Tras un paro que durante 22 días tuvo en la calle a unos 300.000 habitantes de Buenaventura, el 20 de julio pasado debía marcar un paso firme en una especie de ‘independencia’ económica del puerto, con la presentación de un proyecto de ley para la creación de un fondo por 1,6 billones destinado a inversión social básica.
Esto, sin embargo, no ha sucedido todavía.
Uno tiene que ver con la financiación o recursos que debe tener el fondo y otro es la manera cómo se debe gobernar para su eficacia
Mientras la ciudadanía estaba expectante porque en la apertura de las sesiones del Congreso se radicara el borrador que debe dar vida al Fondo, para aminorar las brechas sociales de los bonaverenses, miembros del Comité se reunían para comunicar diferencias en dos aspectos básicos del preacuerdo. “Uno tiene que ver con la financiación o recursos que debe tener el fondo y otro es la manera cómo se debe gobernar para su eficacia”, dijo el exconcejal y miembro del comité negociador, Víctor Vidal.
Para el Gobierno, la financiación del fondo es una decisión esencial, pues para determinar recursos que salgan de las actividades portuarias se deben modificar algunas leyes. Y no encuentran pertinente la presencia de la comunidad al decidir las inversiones.
El Gobierno nos está 'mamando gallo’ y quiere dilatar las cosas como lo hizo en el paro
El senador del Polo, Alexánder López, dijo que no era conveniente presentar un proyecto que no tiene claridad frente a lo ganado en el paro.
“La lucha que debe seguir hasta que el Gobierno entienda que su responsabilidad va más allá del discurso y la aceptación: tiene que quedarle claro que hay una deuda histórica con Buenaventura y su gente”, aseguraron miembros del Comité.
“El Gobierno nos está 'mamando gallo’ y quiere dilatar las cosas como lo hizo en el paro”, expresó, por su parte, Humberto Hurtado, un activistas del Comité del Paro Cívico de Buenaventura.
