'Víctimas de masacre habrían tratado de rescatar a dos secuestrados'

'Víctimas de masacre habrían tratado de rescatar a dos secuestrados'

Alcalde de Toribío plantea nueva hipótesis por los asesinatos de cinco personas en Tacueyó, Cauca.

Esta es la camioneta atacada.

Esta es la camioneta atacada.

Foto:

Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Por: Popayán y Cali
30 de octubre 2019 , 12:44 p.m.

El alcalde de Toribío, Alcibíades Escué, señaló que la masacre de cinco personas, entre ellas una gobernadora aborigen, habría sido el resultado de un intento de la guardia indígena que acompañaba a la dirigente de estas comunidades por rescatar a dos personas que, al parecer, habían sido secuestradas por hombres armados. 

Los plagiados son una pareja, un hombre y una mujer que iban amarrados en un vehículo y que iban a ser fusilados por los presuntos disidentes de las Farc. 

La camioneta en la que se desplazaban la gobernadora asesinada Cristina Bautista y los guardas indígenas José Gerardo Soto, Asdrúval Cayapú, Eliodoro Inscué y James Wilfredo Soto coincidió en un punto de control de Tacueyó con el primer automotor, en la vereda La Luz, explicó Escué. "Los atacaron a sangre y fuego", dijo el alcalde. 

El vehículo quedó en una zona de complejo acceso.

El vehículo quedó en una zona de complejo acceso y donde las víctimas quedaron vulnerables.

Foto:

Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Anotó que cuando la guardia indígena de la gobernadora trató de ayudar a la pareja secuestrada, los desconocidos arrojaron el vehículo con ambos adentro a un precipicio. No obstante, según el mandatario Escué, la pareja habría sobrevivido a la caída, mientras que los hombres armados atacaron la camioneta de la gobernadora indígena, dejando el trágico saldo, y luego huyeron.

Entre tanto, la Fuerza Pública sigue atribuyendo este múltiple asesinato a la disidencia 'Dagoberto Ramos' de las Farc, que llevaban dos personas que, al parecer, las iban a fusilar, dijo el mandatario.

Así mismo, el Ejército entregó una versión de que la guardia indígena había sido atacada en retaliación por capturas que estas comunidades habían hecho de hombres, al parecer, al servicio de disidencias. Fueron identificados con los alias de Barbas, Chinga y Javier. 

El consejero presidencial de Seguridad, Rafael Guarín, rechazó la masacre y señaló que la no articulación entre autoridades indígenas y la Fuerza Pública es lo que está facilitando las acciones delictivas en la región.

“La defensa del territorio donde viven las comunidades indígenas y su protección son responsabilidad compartida entre las autoridades indígenas y el Gobierno Nacional. Es indispensable superar los obstáculos que impiden la coordinación y articulación con la Fuerza Pública”, dijo Guarín.

Según el funcionario, "la presencia de los grupos armados organizados en el norte del Cauca obedece específicamente al control de las rentas y cultivos ilícitos; en 2013 teníamos 3.326 hectáreas de coca, para el año 2018 teníamos 17.000 hectáreas".

Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), rechazó los señalamientos del consejero presidencial Guarín. “La Fuerza pública ya está dentro del territorio. La información que tengo es que hay siete bases en el norte del Cauca”, agregó el consejero mayor del Cric.

POPAYÁN Y CALI

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