Dos victorias aplastantes del No en Arbeláez, Cundinamarca, y Pijao, Quindío, les cerraron las puertas a los proyectos mineros en sus municipios.
Las calles de Pijao, en el sur del Quindío, se vistieron de fiesta desde el inicio de las votaciones. Ni siquiera en las festividades aniversarias del municipio se habían visto tantas personas en esta localidad. Pero es que ayer fue un día atípico en este tranquilo poblado, que forma parte de la red mundial Cittaslow o ciudades sin prisa.
La mayoría de los habitantes de este municipio esperaban ansiosos el día en que pudieran votar en contra de las actividades mineras en su territorio. Y ayer fue ese día, pues se llevó a cabo la primera consulta popular contra la minería en el Eje Cafetero.
2.613 habitantes de este poblado le dijeron no a la pregunta ¿está de acuerdo con que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?
De los 6.073 habilitados para votar, 2.673 personas acudieron a las urnas. El umbral fue fijado en 2.025 votos. 26 personas votaron a favor de los proyectos mineros, ocho votos fueron anulados y 26, no marcados. En total, el 97,76 por ciento de los votos fue por el No.
“Simplemente, la ciudadanía fue respetuosa de la Constitución y de la ley, y hoy salió democráticamente a decir ‘Pijao quiere una vocación agrícola’”, sentenció la promotora de la consulta, Mónica Flórez, tras conocer el triunfo de las personas que estaban en contra de la minería en su territorio.
Autoridades y ambientalistas de diferentes organizaciones, e incluso de otras ciudades, se habían trasladado hasta el municipio desde el sábado pasado, y algunos desde hace semanas, para apoyar a la ciudadanía.
El ambientalista Néstor Ocampo señaló que “esto es un ejercicio mayor de la democracia; lo que ha sucedido en Pijao ha movilizado a mucha gente. Diversos sectores que han tenido diferencias estuvieron de la mano promoviendo la consulta popular, y grupos de jóvenes que llevan tres semanas visitando finca por finca haciendo pedagogía. Además, el espíritu de unidad departamental se dio aquí”.
De las 2.673 personas que votaron, la mayoría fueron mujeres y adultos mayores, según datos entregados por la coordinadora de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Quindío, Betty Martínez. “La gente de Pijao se ha comportado a la altura, ha habido gran participación; sin embargo, una de las quejas fue la disminución en el número de mesas de votación, lo que retrasó un poco la votación en esas mesas. Otra, que tampoco se dispuso una mesa para la población discapacitada”.
Leonilde Niño tiene 90 años y fue una de las primeras en acercarse a la mesa de votación en la institución educativa Santa Teresita, en el casco urbano de Pijao, Quindío. “Ave María, yo no me quedo en la cama para que Dios nos ayude, nos libre y nos favorezca; voté por el No, por el peligro que es la minería”.
Para esta consulta popular se instalaron nueve mesas de votación, seis de ellas en la institución educativa Santa Teresita en el área urbana y tres más en dos veredas y un corregimiento del área rural. Sin embargo, se presentaron varias denuncias por la reducción en el número de mesas, que para otras elecciones era de 18 en todo el municipio, el cual cuenta con 24 veredas.
Según el personero del pueblo Albert Quintero, las distancias entre las veredas son de más de 45 minutos, y desplazarse hasta las mesas de votación podría tardar toda una mañana o, incluso, el día. “Las veredas están a más de 45 minutos y las carreteras están en muy mal estado”, dijo.
Esta podría ser la razón de la abstención de más de 3.000 personas habilitadas para votar y que no asistieron a las urnas. Por eso, no obstante la celebración por el triunfo del No, quedó un sinsabor en el ambiente. Los promotores esperaban que por lo menos 3.000 personas votaran.
Ángel María Preciado, asesor del presidente del Consejo Nacional Electoral y delegado de esta institución en la jornada de ayer, informó que todo “se desarrolló en condiciones normales, lo único que se advirtió por parte de nosotros fue alguna publicidad que debió retirarse para el día de hoy, y se dejó constancia en los comités electorales y también la prohibición de los sitios de información”.
Por otra parte, en Arbeláez, el conteo final le dio una fuerte victoria a las personas en contra de la minería con 4.312 votos a favor del No y 38 a favor del Sí.
De los más de 12.000 ciudadanos que habitan este municipio, alrededor de 8.700 se encontraban habilitados para votar.
En Arbeláez se había autorizado la explotación de hidrocarburos desde el 2010. A partir de entonces, habitantes de este municipio se organizaron para que se realizara una consulta minera y poder rechazar esta actividad en la zona. En total, seis comités fueron organizados en favor del no a la minería.
Jorge Alberto Godoy, alcalde de este municipio, señaló que desde hace unos 12 años en la parte alta, en la vereda Salitre, se han registrado movimientos de tierra en la zona.
“No podemos decir si es por causa o no de la búsqueda de petróleo, pero es algo que se puede evitar, y así se trabajó para hacerlo. Le agradezco a la comunidad por salir a votar y formar parte de esta jornada en beneficio del municipio”, dijo.
Con estos dos triunfos, ya son siete los municipios opuestos a la explotación minera y de hidrocarburos en sus zonas desde el 2013.
El director de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, Luis Guillermo Vélez, explica que las consultas populares que se han realizado para decidir si se permite o no la explotación minera en los territorios no tienen ningún sustento jurídico y, por lo tanto, no pueden aplicarse.
“Lo primero que hay que aclarar es la diferencia entre el suelo y el subsuelo. El suelo, es decir la superficie, corresponde a la jurisdicción de la entidad territorial, entonces un municipio puede determinar en términos generales cómo se va a organizar su municipio en temas de comercio, agricultura, etc. En el caso del subsuelo, este le perte- nece a la Nación, o sea, a todos los colombianos”.
Según Vélez, las consultas populares “chocan” con la tradición jurídica. “La consecuencia de esto es que un grupo de personas que habitan un municipio acaban disponiendo, por una decisión motivada muchas veces políticamente, sobre los recursos de todos los colombianos. Entonces no es que se esté en contra de la voluntad popular y del concepto de que la gente decida sobre su territorio, lo que sucede es que estas decisiones terminan afectando las finanzas de la Nación”.
Vélez explica además que sea cual sea el resultado de la consulta, “si una compañía tenía derechos previamente adquiridos para explorar o explotar, deben ser respetados”.
LAURA SEPÚLVEDA
Enviada especial de EL TIEMPO
Pijao (Quindío)
