En el sector de El Socorro, a dos días de camino, donde nace el río Felidia y luego es afluente del río Cali, se ha detectado la presencia de minería y que genera riesgo de contaminación.
Esta semana en el lote en Arbolito, en las afueras de Pichindé, zona rural de Cali, habitantes rechazaron un puesto de carabineros de la Policía. El lunes habían taponado el acceso al Parque Farallones.
Los voceros de la comunidad dicen que el control a la minería es una labor que está ejerciendo el Ejército a través de un batallón de alta montaña. Cuestionan la tala de árboles para la obra y exponen sus dudas a un retén policial o puesto cuando las leyes internacionales hablan de que no deben estar próximos a una comunidad.
El Dagma informó que la obra se suspende temporalmente mientras se aclaran las dudas a la comunidad, pero el puesto debe hacerse.
Con puestos itinerantes en la parte media de Farallones y el batallón de Alta Montaña No. 3 a 3.400 metros de altitud, el Ejército participa en la lucha contra minería y bandas criminales.
Juan B. Díaz/EL TIEMPO
La obra es un complejo en el sector Arbolito, con un costo estimado de 1.490 millones de pesos, donde además de los efectivos de Carabineros de la Policía se tendría personal del Dagma y de Parques Naturales como entidades ambientales de la ciudad y el país.
En el Concejo se planteó que "la decisión de construir un retén forestal en una zona estratégica de ingreso a los Farallones de Cali como medida preventiva para mitigar el trabajo artesanal de la minería ilegal y el comercio ilícito de fauna y flora, no puede ser una decisión que se consulte con la comunidad y el gobierno local debe continuar las obras puesto que lo que está en juego es el futuro ambiental de la región".
El primer vicepresidente del Concejo, Roberto Rodríguez Zamudio, dijo que “el Alcalde Armitage no puede caer en la manipulación permanente de la presión ciudadana y suspender decisiones que son necesarias, en este caso, para garantizar el agua potable, la flora y la fauna que hace parte del ecosistema y el paisaje natural de todos los caleños”.
Redadas y controles no frenan la minería ilegal en el Parque Natural Nacional Farallones, a lo que se suman cultivos de coca. Recién se descubrió túnel que desviaba curso de quebrada.
Archivo/EL TIEMPO
Recordó que en abril de 2017, adelantó un debate sobre minería ilegal, que reveló el daño ambiental que genera para las fuentes hídricas la explotación artesanal en las minas del socorro. “Desde esa fecha se anunció la construcción del retén forestal, “por lo que no se trata de una obra impuesta, sino por el contrario, una obra coordinada que no requiere de consulta, dado que está en juego son los recursos naturales de una región y un país”.
Para Rodríguez Zamudio, “son las personas interesadas en la minería ilegal las que se afectan con la construcción del retén forestal, por lo que no se puede caer en el juego de una minoría”.
Los manifestantes aseguran que no son los mineros, sino habitantes que han cuidado la región.
Las autoridades sostienen que la construcción del retén forestal está señalada en Sentencia que así lo ordena desde 2015.
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