¿Y si las muertes de Norma y Paula se hubieran evitado?

Las historias de Norma Andrea Cardona y Paula Vera ocurrieron en dos ciudades del Valle. Pero ambas terminaron en trampas mortales con quienes un día fueron sus amores.

La primera cruzó despachos oficiales en Tuluá, y en Cali, la segunda pensó que él nunca le haría daño. ¿Pudieron evitarse las muertes? Es lo que desvela hoy a colectivos de defensoras y defensores de las vallecaucanas.

A Norma, de 23 años, la atormentaba el amor con Jhon Mona que nació desde su adolescencia en Tuluá. Pasaron unos 10 años de relaciones para dos hijos, de 7 y 4 años.

Para ella, según sus amigas, era insostenible seguir porque él la maltrataba y Norma no se dejaba. Allegados dicen que la mujer lo denunció, el mayor Tulio Fernando Mora, comandante en Tuluá, no confirma tal solicitud de protección.

En la Comisaría de Justicia local quedó radicada un caso el 20 de noviembre, pero lo presentó el exesposo. Norma, en sus descargos, afirmó que era víctima de agresiones físicas y verbales. El 27 de noviembre, ella volvió a la Comisaría, de acuerdo con su madre, Fanny Cardona.

Luz Adriana Londoño, secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, fue a Tuluá a conocer lo ocurrido. Queda en trámite ante la Procuraduría la posible investigación por presunta negligencia en la protección a Norma.

En la mañana de su muerte, Norma despertó en el tercer piso de una casa donde estaría refugiada. El hombre la localizó y habría subido descalzo para acuchillarla. La Policía lo localizó cerca de la casa, en principio quedó libre, pero luego ante un juez aceptó los cargos.

A la secretaria Londoño le llama la atención que las últimas cuatro muertes de mujeres ocurrieron los domingos. Así pasó con Norma, una de las 140 mujeres asesinadas este año en el Valle. Las autoridades precisan que no todos son casos de violencia intrafamiliar, se incluyen otros móviles. En un 27 por ciento el agresor, dice Medicina Legal, es la pareja o la expareja.

Lo cierto, según Londoño, así como lo dice la sicóloga de la Secretaría, Gicel Gallego, es que siguen las falencias en la ruta de atención a las víctimas.

La especialista Milena Barco, directora del Departamento Consultoría e Investigación en Políticas Públicas, Desarrollo Social y Posconflicto, dice: “Sencillamente mientras que las entidades no reconozcan fallas y que falta cualificar a funcionarios para atender con urgencias esta problemática. Las mujeres, a gritos, dicen que nos están vulnerando el acceso a la justicia. Hay que destacar la gestión a la Secretaría de la Mujer del Valle en el caso de Tuluá”.

Barco ha sostenido que en muchos casos solo se ordenan medidas de protección policivas, desconociendo otras 16 acciones como ordenar el desalojo del agresor de la vivienda.

El personero de Cali, Héctor Hugo Montoya, se ha declarado alarmado porque las mujeres están quedando desatendidas cuando no conviven con sus parejas a quienes denuncian como sus agresores. El problema, según algunos fiscales, es que cuando hay violencia de pareja, si no se vive bajo el mismo techo, el delito no se tipifica como violencia intrafamiliar, lo que da una pena mínima de 6 años, en lesiones personales, delito que es excarcelable.

La Corte Suprema en junio pasado también lo explicó, en el proceso de una bogotana que sí vivía con su esposo, el cual aspiraba a ser condenado por lesiones. El fallo reiteró que hay violencia intrafamiliar solo cuando hay convivencia.

De enero a octubre, según Medicina Legal, hubo 139 cifra que se mantuvo hasta noviembre. En ese período del 2016, indicó Medicina Legal hubo 152 crímenes, aunque la Gobernación dijo 132 hasta el 15 de noviembre. Este año se han contabilizado 19 casos tipificados como feminicidio, es decir, aquellos casos por la condición de mujeres.

La Policía Valle advierte que cuando se ha querido aplicar la ruta de atención no siempre hay eco de otras instituciones.

Paula Vera, de 23 años, madre de una niña de 6, tenía la misma edad de Norma. Fue al amanecer del lunes cuando su esposo, al parecer, ebrio, la acuchilló en su casa de República de Israel. Los allegados dicen que siempre la acosó con los celos y se enfurecía si alguien la miraba.

Viviana Tovar denunció que tuvo que dejar Cali con su hija, de 5 años, luego de una dolorosa separación de su esposo, un suboficial del Ejército. Señaló que en los últimos meses, la situación se tornó de agresiones verbales y algunas físicas.

Indicó que a pesar de que su expareja la habría dejado en mayo pasado y tiene otra relación, él habría continuado yendo a la residencia donde ella estaba con su pequeña y se presentaban acaloradas discusiones. La joven dijo que su excónyuge la abofeteó en tres oportunidades, una de ellas cuando convivían. “Me insultaba delante de la niña y afuera de la casa”.

Viviana sostuvo que no recibió ayuda ni de la Fiscalía ni de una Comisaría de Familia donde ella instauró la denuncia. Dijo que en ambas partes le dijeron que no se podía tomar alguna acción porque su caso no era de violencia intrafamiliar, debido a que la pareja no estaba bajo el mismo techo y que no se podía abrir un proceso por lesiones personales porque no se presentó tal grado de ataque.

Apenas Karol Gisela Perlaza quedó sola en su casa de Llano Verde en Cali, en la noche del 20 de agosto, un hombre entró y la asesinó a puñal. A los allegados de la estudiante de enfermería, de 27 años, no les queda duda que fue el exnovio, al que le había terminado días antes.

No es el único caso. El domingo 9 de abril Yuri Vanesa López fue asesinada a puñal en la casa de su excompañero del barrio Santafé. Sus allegados quedaron asombrados porque ella en la mañana había dicho que iba a la ciclovía. La pareja se enamoró cuando trabajaban en una firma de telefonía. Yuri le terminó por su inseguridad en la relación , luego volvieron pero ella lo denunció a la Fiscalía por golpes y amenazas.
“Yuri debió caer en una trampa al ir allá”, dice una pariente.

Carolina Quijano, de Equidad de Género en Cali, destaca que hay un fiscal para los feminicidios pero señala una cultura de agresión.

Noralicia Micolta, de 45 años, murió baleada cuando su exesposo, en estado de ebriedad, entró a su cuarto en Comuneros el 21 de octubre. La Fiscalía le señaló feminicidio y porte ilegal de armas al hombre que no aceptó cargos. Allegados de Noralicia dicen que lo había denunciado días antes por violencia intrafamiliar.

Los sueños de Carolina Muñoz Vargas giraban entorno a su bebé, de 3 años, y poder terminar sus estudios de contaduría. La joven, de 23 años, vivía en el barrio El Poblado, en el oriente de Cali, con su mamá y dos hermanas cuando conoció a Pablo Moreno, de quien se enamoró en poco tiempo, una relación de cuatro meses. Pero le decía a su familia que la trataba de forma violenta y que por eso tenían constantes peleas. El 28 de diciembre de 2016 Pablo sacó a Carolina de su casa con engaños y se la llevó en una moto.

“Al notar que ella no llegaba la comenzamos a buscar por todos lados, luego ese señor confesó que la había asesinado. La Policía la encontró en la vía a Pichindé con más de 15 heridas de cuchillo”, dijo Lizeth Correa, prima de Carolina.

Aunque Moreno aceptó los cargos, la familia de la joven manifestó que hubo demoras en el sistema judicial para dictar la condena.

“Las audiencias eran aplazadas por el juez o la abogada de Pablo, casi un año después se conoció la sentencia de 32 años”, dicen allegados.

Anotan que “aunque está obligado a indemnizar al niño de mi prima sabemos que no lo hará; deseamos que pague, aunque ya nos dijeron que por buena conducta puede quedar libre en 18 años”.

CALI