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27 mujeres del Pacífico, entre los miedos y el apoyo de CIDH
Mujeres

María Nancy Erazo y algunas de las 27 mujeres que llevan esperando casi una década que les respeten sus derechos.

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Juan Pablo Rueda / El Tiempo

27 mujeres del Pacífico, entre los miedos y el apoyo de CIDH

Hay medidas cautelares de Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2013.

Cuando María Nancy Erazo se enteró de que hombres armados con fusiles la estaban buscando de casa en casa en la vereda Sanabria, y que algunos entraban y otros se quedaban afuera esperando entendió que la iban a matar.

La mujer afrodescendiente y dedicada a la agricultura en esta zona rural del municipio nariñense Santa Bárbara Iscuandé no tenía sino la ropa que llevaba puesta y algunos pesos que le dio uno de su hermano Marcos, para que huyera.

Él la acompañó por esa trocha que caminaron agitados en esa noche de 2005, mientras ella rezaba pensando en cómo saldría su mamá, María Efigenia Castillo, quien tenía en ese entonces, 76 años. También pensaba en su hijo Jimmy, con 6 años, en ese entonces.

Otros familiares lograron sacarlos hasta que María Nancy con su progenitora y su hijo llegaron al casco urbano de Santa Bárbara y tomaron un vehículo de servicio público que los sacó hacia Pasto para luego subir a un bus, en dirección a Cali.

La historia de dolor, pánico y sobrevivencia de esta mujer de más de 60 años y cuya madre ya falleció es similar a las de otras 26 mujeres del Litoral Pacífico y quienes llevan esperando casi una década que las autoridades colombianas de esta región, correspondiente a veredas, corregimientos y municipios de Nariño cumplan con las medidas cautelares que desde ese 2013 ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar protección, vivienda segura y garantizar servicios de salud y educación para ellas y sus familias que salieron desplazadas por la violencia de esa época, como la que obligó a María Nancy abandonar su tierra de origen.

Ella contó que en ese 2005, estos grupos que dijeron ser subversivos asesinaron a por lo menos 15 jóvenes del área rural de Santa Bárbara Iscuánde y de localidades vecinas. “Decían que me buscaban para ajusticiarme porque pensaban que yo iba a llevar al Ejército, después de esa masacre y eso no era cierto. Recordar esa noche en que nos fuimos me pone a temblar de nuevo”, contó María Nancy.

En 2013, la CIDH había solicitado al Gobierno Nacional tomar medidas para garantizar la vida y la integridad física de 27 mujeres afrocolombianas y de sus respectivas familias. Vivían en zonas de los municipios Santa Bárbara Iscuandé, El Charco, Barbacoas y La Tola en Nariño. La Unidad para las Víctimas indicó que en efecto, la situación de estas y muchas mujeres y hombres del Pacífico es tan compleja que por eso se aspira a que los alcaldes de los 42 municipios del Valle cumplan con el pacto acordado la semana pasada para incluir en sus planes de desarrollo el tema de la Ley de Víctimas y realmente velen por ellas. En la región había más de 517.000 hasta enero, según la Unidad, en todo el Valle del Cauca. En todo el país, 8’953.040, de las cuales, 4’486.364 son mujeres frente a 4’460.898 hombres. En Colombia, hay más de un millón de personas afros víctimas del conflicto.

Como María Nancy, muchas de ellas terminaron en el Distrito de Aguablanca, uno de los territorios más vulnerables y de necesidades económicas en Cali. Allí hay más de un millón de habitantes de los 2’2 millones de toda la capital vallecaucana.

Pero en Aguablanca, los problemas continuaron porque tuvieron que asentarse en áreas catalogadas como zonas rojas por bandas delincuenciales y pandillas que delimitan su poder con las llamadas ‘fronteras invisibles’. Así que si la familia de María Nancy y ella salieron por el miedo de caer asesinados al llegar a Aguablanca las amenazas, pero de la delincuencia y la criminalidad continuaron.

La mujer, que ha logrado su sustento diario a punta de oficios varios en Cali, contó que es poco el apoyo del Estado a lo largo de estos años. De hecho, no han servido acciones de tutela como lo manifestó el abogado Pedro Ferrín Ordóñez, quien está al frente de hacer valer los derechos de estas 27 mujeres afrocolombianas.

El jurista recordó que dentro de las medidas hay compromisos de los Ministerios del Interior, de Defensa y de Salud, así como de la Unidad Nacional de Protección, la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

“Estas mujeres están solicitando las medidas necesarias, además de que se informe sobre las acciones adoptadas, con el fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”, dijo el abogado. “Son víctimas del conflicto armado y se pretende continuar en el proceso de lograr su implementación y en trabajar para lograr el cumplimiento de estas medidas con actividades como la consolidación de la Asociación de Desplazados del Pacifico (Asodespa) que se ha venido conformando, exhortando a las entidades de los diferentes niveles del Estado, entre ellas, la Cancillería, a mostrar qué ha cumplido y qué no”.

El abogado también indicó que ya se iniciaron gestiones ante la CIDH sobre la crisis humanitaria que este estamento reconoció cuando decidió las medidas.

La CIDH señala que se ha podido corroborar que “es particularmente crítica al ser víctimas de múltiples formas de discriminación por causa de su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres, situación que se agrava dentro del ámbito del conflicto armado”.

También indica que “enfrentan dos estratos de discriminación desde que nacen: el
primero por pertenecer a su grupo racial y étnico y el segundo por su sexo”.
La CIDH explica que al estar expuestas históricamente a dos formas de discriminación, son doblemente vulnerables a ser abusadas y victimizadas por los grupos armados en su lucha por controlar recursos y territorios.

Su condición de mujeres las expone a mayores abusos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en su informe que la situación de las mujeres afrocolombianas de la costa Pacífica es, especialmente, precaria y preocupante. “Tanto las autoridades estatales como las fuentes no estatales confirmaron que la población afrocolombiana padece una historia de discriminación, exclusión, invisibilización y desventaja social, tanto económica, como geográfica”, anota el documento.

También indica: “El conflicto armado ha agravado esta situación ya que los actores armados aprovechan estas desventajas en su lucha por controlar territorios y recursos. En el caso particular de las mujeres afrocolombianas, su condición de mujeres añade a su vida otro factor de discriminación y vulnerabilidad y las expone a mayores abusos por parte de los actores del conflicto”.

Así mismo, el Comité de Naciones Unidas contra la Eliminación Racial ha reconocido las graves consecuencias y la situación de desprotección que viven las mujeres cuando sufren múltiples formas de discriminación.

La CIDH ha enfatizado que la discriminación racial no siempre afecta a las mujeres y a los hombres de igual manera y que existen circunstancias en las cuales afecta sólo o principalmente a las mujeres. Ciertas formas de discriminación racial pueden estar dirigidas en contra de las mujeres, específicamente, por su género, como la violencia sexual en el ámbito del conflicto armado”, dice el CIDH.

El impacto en las mujeres afrocolombianas es significativo, y se manifiesta de distintas formas debido a su cosmovisión, cultura y tradiciones, identificación con su territorio y su condición de mujeres. Además de las afectaciones discutidas..., las mujeres afrodescendientes pierden la posibilidad de continuar con sus prácticas culturales, como por ejemplo, velar por sus muertos, realizar ritos fúnebres y compartir su vida en comunidad”.

Para las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas, “el cambio que experimentan a raíz del desplazamiento es muy significativo, debido a que generalmente, la movibilidad que tuvieron en un pasado respondía a la movilidad de su padre o su esposo (...) se evidencian las complejas pérdidas culturales, afectivas, materiales y espaciales, particularmente, cuando intentan reafirmar simbólica y materialmente el rol materno”.

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