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Colombia

Falsos positivos: crudos testimonios ante la JEP

Manifestación en pro de toda la verdad en el caso de los falsos positivos. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, a octubre del 2019 había reportadas en procesos judiciales más de 3.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Manifestación en pro de toda la verdad en el caso de los falsos positivos. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, a octubre del 2019 había reportadas en procesos judiciales más de 3.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Foto:AFP

Dos exoficiales del Ejército le dieron detalles de esta atrocidad al tribunal especial. Informe.

Víctor Vargas
Desde el 4 de mayo, la JEP avanza por videoconferencias

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en el esclarecimiento de uno de los capítulos más oscuros e indignantes del conflicto armado en nuestro país: los ‘falsos positivos’. Dos oficiales cuentan como se llevaban a cabo y dicen que los que daban mejores resultados eran premiados.
En plena ofensiva militar para pacificar el país, las neveras de la morgue de un poblado del nororiente de Colombia se repletaron. Entonces, recuerda el coronel Gabriel de Jesús Rincón, los cuerpos sin identificar de supuestos guerrilleros y delincuentes tuvieron que ser sacados hacia una fosa común. Pero la realidad era otra: la morgue se había llenado con civiles asesinados.
“Yo no maté, pero sí predispuse para que los hechos se cometieran”, confiesa Rincón en una entrevista con la agencia de noticias France-Presse (AFP). Un accionar que marcó la caída del oficial en retiro de 53 años y ha ayudado a seguir destapando el peor escándalo de sangre en las Fuerzas Militares de Colombia dentro un conflicto armado que duró casi seis décadas.
Este hombre de mirada de hierro estuvo en el Ejército 22 años antes de ser condenado por desaparición y homicidio. Entre 2006 y 2008 fue oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15, con jurisdicción en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. En esa época, la lucha militar con las guerrillas fue tan encarnizada que el tanatorio del municipio de Ocaña no dio abasto.
En septiembre de 2008, la alcaldía y la curia, temerosas de una crisis sanitaria, gestionaron legalmente el traslado de 25 cuerpos que estaban en cuartos fríos hacia una excavación común en el paraje Las Liscas. En el proceso, algunos terminaron siendo identificados como los restos de civiles que habían desaparecido semanas atrás y eran buscados muy lejos de ahí por sus familias.
Rincón afirma que con la exhumación supo quiénes eran realmente sus víctimas: jóvenes pobres que fueron engañados y llevados a Ocaña desde el municipio de Soacha, área próxima a Bogotá y a 740 kilómetros del sitio donde las tropas los mataron.

Yo no maté, pero sí
predispuse para que los hechos
se cometieran (...) Apoyé a
algunas unidades (...) Hablo de suministrarles armamento (...)
para hacerlos pasar como
muertos en combate.

“Apoyé a algunas unidades en darles algunos medios (...). Hablo de suministrarles armamento (...) para hacerlos pasar como muertos en combate”, detalla Rincón.
El alto oficial comparte por primera vez con un medio lo que le contó a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a las familias de las víctimas, dentro de un proceso de verdad y justicia con el que pretende una rebaja de pena.
“No denuncié y permití que las unidades que se encontraban allá, en el área de combate, hicieran esas prácticas”, reconoce Rincón.
El coronel Gabriel de Jesús Rincón fue condenado a 46 años de cárcel por ‘falsos positivos’.

El coronel Gabriel de Jesús Rincón fue condenado a 46 años de cárcel por ‘falsos positivos’.

Foto:AFP

Los militares habían organizado su propio 'body count', un conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra contra las guerrillas y las bandas paramilitares del narcotráfico, que arreció con la llegada de Álvaro Uribe al poder en el 2002.
Y el exoficial cuenta que había recompensas a los soldados que iban desde medallas y días de descanso hasta anotaciones elogiosas en el currículo o proyecciones de ascenso.

Más de 3.800 casos

Rincón pasó casi diez años en prisión. En 2017 fue condenado a 46 años por el crimen de cinco jóvenes de 20 a 25 años de edad, que vivían en Soacha y fueron reseñados inicialmente como ‘caídos en combate’. Según su relato, dos civiles que actuaban como reclutadores, y con quienes no tuvo trato directo, los llevaron en autobús hasta Ocaña con la promesa de ganarse “un dinero rápido”.
Los dos hombres y un sargento conformaban esta ‘organización delincuencial’.
Ya en Ocaña, la unidad Espada se ocupaba de los asesinatos. “Nunca entré a explicarles (...), lo único que les dije fue: van a salir a esta operación, les van a acomodar y a entregar a unas personas, y ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer”.

Nunca entré a explicarles (...), lo único que les dije fue: van a salir a esta operación, les van a acomodar y a entregar a unas personas, y ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer.

Víctor Gómez tenía 23 años cuando viajó, engañado, a Ocaña en compañía de Jader Palacio y Diego Tamayo. “Los emborracharon y los llevaron hacia (...) un falso retén del Ejército y allí los reclutadores los entregaban (...). Al otro día amanecían muertos”, cuenta Carmenza Gómez, madre de Víctor.
Los tres fueron presentados como parte de una banda criminal. “Víctor tenía un tiro en la frente, un tiro de gracia”, detalla la mujer de 62 años, quien recibió protección oficial ante amenazas por buscar la verdad.

Las instigaciones hacia los comandantes (eran) de tal manera que tenían que dar resultados como fuera, y ese ‘como fuera’ los llevaba a que cometieran (...) esos asesinatos.

Conocidos en el argot militar como ‘positivos’, miles de esos resultados fueron en realidad ejecuciones de civiles a sangre fría. La Fiscalía ha conocido de 3.876 ‘falsos positivos’, y según un informe que en 2018 la institución le entregó a la JEP, el 59 % de las ejecuciones ocurrió entre 2006 y 2008 en la presidencia del ahora senador Uribe (2002-2010), que siempre ha negado cualquier vínculo o responsabilidad con esta práctica.
“Las instigaciones hacia los comandantes (eran) de tal manera que tenían que dar resultados como fuera, y ese ‘como fuera’ los llevaba a que cometieran (...) esos asesinatos (...) dándoles visos de legalidad”, dice Rincón.
José Miguel Vivanco, de la ONG Human Rights Watch, sostiene que varios expedientes están “olvidados en la Justicia Penal Militar”, pero que una “estimación creíble” de Naciones Unidas sugiere hasta 5.000 ejecuciones. Esto no fue de “unas pocas manzanas podridas, sino crímenes generalizados y sistemáticos”, destaca Vivanco. La Fiscalía investiga a 29 generales por estos crímenes.

Si alguien no estaba dando resultados, tenía que irse de la institución.

Antes de llegar a la Brigada Móvil 15, en 2006, Rincón recuerda haber sido abordado por el que luego sería el comandante del Ejército, general Mario Montoya, ya en retiro y quien también comparece ante la JEP, creada a partir del acuerdo de paz del 2016, que condujo al desarme de las Farc.
“‘¿Cómo va a aportar a la guerra?’, me dijo. Y yo le pregunté: ‘¿Cómo, mi general?’. Entonces, él me dice: ‘¿Cuántos muertos va a poner?’. Y yo le respondí: ‘¿Pero muertos de dónde?, yo no tengo ninguna funcionalidad operacional’. Entonces él, no sé si de forma jocosa pero sí directa, me dijo: ‘¿Y por qué no saca unos tipos allá de la morgue, los viste con uniforme y los reporta como resultados?’ ”.
Cuando se reencontró con Montoya, Rincón ya había sido asignado a la brigada móvil. “Ahora sí va a saber qué es la guerra, ahora sí le va a aportar a la guerra”, asegura que le expresó Montoya, jefe del Ejército entre 2006 y 2008.
Y aunque nunca recibió de él una orden directa de matar, el coronel reveló la existencia de un top 10 de unidades militares en el que los éxitos se medían exclusivamente por el número de muertos. Si alguien no “estaba dando resultados, tenía que irse de la institución”.
La defensa de Montoya asegura que él “no instigaba absolutamente nada”. “Existen 2.140 militares vinculados a investigaciones de ejecuciones extrajudiciales, lo que equivale al 0,9 % del total de los hombres que operaron en el Ejército en el período mencionado, (...) lo que muestra que en ningún momento existió una directiva o directriz al ejército para hechos tan atroces”, sostiene el abogado del general Montoya, Andrés Garzón.

En riesgo de muerte por hablar

Rincón se sometió a la JEP, que investiga los peores crímenes cometidos por guerrilleros y militares en un conflicto con ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. En 2018, tras pedir perdón, recobró temporalmente su libertad a cambio de contar la verdad y reparar a sus víctimas. Pero en noviembre tuvo que recibir protección estatal tras un atentado fallido en su contra cuando visitaba a su hermano. Su abogada, Tania Parra, también ha sido amenazada. Veinte de los 219 militares que están bajo la jurisdicción especial cuentan con seguridad por las mismas razones.
Suspendidas temporalmente por la emergencia de la pandemia de coronavirus, las audiencias judiciales se reactivaron virtualmente el 4 de mayo. “Contar la verdad después de un conflicto de más de 50 años (...) indudablemente implica un riesgo”, señala Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
Ahora, Rincón espera el careo con sus víctimas. Quiere contarles cómo era esa “instigación y presión” que arruinó tantas vidas y lo convirtió a él en un verdugo.
“Va a ser muy difícil que nos veamos cara a cara, víctima a victimario”, dice. Las lágrimas asoman cuando se apagan las cámaras.
Diego Legrand 
AFP

Un mayor premiado con 15 días en Quito cuenta su historia

No importaban las capturas, “solo los muertos”. Cuando en 2006 llegó a comandar una fuerza élite del ejército colombiano contra el secuestro, el mayor Gustavo Soto siguió esa directriz “instigado”, según él, por un alto mando que le exigía resultados.
Confiesa que premió a sus tropas por matar a civiles que hicieron pasar por guerrilleros o delincuentes. Pero aclara: “No fui yo el que inicié eso (...), los soldados sabían cómo presentar las muertes, cómo hacerlo”.
Ya en la operación, “se cogía a la persona, en una captura, pero la orden era darlo de baja, presentarlo como muerte en combate”, detalla Soto en entrevista con la AFP.

Los soldados sabían cómo presentar las muertes, cómo hacerlo (...) Se cogía a la persona, en una captura, pero la orden era darlo de baja, presentarlo como muerte en combate.

El mayor Gustavo Soto recibió una pena de 32 años por homicidio y secuestro.

El mayor Gustavo Soto recibió una pena de 32 años por homicidio y secuestro.

Foto:AFP

De 48 años y cortado al rape, el oficial en retiro sostiene que presenció una ejecución y, en otras, facilitó las armas que los militares ponían en manos de los muertos. “El dinero que yo debí haber utilizado (...) en buscar a las personas secuestradas me tocó utilizarlo para comprar armas y pagar a muchos reclutadores” de civiles, que fueron conducidos a la muerte con engaños de un “trabajito”.
Los soldados eran premiados. “Tenían cinco días de permiso (...). Y a mí me dieron, por estar entre las diez mejores unidades, quince días en la ciudad de Quito, en el 2007”.

(De 83 muertes) por ahí unas cuatro o cinco fueron operaciones totalmente legales, las demás son muertes ilegítimas.

Ese año Soto fue detenido. En 2018 recobró temporalmente la libertad como parte de un arreglo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Soto se comprometió a contar la verdad y reparar a sus víctimas, para obtener una pena alternativa a los 32 años de cárcel que le esperaban por homicidio y secuestro. Es la primera vez que él habla con la prensa sobre lo que le dijo a los magistrados de la JEP.
Entre mayo de 2006 y octubre de 2007, Soto estuvo al frente del cuerpo élite contra el secuestro y la extorsión (Gaula) en el departamento de Casanare. Asumió el mando con un resultado operacional de 10 a 14 bajas (fallecidos), y salió de esa unidad con un récord de 83 muertes. “Por ahí unas cuatro o cinco fueron operaciones totalmente legales, las demás son muertes ilegítimas”, asegura. El 48 % de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 30 años.

Todo el mundo se callaba,
nadie decía nada, sabían que
todo era ilegal.

Sus maestros

Según Soto, como comandante hizo varias operaciones con el extinto cuerpo de policía secreta DAS, disuelto en 2011 por una trama de espionaje a periodistas, jueces y políticos.
“Los del DAS fueron los que me enseñaron (...). El fiscal tampoco era que me dijera: ‘Bueno, mayor, hermano, qué está pasando aquí’. Nada, como que todo el mundo se callaba, nadie decía nada, sabían que todo era ilegal”.
Durante un tiempo, los soldados lograron encubrir sus crímenes extraviando los documentos de identidad de las víctimas. “Tampoco dije nada de eso, lo vi normal, permití que eso sucediera. En aquel entonces no sentía remordimiento porque yo veía que en la brigada ese era un resultado operacional”. Soto dice que se sintió “blindado”.

Señala y teme por su vida

Y señala al entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya. Según dice, el general medía los resultados operacionales “en muertos. A él no le interesaban las capturas (...), fui testigo de (una vez que) un mayor de apellido Rodríguez no tenía ningún muerto. Llegó el comandante del Ejército y le dijo: ‘Mi mayor, ¿es que en (el municipio de) Barrancominas no hay guerrilla?’ ”. Para espetarle luego: “ ‘Lo que tiene es que colocar un batallón en línea y dar la orden: disparen. Y vaya y recoja, como quien dice (a) lo que dispare (...) ya es ganancia, eso es muerto’ ”.
La defensa de Montoya, que está ofreciendo su versión a la JEP, también negó estos señalamientos.
Ahora Soto teme por su vida. “Esta verdad que yo estoy diciendo seguramente que puede (tener) un precio”, se resigna el oficial, que dentro de poco deberá encarar a las familias que enlutó.
Diego Legrand
AFP

La valiente lucha de una madre que perdió a su hijo

Fueron nueve años reconstruyendo la ejecución extrajudicial de su hijo. En la búsqueda de justicia, Carmenza Gómez destapó una “olla podrida” como pocas y ahora exige la verdad completa sobre el crimen.
Beatriz Méndez (izq.) y Doris Tejada, cuyos hijos desaparecieron hace 12 años, hacen parte del colectivo Madres de Falsos Positivos.

Beatriz Méndez (izq.) y Doris Tejada, cuyos hijos desaparecieron hace 12 años, hacen parte del colectivo Madres de Falsos Positivos.

Foto:AFP

Víctor Gómez trabajaba como celador en Bogotá. El 23 de agosto de 2008 desapareció junto con Diego Tamayo y Jader Palacio. Al mes siguiente, sus cuerpos fueron hallados en Ocaña, Norte de Santander, muy lejos de Soacha, el municipio donde vivían, ubicado al sur de Bogotá y a donde fueron llevados con la falsa promesa de un mejor empleo.
Víctor tenía un tiro en la frente, un tiro de gracia, y las autoridades reportaron que hacía parte de una organización paramilitar y que murió en combate con el Ejército.

Yo fui la que destapé esta olla podrida que tenía el Ejército.

Era el sexto de los ocho hijos que Carmenza crio sola. La mujer cuenta que se enteró de lo sucedido con Víctor porque un aprendiz del instituto forense, primo de uno de sus amigos desaparecidos, halló la foto de su familiar.
El cadáver estaba en una morgue a 740 kilómetros de Soacha. En el álbum mortuorio también estaba Víctor.
“Uno quisiera que la tierra se abra y se lo coma a uno. Yo me desmayé”, recuerda. “Uno de madre o de padre nunca está preparado para ver un hijo muerto”.
Como pudo reunió dinero y viajó por el cuerpo de su hijo, que junto con otros cadáveres estaban siendo trasladados de la morgue hacia una fosa común. Con el tiempo se ubicaron los de 19 jóvenes de Soacha en varias fosas.
“Yo fui la que destapé esta olla podrida que tenía el Ejército”, detalla la mujer, que recibió protección estatal ante los riesgos de seguridad.

Y luego le asesinaron a otro hijo

Desde entonces, Carmenza vive en una maratón judicial por descubrir la verdad junto con otras 13 mujeres que forman el Colectivo Madres de los Falsos Positivos.
Mientras buscaba justicia, el 4 de febrero de 2009, desconocidos asesinaron a tiros a otro de sus hijos, John. Carmenza cree que lo mataron porque estaba escudriñando en la trama que terminó con la vida de su hermano. La mujer recuerda con remordimiento la admiración que le tenía al ejército colombiano, donde prestaron servicio obligatorio tres de sus cinco hijos.
Pese a la nueva pérdida y el miedo que sentía, Carmenza no desistió y acompañó prácticamente cada una de las audiencias relacionadas con la muerte de Víctor.
En 2017, nueve años después del crimen, la justicia civil condenó a 17 soldados y mandos. Todo ese tiempo “fue mirándole la cara a ellos, en la misma sala cuando había audiencias, donde no hacían sino burlarse de nosotras y secretearse”, lamenta.
Varios de los uniformados condenados recobraron temporalmente la libertad tras someterse a la justicia especial surgida del acuerdo de paz de 2016 con las Farc. Fue “un golpe muy duro”, asegura Carmenza. Sin embargo, espera que esta concesión conduzca a que se sepa toda la verdad y haya reparación para las víctimas.
Para ella, el Estado es el mayor responsable de estos crímenes por establecer una política de “recompensas para decir que estaban ganando la guerra, matando civiles”. Y Asegura que solo cuando se establezca esa verdad considerará el perdón.
En tiempos de pandemia, las madres de Soacha venden mascarillas como una consigna que resume su lucha: “¿Quién dio la orden?”.
Diego Legrand
AFP

Van 1.740 condenas por 'falsos positivos'

Las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, un escándalo que comenzó a destaparse durante el gobierno del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, han llevado a que la justicia abra más de 2.260 investigaciones penales por estos crímenes.
De acuerdo con las cifras que la Fiscalía General colombiana le entregó a la Corte Penal Internacional para su evaluación anual sobre la situación del país, a octubre de 2019 el ente acusador tenía 2.268 casos activos, en los cuales se contaban 3.876 víctimas de ‘falsos positivos’.
Infografia cifras Falsos Positivos

Infografia cifras Falsos Positivos

Foto:AFP

Esos procesos judiciales, indicó la Fiscalía, involucran a miembros de 25 brigadas dentro de las siete divisiones del Ejército colombiano.

Más de 10.000 investigados

Por los homicidios de civiles a quienes luego hicieron pasar como muertos en combates había hasta esa fecha 10.742 personas investigadas y 1.740 personas condenadas. Además, solo el año pasado, según informó la Fiscalía a la CPI, fueron condenados 31 militares.
Otra parte de la respuesta estatal frente a estos hechos ocurrió en 2008 con la más grande purga militar por temas de derechos humanos, cuando 27 militares –3 generales, 17 oficiales y 7 suboficiales– fueron retirados del Ejército por orden del entonces presidente Álvaro Uribe, luego de que una investigación interna por la desaparición de varios jóvenes en Soacha, Cundinamarca, cuyos cuerpos fueron hallados en Ocaña, levantó dudas sobre el actuar de los militares.
Al respecto, en un debate en el Congreso, en junio del año pasado, el hoy senador Álvaro Uribe habló sobre esa purga militar y dijo que fue la primera respuesta contundente a sospechas fundadas sobre actuaciones irregulares por parte de algunos uniformados, y añadió: “Nunca, nunca, se ofrecieron recompensas a integrantes de las fuerzas armadas, menos por dar bajas”.
Tras esa purga inicial y a lo largo de los años, más uniformados han salido del Ejército por sus vínculos con ejecuciones extrajudiciales.

La Fiscalía ha conocido de 3.876 casos de ‘falsos positivos’, y según un informe que el ente acusador
le entregó a la JEP en el 2018, el
59 %  de las ejecuciones ocurrió entre los años 2006 y 2008.

Los esfuerzos del Estado colombiano en investigar este tema han sido reconocidos por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzadas, que tras una evaluación al país, en 2016, congratuló al Estado por las medidas adoptadas para el esclarecimiento de estos crímenes. Funcionarios gubernamentales han sostenido que esta no fue una política de Estado y que, de hecho, desde el comienzo se tomaron decisiones que incluyeron salida de uniformados y entrega de información a las autoridades.
De otro lado, por crímenes de ejecuciones extrajudiciales también avanzan procesos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en julio del 2018, tras recibir varios informes, decidió abrir el caso 03 llamado ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública’.

La JEP ya ha escuchado a más de 200 militares 

Hasta el 6 de mayo pasado, la JEP había recibido en ese caso las versiones de 219 militares en todo el país. Además, en esa justicia transicional han sido admitidos 2.680 integrantes de la Fuerza Pública, y hay en trámite otras 1.840 peticiones.
Hasta ahora, la justicia especial de paz ha centrado su investigación en los elevados números de ejecuciones extrajudiciales en seis departamentos: Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Casanare, Meta y Huila. Y entre los uniformados vinculados por las ejecuciones extrajudiciales ya hay, por lo menos, 4 generales del Ejército, entre ellos el general (r ) Mario Montoya Uribe, el oficial de más alto rango en la JEP y quien fue comandante del Ejército entre febrero del 2006 y noviembre del 2008.
justicia@eltiempo.com
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