necesario.

De modo que uno se tiene que hacer forzosamente esta pregunta: Si hay tantos diagnósticos, tantos estudios y tantas investigaciones eternas sobre el drama de las cárceles, ¿por qué todo sigue igual y nada se ha hecho? Me equivoqué: no sigue igual, cada vez es peor.

Habla la Cruz Roja

Cómo será que la propia Cruz Roja llegó a la conclusión sombría de que “las cárceles en Colombia están viviendo una situación insostenible”.

Desde 1969, hace ya cincuenta años, el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó a hacer sus visitas periódicas a los presidios del país, “y desde entonces las condiciones del sistema han empeorado sostenidamente”.

Con estadísticas actualizadas a febrero de este año, hace apenas tres meses, esa organización mundial revela que en Colombia había en ese momento 115.792 personas recluidas en las cárceles.

¿Saben ustedes qué es lo peor de esta tragedia social? La propia Cruz Roja, con un acento triste, lo dice así: “Esa situación crítica lleva tantos años que ha aumentado la indiferencia de la gente frente al problema”. Eso es lo más inquietante: que, de tanto oír y leer sobre el mismo tema, el país terminó por aburrirse. Hoy campea la indiferencia.

Cifras del hacinamiento

Vuelvo a conversar sobre estas inquietudes con el procurador Fernando Carrillo. Las cifras lo tienen aterrado porque los números son muy elocuentes y nunca mienten.

—Hemos llegado al colmo –me dice Carrillo–: en la cárcel de Riohacha, el hacinamiento es del 400 por ciento, lo que significa que tiene cuatro veces más reclusos de los que le caben. Y cuenta solo con un baño por cada 250 presos.
Y luego, para terminar de espantarme, revela las cifras de las dos principales ciudades del país: en Bogotá, la superpoblación carcelaria llega ya al 139 por ciento. En Medellín, peor aún, es del 258 por ciento.

Y, a propósito de Medellín, el caso de Antioquia es todavía más grave. Las propias cifras oficiales informan que en ese departamento hay 24 cárceles con capacidad total para 1.583 personas, pero actualmente albergan a 13.800 reclusos. Eso es casi el mil por ciento de hacinamiento, por Dios santísimo.

Hacinamiento 2

Amplias habitaciones, cocina, huerta y hasta zona de juegos tienen los políticos recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá.

Foto:

Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Las mujeres

Por eso, durante una audiencia pública celebrada en Medellín con la presencia del procurador Carrillo, se oyó a la Defensoría del Pueblo y a los defensores voluntarios de derechos humanos pidiéndole al Gobierno que decrete en todo el país la emergencia carcelaria.

Las investigaciones más recientes de la Cruz Roja Internacional han establecido que nuestra situación carcelaria se agravó como nunca antes desde hace unos 25 años, a raíz de la lucha contra los traficantes de drogas.

Lo insólito es que, según esos mismos informes, el impacto judicial de esa lucha ha recaído más en las mujeres que en los hombres. Miren ustedes que, hoy en día, la mitad de las mujeres encarceladas en Colombia lo están por el narcotráfico. La misma Cruz Roja agrega que la cifra de mujeres detenidas actualmente es cinco veces mayor que en 1993.

El 93 por ciento de ellas son madres y el 52 por ciento, cabeza de hogar. “Muchas cometen delitos como única alternativa para solventar su situación económica”, añade la Cruz Roja.

Epílogo

Lo que les he contado hasta aquí es apenas la punta del témpano. Un pedacito del problema. La situación carcelaria de Colombia es tan grave y compleja que no me alcanzaría el periódico entero para describirles todo lo que está pasando.

Pero los políticos corruptos, los saqueadores del Estado, los jueces venales, los contratistas torcidos nunca comprenderán los verdaderos alcances de este problema. Ellos saben que si acaso alguna vez los llegasen a detener, sería por cuenta de un milagro, y lo más grave que les espera es un pabellón especial de cinco estrellas en donde pueden pagar por una botella de vino o por un plato de caviar traído del mar Caspio.

Si es que antes no les arrancan un platal por mandarlos a veranear en una estación de policía o por dejarlos tranquilos en sus propias casas: en este momento, en Colombia hay 60.000 personas con prisión domiciliaria.

JUAN GOSSAÍN
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