Comunidad de Soto Norte le pide a Duque ser escuchada

Cansados de que otros hablen por ellos desde Bucaramanga y Bogotá (por ejemplo, los movimientos antimineros, actores y políticos de diferentes partidos, entre otros) algunos líderes de la provincia de Soto Norte —conformada por los municipios de California, Suratá, Tona, Vetas, Matanza y Charta, en el departamento de Santander—, se unieron para crear el Consejo Territorial por la Defensa de Soto Norte.

La participación activa de la comunidad en la delimitación del páramo de Santurbán, en la que los habitantes del municipio de Vetas se han visto afectados, y la defensa del proyecto de minería a gran escala de Soto Norte, son algunos de los temas prioritarios en su agenda.

“Queremos que en el Congreso de la República y en el país se nos escuche a nosotros, que hemos vivido en el territorio y lo hemos preservado, y no a personas o movimientos que se hacen pasar por nosotros y no expresan el verdadero sentir de la provincia”, dijo Edwin Esteban Pulido, líder social del municipio de Suratá y uno de los miembros de este consejo.

Entre los integrantes del movimiento hay alrededor de 60 personas, entre las cuales se cuentan más de 45 organizaciones sociales, de las que hacen parte concejales, alcaldes, exalcaldes (de la provincia), presidentes de juntas comunales, grupos políticos y asociaciones mineras, entre otros.

“Un grupo de organizaciones reconocidas de la región nos pusimos de acuerdo en conformar este consejo que busca dos cosas puntuales: la defensa del territorio, de lo que somos y nuestras actividades económicas, y poner nuestra propia voz, fundamentados en el derecho que tienen las regiones al desarrollo”, dijo Fabio Maldonado, director de la Fundación Gran Pacto Social (GPS) de California, organización que también hace parte del Consejo Territorial.

Si bien el Consejo por la defensa del territorio comenzó su trabajo en bloque a principio de este año, un hecho determinante para que decidieran salir a expresarse con fuerza sucedió el pasado 2 de octubre, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) archivó el trámite de licencia ambiental que había radicado el proyecto minero Soto Norte, a cargo de la Sociedad Minera de Santander (Minesa).

Según la Anla, esta decisión se tomó porque, después de analizar el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, se estableció que no era posible emitir una decisión de fondo sobre el proyecto, por lo que fue archivado.

Para los miembros del consejo, la decisión perjudicó a los habitantes de los seis municipios que conforman a Soto Norte, pues varias de estas zonas y gran parte de sus poblaciones se han dedicado a la minería desde hace cientos de años.

Entendemos las enormes implicaciones que tiene la decisión de Anla para nosotros y no hemos sido escuchados, no tenemos voz. El país da como victoria el hecho de proteger a Santurbán, pero se les olvidan las personas que vivimos en Santurbán”, manifestó Fabio Maldonado.

De acuerdo con este líder de California, la discusión no es sobre la biodiversidad y el medioambiente: “Nosotros no ponemos en tela de juicio la conservación. Nosotros ponemos en discusión las actividades económicas de las que vivimos en la región. Estamos en una discusión que el país no conoce y con tanto ruido no escuchan nuestra voz. No nos han dejado generar propuesta de páramo y solución de vida para estas más de 24.000 personas de la provincia”, enfatizó el director de GPS.

Precisamente, le enviaron una carta abierta al presidente Iván Duque en la que expresan que la comunidad de Soto Norte está en incertidumbre y espera que se les respete su derecho al trabajo y a tener calidad de vida.

“Soto Norte apoya la minería bien hecha. Con la minería legal, con responsabilidad social y transparencia, tendremos un mejor país. La minería es como la política: igual de satanizada e igual de desacreditada, pero no todos los políticos son corruptos ni todos los mineros son ilegales ni irresponsables con el medioambiente”, se lee en la carta.

Adicionalmente, se espera que hoy, cuando Duque tiene previsto visitar el Centro de Eventos y Exposiciones de Girón, en Santander, le entreguen otra carta en la que además de expresarle sus necesidades también le plantean una invitación formal para que visite esta provincia y conozca la realidad de la región.

Esta provincia santandereana nació en febrero de 2019, cuando los seis municipios que la conforman (Suratá, California, Matanza, Vetas, Charta y Tona) oficializaron su unión, luego de hacer parte del Área Metropolitana. Soto Norte es habitada por aproximadamente 24.146 personas y cuenta con unos 1.649 kilómetros cuadrados de extensión, de los cuales 380 kilómetros (38.000 hectáreas) hacen parte del páramo de Santurbán.

De los seis municipios, tres se han dedicado históricamente a la minería: California, Vetas y Charta, los otros tres tienen agricultura y ganadería en sus territorios. Toda la provincia también se destaca por ser turística.

Por dignidad. Esta es la principal razón que llevó a Edwin Esteban Pulido, administrador de empresas y experto en temas de minería, a ser promotor y parte del Consejo Territorial por la Defensa de Soto Norte, pues él considera que no se les está dando la voz a quienes realmente deben tenerla.

“Es un problema grande de dignidad, porque vemos que se está escuchando a personas del área metropolitana de Bucaramanga, que están usurpando nuestro nombre. Nosotros tenemos voz, representatividad y gente con muchas capacidades, por lo que queremos que se nos escuche pues somos los hijos de Soto Norte y su legítima voz”, enfatizó Edwin Esteban Pulido.

Este líder aseguró que por muchos años esta región no fue tenida en cuenta por los gobiernos y que, de hecho, sufrió con el conflicto armado, pues hubo presencia de las Farc y el Eln. “Ahora nos pusimos de moda, no nos conocían a pesar de dar la calidad del aire, vida y el agua”, explicó Edwin Esteban Pulido.

Para Sonia Gelvez, concejal de California, el grueso de la población de este municipio ve con buenos ojos la minería bien hecha, pues gracias a esta actividad han llegado el desarrollo y grandes oportunidades.

“Deseamos que en el Congreso y en otros escenarios, la verdadera voz de Soto Norte sea escuchada”, dijo la concejal.

Además, Gelvez explicó que con la llegada de estos proyectos de minería a gran escala a la zona, se tendrían más recursos, producto de las regalías, además del trabajo directo e indirecto que generaría para la población, lo que impulsaría el desarrollo de la provincia.

Aunque aseguró no sentirse atacada por defender su postura, dijo: “Me preocupa la parte del maltrato que hemos sufrido por parte de las personas ajenas al territorio y da tristeza. Están acabando con una tradicionalidad y ancestralidad, porque básicamente quieren que no se realice ninguna actividad minera. ¿De qué vamos a vivir?”, dijo Gelvez.

“Vetas, en la última década, ha sufrido un terrorismo gubernamental en el sentido de que hemos sido legislados y gobernados desde escritorios en Bucaramanga y Bogotá, causándonos un daño irreversible y tremendo, no solo a la economía, sino también a la cultura”, dice Orlando Rodríguez, exalcalde de Vetas. Cuando se le pregunta por qué decidió unirse al movimiento de defensa,

Rodríguez explica que una de las preocupaciones es que el 78 % del municipio de Vetas fue declarado parte del páramo de Santurbán, razón por la cual son escasas las áreas donde los habitantes del municipio pueden ejercer sus actividades como la minería o la agricultura, y esto ha llevado a que esta zona pase del 20 al 82 % de desempleo en los últimos años, lo que ha generado angustia en la población.

“Nosotros somos los mayores defensores del páramo de Santurbán y no nos merecemos que nos desaparezcan con un solo plumazo desde la capital”, enfatizó Rodríguez.

Ilegalidad, incertidumbre e inseguridad son las consecuencias que ve a corto plazo Fabio Maldonado, director de la Fundación GPS y miembro del Consejo territorial.

“Nos parece gravísimo, no por parte de la Anla, sino por la presión que ejercen movimientos antimineros y políticos, desconociendo nuestra realidad y más bien buscando unos intereses muy distintos a los que tenemos en la región”, enfatizó Maldonado.

Para el director de GPS, la población de esta provincia quiere que la legalidad esté presente en sus actividades económicas.

“Estamos acostumbrados a vivir en la informalidad en la minería, queremos desarrollo, pero apoyamos la informalidad. Hay que resolver este tipo de contradicción como país”, dijo Maldonado.

Por último, espera que el presidente Duque acepte la invitación para ir a Soto Norte, para que comprenda la realidad y las necesidades sociales, económicas y ambientales de la provincia.