Aún quedan interrogantes sin resolver en la masacre de cinco menores en Cali, pese a que el Juzgado 25 Penal Municipal envió a la cárcel a dos capturados, de los tres presuntos directos implicados en estos asesinatos, cuyas víctimas eran afrodescendientes y del marginal barrio Llano Verde.
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La Fiscalía informó que estos crímenes en todo el borde donde termina el oriente de la capital vallecaucana se perpetraron dentro de predios de la hacienda Las Flores, que corresponde al corregimiento Navarro.
Son terrenos de cañaduzales que serían parte de los llamados ejidos de la ciudad, los cuales han estado envueltos en litigios jurídicos en los últimos seis años para determinar quiénes son sus propietarios, si el municipio o privados. Los ejidos eran terrenos que la entonces Corona española, en el siglo XVI, entregó a una población de servidumbre para que tuviera un lugar de esparcimiento. Hoy, esos ejidos alcanzan unos 14 millones de metros cuadrados, de los cuales 2 millones son propiedad del municipio, y el resto sería de haciendas y predios particulares.
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La Fiscalía señaló que uno de los dos capturados, el caleño Juan Carlos Loaiza, trabajaba haciendo turnos de vigilante en una empresa de vigilancia. Es en este punto que vienen las dudas de si esa vigilancia operaba para el predio donde se hallaron los cuerpos, que colinda con Llano Verde. Este es el barrio que el Estado autorizó en 2013 con construcciones para llevar allí a familias en situación de desplazamiento por el conflicto armado de la época, así como de reinsertados y reubicados de zonas inundables, como el Jarillón del río Cauca.
Este es LLano Verde y los terrenos sin construir serían los ejidos, donde termina el oriente de Cali. En esos terrenos hay cañaduzales y en uno estaban los cadáveres de los menores.
Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO
El TIEMPO consultó diversas fuentes en la Alcaldía y de personas que conocen la historia de los ejidos y todas coincidieron en afirmar que el cañaduzal donde aparecieron los cinco cadáveres está en manos privadas.
Inclusive, el alcalde Jorge Iván Ospina dijo el viernes, cuando el presidente Iván Duque anunció las capturas de Loaiza y de Yefferson Marcial Angulo en un operativo a la medianoche del jueves 27 de agosto: “Invito a los dueños de la tierra a que cuando vayan a pagar la seguridad de su propiedad no contraten empresas informales, que no estén registradas en la Superintendencia de Vigilancia”.
Invito a los dueños de la tierra a que cuando vayan a pagar la seguridad de su propiedad no contraten empresas informales, que no estén registradas en la Superintendencia de Vigilancia
El mandatario de la ciudadanía caleña también sostuvo: “Estos asesinos habían sido contratados para cuidar esta tierra”.
El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, explicó que “preliminarmente se puede decir que esta finca donde aparecieron los jóvenes asesinados es de una familia, son dos adultos mayores”.
El funcionario añadió: “Yo hablé con ellos como hace unos 15 días u ocho días. Ellos, entiendo yo, alquilan su finca para el cultivo de la caña de azúcar; es como una propiedad familiar y tiene una tradición de muchos años. No sé si son 70 u 80 años que esta familia tiene esa finca. Tampoco tengo claro si esta área pertenece al área de ejidos, pero sí sé que los miembros de la familia con que yo hablé me dicen que son los propietarios".
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Con respecto a la empresa para la cual trabajarían los capturados, el secretario Rojas dijo: "Ellos dicen que trabajan para una empresa; lo que tengo entendido es que es de origen santandereano, que se ganó una licitación y me parece que es una de las empresas que está haciendo reforzamiento en el Jarillón del río Cauca, pero no tengo claro todavía si es estrictamente esta empresa”.
El funcionario agregó: “Nosotros ya estamos trabajando en esto, desde el jueves de la semana pasada. Esperamos en esta semana, en la Secretaría de Seguridad, tener un poco más de contexto y claridad, sobre todo sobre la empresa a la que ellos dicen pertenecen, además la legalidad de la misma y, adicionalmente, lo relacionado con a quién le prestaba servicio esta empresa de seguridad”.
Tener un poco más de contexto y claridad, sobre todo sobre la empresa a la que ellos dicen pertenecen, además, la legalidad de la misma y a quién le prestaba servicio esta empresa de seguridad
Teniendo en cuenta estas explicaciones, los dueños del predio del cañaduzal no tendrían relación con la empresa donde laboraban los supuestos implicados –Loaiza, Angulo y un hombre que está prófugo, identificado como Gabriel Alejandro Bejarano–. Este último tiene dos condenas por porte de armas y violó la casa por cárcel.
Según la Fiscalía, dos veces; una para cometer, presuntamente, la masacre con los dos detenidos y la segunda, cuando la Policía y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía fueron a capturarlo por la masacre.
Sin embargo, vienen más dudas. Así lo expresó uno de los abogados de las víctimas, Élmer Montaña.
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El abogado dijo que los detenidos, que ahora están presos mientras avanza la investigación por la masacre porque no aceptaron cargos por homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo con tráfico de armas, también agravado, los tres presuntos implicados, trabajaban en una constructora.
Agregó que la sede de esta constructora estaría ubicada a unos tres kilómetros del sitio donde fueron hallados los cuerpos de los adolescentes, en la noche del 11 de agosto.
La Fiscalía mencionó una empresa, en la cual, en el caso de Angulo, manejaba una retroexcavadora o maquinaria pesada. Loaiza y Bejarano serían vigilantes. Pero no hay claridad de si esta entidad es santandereana o si tiene instalaciones en Tunja, Boyacá.
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La Fiscalía identificó a los dos capturados como Juan Carlos Loaiza (izquierda) y Yefferson Marcial Angulo. Autorizó la publicación de sus imágenes en la audiencia de imputación de cargos.
Fiscalía
Montaña también dijo que no está de acuerdo con la Fiscalía en que los imputados eran vigilantes.
Pese a todas estas versiones, de todas maneras, la Fiscalía señaló que los tres presuntos implicados se conocían, pues Loaiza manejaba una moto y Bejarano solía ser visto como parrillero en este vehículo.
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El abogado Montaña anotó que la Fiscalía no puede dar por sentado que el móvil de estos crímenes era que los menores fueron a comer caña y por eso los habrían matado.
También dijo que aunque Loaiza y Angulo señalaron a Bejarano como la persona que habría disparado, no hay claridad de quién asesinó al único menor de las cinco víctimas que tenía una herida por arma cortopunzante en el cuello y golpes. Así lo corroboró el propio padre del menor.
Esta víctima era Álvaro José Caicedo, de 14 años. Su progenitor, del mismo nombre, dijo que lo encontró con esa herida, entre los primeros familiares que hallaron los cadáveres en el cañaduzal, el 11 de agosto.
Esta escena fue parte de una movilización de la comunidad de Llano Verde, clamando por justicia.
Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO
Hasta ahora, la Fiscalía, como lo dijo el juez 25 penal municipal, solo ha reconocido que los dos capturados estaban en el cañaduzal entre las 12:30 del día y la 1:30 de la tarde del 11 de agosto, cuando habría ocurrido la matanza y por ello serían coautores.
Los demás menores con heridas por arma de fuego en la cabeza, según las necropsias referidas por la Fiscalía, fueron Léider Cárdenas, Jair Cortés y Luis Fernando Montaño, ellos, de 15 años; y Jósmar Jean Paul Cruz, de 16 años.
Montaña dijo también que los capturados reconocieron que participaron, "que emboscaron para retener a los niños, que los pusieron en situación de indefensión y de la manera más brutal los asesinaron".
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Solicitó que se dé cuenta a toda la opinión pública de la verdad de lo ocurrido al mediodía de ese martes 11 de agosto. "¿Por qué estas personas tomaron la decisión de asesinar a estos niños? ¿O si estaban cumpliendo órdenes de otros? ¿Por qué llegaron hasta allí?", preguntó Montaña.
El también abogado Jonathan Velásquez, como otro representante de las víctimas, cuestionó que si Loaiza y Angulo no asesinaron a los menores, ¿por qué participaron en su persecución? ¿Por qué se quedaron callados después de los asesinatos? ¿Por qué siguieron con sus vidas?. Destacó, además, que Loaiza y Angulo intentaron eludir a la justicia en su propósito de capturarlos.
La Policía Metropolitana de Cali dio a conocer el rostro de Gabriel Alejandro Bejarano, a quien le decían el ‘Mono’.
Sin embargo, el abogado Montaña sostuvo que habiendo hablado con miembros de la comunidad y familiares de los adolescentes, Gabriel Alejandro Bejarano hoy tendría barba y en el retrato que difundió la Policía, ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos, está afeitado.
Montaña dijo que su rostro habría cambiado por lo que solicita, así como lo hacen familiares de las víctimas, que la Policía haga un segundo retrato del prófugo y que lo ponga a circular. Es decir, que se divulguen ambos retratos, sobre cómo se vería con barba o sin ella.
Cuestionó, además, que si las autoridades venían proponiendo una recompensa de hasta 200 millones de pesos, por qué ahora para quien dé informes sobre Bejarano se ofreció 20 millones.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CALI
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