A nueve meses de su implementación, la tasa para la seguridad en los municipios del Valle del Cauca aún sigue causando polémica.
Entre las críticas que se le hacen a este tributo está en su método de cobro por medio de la factura de los servicios públicos, además de cierta centralización de los recursos para Cali, en donde se construiría una megaestación de Policía en el barrio El Diamante, del oriente de la ciudad.
Al respecto, Óscar Zúñiga, de la Asociación Municipal de Vocales de Control, reiteró que si bien la Ordenanza fue aprobada por la Asamblea, esta no puede ser cobrada de ninguna manera por medio del recibo de los servicios públicos.
“Eso quedó claro en la Ley 142 de 1994, que es muy clara al decir que solo se deben cobrar en el recibo de servicios públicos que preste la entidad y cuando no los preste, el suscriptor debe autorizar mediante una carta firmada el cobro de estos ítems”, aseguró el veedor.
Para Zúñiga, la Gobernación no puede extralimitarse en sus competencias al ordenar un cobro por medio de la factura sin la autorización previa de cada uno de los usuarios a los que se les cobra, actualmente estratos 4, 5 y 6, además de suscriptores comerciales e industriales.
La Policía ha tenido varios inconvenientes en el oriente de Cali
Juan Pablo Rueda / Archivo / El Tiempo
“Normalmente Emcali no debería hacer cobro a nadie mientras no tenga una carta firmada por el suscriptor, pero lo están haciendo”, aseguró.
Por su parte, Luz Betty Jiménez y Pablo Borrero, de la Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social, dijeron que: “La construcción de una estación de policía en el Distrito de Aguablanca, no servirá para recuperar la seguridad en el sector, tal como ha sucedido con otras instalaciones, en tanto se centralizan en Cali los recursos de la onerosa sobretasa a la seguridad”.
Y agregaron que podrían quedar desprotegidos otros municipios del departamento que demandan de su inversión, como Buenaventura, Tuluá, Jamundí, Palmira y el Norte del Valle, “en donde actúan diversas bandas criminales de narcotraficantes, extorsionistas, secuestradores y sicarios”.
La directora Jurídica del Departamento, Diana Vanegas, explicó que el cobro de la tasa sigue vigente y es obligatorio.
“En estos momentos goza de validez y vigencia, porque el tribunal contencioso administrativo no ha hecho un pronunciamiento en torno a que sea ilegal. La tasa, en este momento, conserva una validez, una vigencia y una exigibilidad para todos los vallecaucanos que son sujetos de la misma”, recalcó Vanegas.
Actualmente se han recaudado $6.700 millones por este concepto en el Valle y se espera recaudar anualmente $14.200 millones anuales, de los que Cali aportaría cerca de $10.000 millones.
“Ya este año hicimos una inversión de $4.500 millones para dotar de ‘Corredores de seguridad’, tales como el del centro y norte del Valle, el corredor de Calima-El Darien, Yotoco y Restrepo. Así mismo, cubrir el corredor entre Buenaventura-Dagua- Km 18, en inmediaciones a Cali, y el corredor en límites con el departamento del Chocó”, explicó Noralba García, secretaria de Seguridad del Valle.
La funcionaria agregó que con el dinero recaudado se han adquirido 31 motos y 12 camionetas y acondicionado 3 CAI móviles para el área rural.
“Se está dotando a la Policía y a los batallones de alta montaña, para que tengan movilidad en la operación”, amplió.
Sobre la megaestación de Policía de El Diamante, explicó que está priorizada para inversiones en la tasa para la seguridad y tendrá un costo cercano a $6.000 millones.
“Otro de los proyectos estratégicos que tenemos priorizados es un Centro de Emergencia y Seguridad en el Valle del Cauca, que estaría ubicado en Buga. Este es un proyecto en el que ahora estamos en el concurso de méritos para la fase de diseño, pero esperamos que ya para final de año se haya avanzado al respecto”.
De acuerdo con Noralba García, secretaria de Seguridad del Valle, la decisión de incluir el pago de la tasa de seguridad en el recibo de los servicios públicos busca facilitar el proceso a los vallecaucanos.
Secretaria de Seguridad del Valle, Noralba García.
Archivo particular
“El recibo es un vehículo para darle la facilidad a las personas de cobrársela” y señaló que si las personas piden a las empresas de servicios públicos que retiren el cobro, igual se debe pagar.
“Eso no lo exonera de la obligación que tiene y podría verse abocado a que se le haga un cobro coactivo. Si no paga por el recibo, debe ir a la Gobernación para que se le liquide el pago”, explicó.
CALI
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