¿Qué podría pasar con policía que se opuso a desalojo en Cali?

¿Qué podría pasar con policía que se opuso a desalojo en Cali?

Operativos se realizan desde el 2018 y se habían suspendido hasta este martes. Está incomunicado.

La Viga, donde se llevó a cabo el desalojo, corresponde a Pance, corregimiento de Cali.

La Viga, donde se llevó a cabo el desalojo, corresponde a Pance, corregimiento de Cali.

Foto:

Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Por: Cali
10 de junio 2020 , 06:05 p.m.

“Me acaban de dar una orden de desalojo y estamos en cuarentena, yo sé que me van a trasladar lejos, pero es algo injusto. No les van a dar vivienda, ni a reubicar. Están abusando de los derechos humanos”. 

Estas fueron las palabras del patrullero Ángel Zúñiga Valencia, de la Policía Metropolitana de Cali, quien manifestó su desacuerdo con el operativo.

“Yo soy policía, soy patrullero, me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos. Hagan lo que quieran conmigo, si quieren me salgo ya, échenme ya. Llevo 10 años de patrullero y esto es un abuso”, señaló. 

Aspecto de la demolición en esta zona del corregimiento Pance.

Aspecto de la demolición en esta zona del corregimiento Pance.

Foto:

Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

El patrullero enfrenta un proceso disciplinario en la Policía, tras no acatar la orden el martes de esta semana de apoyar un desalojo y demolición de ocho viviendas en el sector La Viga, en la zona rural de Cali, en un operativo para restituir un predio de la Alcaldía de la ciudad.

El patrullero quedó incomunicado. Estaría en una estación de Policía, luego de entregar su arma de dotación. Sería sometido a un proceso jurídico que podría implicar una sanción, la destitución de la Policía o un traslado a otra estación. 

Según abogados consultados por este medio, la finalidad del derecho disciplinario es la de asegurar las condiciones mínimas inherentes a la actividad oficial indispensable para la atención de asuntos a cargo del Estado en cumplimiento a los principios de eficacia, igualdad, moralidad, celeridad, imparcialidad, economía, y publicidad, y sobre todo que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones. Estas condiciones mínimas de las cuales salvaguarda el derecho disciplinario son la “obediencia, disciplina, eficiencia de los servidores públicos. 

Así mismo, uno de los fines del Estado y de personas vinculadas a la Fuerza Pública como policías y soldados es servir a la comunidad. Así lo señala la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 2. Es por ello que son servidores públicos en un “conjunto de órganos encargados de cumplir las múltiples intervenciones del Estado moderno y de prestar los servicios que el Estado moderno atiende”.

De igual forma, el Estado colombiano tiene como función “defender la independencia nacional y mantener la integridad territorial”.

Policía se negó a realizar un desalojo en Cali
Policía se negó a hacer desalojo en Cali

Expertos dicen que la actividad de defensa, encargada a las Fuerzas Militares y de Policía, es un servicio público.

En otras palabras, se puede estructurar la falta disciplinaria cuando el servidor público adscrito a la Policía Nacional conoce que su actuar constituye una violación al régimen disciplinario y propende por su realización.

Como tiene la plena voluntad para actuar, la conducta es culposa cuando se realiza sin el propósito de causar el daño, pero se obra con imprudencia (falta de cautela o precaución) o negligencia (falta de diligencia, es decir, de cuidado, de celo o de esmero en la ejecución del acto o función).

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Pero también se incurre en culpa gravísima cuando en la conducta del servidor público se incurre en ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

Si la falta es gravísima y dolosa o con culpa gravísima, la sanción podría ser destitución o inhabilidad general por 10 o 20 años.

Si la falta es gravísima con culpa grave o grave dolosa, la sanción podría ser suspensión e inhabilidad especial entre 6 y 12 meses, sin remuneración.

En cuanto a las faltas graves con culpa gravísima, la sanción podría ser suspensión e inhabilidad especial entre un mes y 179 días sin derecho a remuneración.

Ahora bien, el patrullero podría alegar en su defensa objeción de conciencia, explicando que no podía cumplir una orden arbitraria por considerar que presuntamente se estarían violando derechos de una comunidad.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Manuel Vásquez, indicó que hay situaciones en las que todos somos seres humanos, pero resaltó unos deberes de la Fuerza Pública por cumplir y esta era una orden. "En el cumplimiento del deber, los policías no perdemos nuestra condición humana", expresó el alto oficial. Pero luego dijo: “Ningún policía puede hacer caso omiso a la orden de los superiores y menos entorpecer algún procedimiento”.

El general Vásquez dijo, además: "El patrullero se encuentra laborando. Cualquier decisión que se pueda surtir desde el orden administrativo o disciplinario o judicial se enmarcará dentro del debido proceso con todas las garantías y frente a cualquier decisión que se pueda determinar, el único competente será un juez que administre justicia en nombre de todos los colombianos. 

El patrullero se encuentra laborando. Cualquier decisión que se pueda surtir desde el orden administrativo o disciplinario o judicial se enmarcará dentro del debido proceso

“Me dieron la orden de sacar a una señora y no lo hice, es algo injusto. La máquina ya entró, van a tumbar el maíz, las casas, estamos en cuarentena y la gente va a quedar sola y desamparada”, sostuvo el policía en esta historia de un desalojo que empezó en 2018. 

Así lo dijo Patricia Inés Corina Cáceres, subsecretaria encargada de Acceso a Servicios de Justicia de Cali, al explicar que en ese año se emitió un acto administrativo  de  recuperación de bienes en esa zona. Según la funcionaria, este es un terreno público, es decir, es del Estado con zonas verdes, además de que se buscaba recuperar con el desalojo el área de los 30 metros en cada ribera del río Pance, área que es de protección del cauce. 

La funcionaria reiteró que este lote es de la Alcaldía de Cali.  

Añadió que toda esta gestión de recuperar el lote se dio con todos los avales jurídicos. 

"Este es un proceso en trámite desde noviembre de 2018 que inició el corregidor de Pance. Tuvo que ser suspendido por solicitud de la Personería y el martes se le dio continuidad", dijo la subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia de Cali. 

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En el sitio había unas 10 personas, sostuvo la funcionaria. 

"Las personas que se ven afectadas con la medida de restitución ejercieron el derecho a la defensa en su momento e instauraron 20 acciones de tutela que fueron declaradas improcedentes. Es decir, el desalojo de este martes se realiza con toda la seguridad jurídica porque se agotó el debido proceso", afirmó. Cáceres. 

CALI

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