Gabriel Alejandro Bejarano, quien presuntamente hizo los disparos que causaron la muerte a cinco adolescentes el pasado 11 de agosto, en un cañaduzal del oriente de la capital del Valle del Cauca, afrontaba dos condenas pero tenía beneficio de detención domiciliaria.
El último día que se le hizo una visita fue hace más de un año y ya no residía en el domicilio registrado, dato que el Inpec siempre supo. Abogados de las víctimas, en el barrio Llano Verde, no entienden por qué estaba libre.
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Un análisis de su cartilla biográfica en el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) indica que Bejarano había sido capturado el 18 de abril de 2011.
El 23 de junio de ese año el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado le dictó una condena de 3 años y 3 meses por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
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El 3 de diciembre de 2012 el Juzgado 10 Penal del Circuito le aplicó otra condena por 7 años y 10 meses también por porte, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
El 23 de mayo de 2013 le revocan el beneficio de la prisión domiciliaria por el incumplimiento a las obligaciones. Al tener otro proceso y habérsele negado la acumulación jurídica de penas, el 10 de marzo de 2016 dentro del proceso 201200528 se le concedió la prisión domiciliaria.
En la cárcel tuvo dos años calificaciones de buenas conductas y los tres siguientes hasta 2016 se le calificó como ejemplar.
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El 8 de enero de 2018 ,a las 7:03 p. m., la Policía se encontró con que el interno ya no vive en la residencia referida. Sus cambios de domicilio se repitieron. Su proceso estaba a cargo del Juzgado 5 de Ejecución de Penas de Cali.
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El abogado Elmer Montaña, apoderado de familiares de víctimas, dice que -a pesar de las condenas- el señalado asesino trabajaba para una firma que el año pasado se mencionó en una investigación de la Fiscalía como de fachada para el tráfico de armas.
Las autoridades investigan si ese movimiento de elementos bélicos era para disidentes, aunque en la zona se asegura que otras redes como bandas criminales estarían en ese mercado clandestino.
En los años de reclusión, a Bejarano se le practicaron nueve visitas por parte del Inpec y la Policía. El 13 de diciembre de 2017 a los patrulleros policiales se les informó que el procesado hace más de un mes no vivía en el lugar que debería permanecer.
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Los 2 capturados por el asesinato de los niños de Llano Verde afirmaron que trabajaban para una empresa constructora que tiene su sede principal en otro Dpto y no como vigilantes, tal y como se ha venido afirmando en los medios de comunicación y las redes sociales.
— Elmer José Montaña G (@elmermontana) August 29, 2020
El 8 de enero de 2018, el reporte policial dice que se les indicó a los uniformados que ya no vivía en la residencia visitada. La situación no fue denunciada ante la Fiscalía como fuga de presos y está pendiente de establecer si se le reportó al Juzgado de Ejecución de Penas.
La última revista fue el 9 de agosto de 2019 y así desde hace 13 meses no se conocía su paradero y ahora es prófugo del múltiple crimen en Llano Verde.
CALI