Sorprendidos dicen que quedaron abogados y familiares de seis personas que murieron durante el violento paro nacional que se registró en Cali, en este año.
Las víctimas son Miguel Ángel Pinto, Kevin Antonio Agudelo, José Ambuila, Hárold Antonio Rodríguez, Heinar Alexánder Lasso y Edwin Villa.
Se realizó la audiencia de imputación de cargos contra el coronel Édgar Vega Gómez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali; el teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzalías, comandante del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), y el patrullero Wilson Orlando Esparragoza Corcho. Ninguno de los uniformados los aceptó.
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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por los presuntos delitos de homicidio agravado y lesiones personales contra el teniente Mancilla Gonzalías y el patrullero Esparragoza Corcho.
En el caso del comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, la Fiscalía lo responsabiliza de que no habría obrado como garante de derechos por parte de la Fuerza Pública.
No obstante, el abogado Élmer Montaña, quien representa a algunos familiares de las víctimas, señaló que la defensa de estos allegados pidieron al juez de control de garantías medida de aseguramiento por lo que esperan que se fije una fecha de una nueva audiencia para así sustentar dicha petición.
De acuerdo con Montaña, se solicitará, además, copia a la Fiscalía del material probatorio legal obtenido en lo que va de la investigación.
"Una vez tengamos esas pruebas vamos a acudir a esa audiencia", dijo el abogado.
Señaló que el juez no fijó fecha de la audiencia, buscando la medida de aseguramiento contra los policías.
Anotó que no comprenden por qué la Fiscalía no hizo la solicitud de la medida, cuando sí se ha hecho en los casos de jóvenes señalados de ser manifestantes de primera línea durante las protestas, a quienes les han abierto investigación y dictado órdenes de captura.
Considera que estos delitos imputados que involucran presuntamente a los dos oficiales y al patrullero son mucho más graves porque tienen que ver con violaciones de derechos humanos.
Algunos familiares, como Ariana Campo, esposa de Heinar Alexander Lasso, dijeron que su único interés es que no se manche el nombre de ninguno de los fallecidos.
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Las familiares manifestaron que las seis personas asesinadas eran ciudadanos de bien y no delincuentes para haber sido blanco de disparos y lesiones.
Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal encargado de la imputación de cargos dijo al patrullero que fue señalado de ser el presunto autor del homicidio del vendedor de tenis Miguel Ángel Pinto por causa de un disparo.
Según la Fiscalía, "con base en el material de prueba y la evidencia técnica obtenida, sería el responsable de disparar el proyectil que le ocasionó la muerte a un joven que participaba en las movilizaciones que se registraron frente al CAI Villa del Sur, en el sector Puerto Rellena, la tarde del 28 de abril de 2021".
"El funcionario estaba adscrito al mencionado CAI y, al parecer, accionó de manera
desproporcionada su arma de dotación contra los manifestantes, hiriendo
mortalmente a uno de ellos. En ese sentido, fue imputado por el presunto delito de homicidio agravado", dice la Fiscalía en un informe.
En el caso del comandante del Goes, la Fiscalía lo cuestiona por fallas en su misión constitucional en defensa de los derechos que la Policía debe ofrecer.
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"En su condición de comandante del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) estaba a cargo de un componente de uniformados que, supuestamente, disparó indiscriminadamente contra manifestantes y ciudadanos ajenos a las concentraciones sociales, en dos eventos diferentes", explica el informe de la Fiscalía.
El primero sucedió el 30 de abril, en el barrio El Diamante.
"Aquí, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas. El segundo se registró en inmediaciones del barrio Siloé, la noche del 3 de mayo. Este hecho dejó tres muertos y dos heridos", indica la Fiscalía en el documento.
"En los dos casos hay evidencia de que las víctimas, al parecer, murieron por proyectiles disparados por los integrantes del GOES. Para la Fiscalía, el teniente Mancilla Gonzalías habría fallado en el deber constitucional y legal de proteger a la población civil, garantizar la vida y controlar las actuaciones de los hombres a su cargo", añade el informe de la Fiscalía.
"Es así como fue imputado por los presuntos delitos de homicidio agravado y lesiones personales", dice la Fiscalía en el documento.
En cuanto al coronel Vega, la Fiscalía lo señala de que presuntamente desconoció su posición de garante.
"Los elementos probatorios indican que el oficial, como comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, era el jefe de servicio y el encargado de orientar las acciones de sus subalternos para restablecer el orden, los días en los que se presentaron los eventos en los que estarían involucrados algunos integrantes del Goes y por los que es procesado el teniente Mancilla Gonzalías", dice la Fiscalía. www
"De esta manera, hay indicios de que el coronel Vega Gómez, presuntamente,
desatendió su posición de garante y no actuó para evitar el fatal desenlace y las graves lesiones ocasionadas a otras cinco personas", anota el ente acusador en su informe.
En la Policía Metropolitana de Cali indicaron que se está a la espera del avance de la investigación para hacer un pronunciamiento oficial.
CALI
