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Las trampas letales que se llevaron a 4 exmilitantes empeñados en paz
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Hernando Ramos Menza cuando dejó las armas

Archivo particular

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Las trampas letales que se llevaron a 4 exmilitantes empeñados en paz

A cinco caucanos les atrajo temprano la guerrilla. Solo uno sobrevive y no quiere más guerra.

Los cinco eran adolescentes cuando, cada uno por su cuenta, decidió irse detrás de esos hombres del brazalete 'Farc', en las montañas del Cauca.

Pasaron a vivir entre combates, trincheras y campamentos en distintos sitios del país. Volvieron desmovilizados, pero a cuatro los asesinaron y el quinto se resiste a volver a las armas.

Por estas muertes, apenas la Guardia Indígena ha conseguido capturas en uno de los casos.

(Lea en contexto: Cauca: los patrones de los asesinatos y amenazas a líderes)

A Hernando Ramos Menza le echaron ojo desde cuando se parqueó en una esquina de Caldono, un municipio del Cauca donde muchos de sus habitantes no olvidan los estruendos de disparos y explosiones.

(Ingrese al especial: Cada seis días han matado a un excombatiente de las Farc)

Él, quien llevaba más de cuatro años de haber entregado sus armas como guerrillero de las Farc, no vio venir el peligro. Una señora que había pasado para arriba y para abajo, se le acercó hacia las 9:30 de la mañana del 6 de noviembre de 2020.

Ella le pidió que le hiciera una carrera como 'motorratón'.

Ramos ya no era el 'faroso' que dejó en la adolescencia su comunidad indígena nasa y llegó a llamarse 'Freddy'.

Ni el que estuvo en la columna móvil 'Jacobo Arenas', creada en Guaviare, como un comando élite, con expertos 'pisa suave': guerrilleros rigurosamente entrenados para ataques relámpago.

De los 1.063 desmovilizados en Antioquia, el 70 % permanece en los espacios territoriales de Capacitación.

Foto:

Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En las antiguas filas, cuentan, era de los que interpretaba música.

Un allegado dice que en esa época pasaban tiempos sin saber si estaba vivo o muerto porque no regresaba a su tierra.

Hasta el 26 de septiembre de 2016 cuando en su resguardo indígena, en la población caucana de Caldono, lo vieron llegar como uno de 1.274 combatientes desmovilizados.

Ramos entró al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Los Monos, en la vereda Santa Rosa, también en Caldono, uno de los dos municipios caucanos más azotados por el conflicto armado después de Toribío. 

Con más de 200 exguerrilleros, Ramos impulsó la cooperativa Multiactiva Economía La Esperanza del Pueblo y metió brazo en el cultivo de 70 hectáreas en aguacate Hass.

A la espera de la primera cosecha servía de ‘motorratón’ en alguna esquina de Caldono.

No declinaba en cambiar de vida cuando ya corrían amenazas y asesinatos atribuidos a disidencias o a grupos de origen paramilitar. El primero de noviembre de 2020, a Bogotá, llegaron unos 2.000 exguerrilleros a pedir freno a esa violencia. Y el 6 de noviembre se anunció una reunión con el Gobierno.

(Además: El asesinato del hombre que dejó las armas luego de tres guerras)

Como si fuera una coincidencia fatal, o un desafío, pasadas las 11:00 de la mañana de ese día, la radio caucana reportó la muerte de otro reincorporado.

Era Ramos, a quien esa señora le había pedido una carrera en moto hasta las vecindades de la propia zona de Los Monos. Cuando ella le pagaba, aparecieron tres hombres y dispararon contra el hombre que, según cuentan, puso el cuerpo para evitar la muerte de la misma mujer que lo llevó a terminar sus días.

La justicia indígena

La investigación del asesinato de Ramos fue asumida por la jurisdicción especial indígena, dado el artículo 246 de la Constitución de 1991 que establece que las autoridades de los pueblos podrán ejercer funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial con sus normas, siempre que no sean contrarios a principios constitucionales, explica Jhoe Sauka, el comisionado de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

Ramos, quien era nativo, cayó herido de muerte en territorio de resguardo Pioyá, en Caldono. Entonces, el gobernador del resguardo San Lorenzo del pueblo nasa le informó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y a la Policía, con lo que las autoridades indígenas asumieron el levantamiento e investigación.

En las siguientes horas localizaron a la mujer que llevó a Ramos hasta allí. Así determinaron que, bajo amenazas de secuestrar a sus hijos, la obligaron a contratarlo como mototaxista.

En la región se asegura que en este caso no solo se buscaba asesinar a Ramos, sino a otras dos personas no identificadas.

En las indagaciones se descubrió que un menor de edad fue el encargado del armamento y dejó una nota sobre el cadáver con el letrero: “Epl somos los responsables. Era un colaborador de las desidencias (sic) de las Farc. Y así los vamos a coger a todos”.

En siete días, la asamblea mayor indígena ordenó la captura de Jhon Guetio y Jesús Collazos por el homicidio.

(Le puede interesar: Investigan denuncias políticas que hizo el periodista Marcos Montalvo)

"Las autoridades indígenas pueden detener a personas de la comunidad y existe controversia jurídica cuando no lo son, pero se ha hecho en casos delicados", dice Sauka.

En menos de tres semanas, en asamblea de la comunidad, Guetio y Jesús Collazos fueron condenados a 30 años, la señora a 20 años y el menor de edad, a 8 años. Un quinto involucrado está prófugo y las autoridades indígenas enviaron circular a la Fiscalía o la Policía para que active esa búsqueda.

En el caso de los tres primeros detenidos se acudió al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) para el encarcelamiento. El menor de edad pasó a una entidad local bajo acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Lo que no está claro es quiénes ordenaron el homicidio. A Ramos lo acusaron de pertenecer a la Segunda Marquetalia y de ser extorsionista, según panfletos a nombre de la disidencia Dagoberto Ramos.

Pero el Epl, según el papel hallado al lado del cadáver, es un nombre usado por ‘Los Pelusos’, cercanos al ‘Clan del Golfo’ y a las 'Águilas negras'.

A Norelia y 'Macancan' los recordarán por café de paz

Al Espacio Territorial de La Elvira, en Buenos Aires, municipio del Cauca, entre 71 excombatientes, en octubre de 2017, llegaron Norelia Trompeta Hachacué, Yorbis Valencia Carabalí y Arnoldo Medina Urcué, quienes un año atrás habían dejado las armas.

Norelia Trompeta Hachacué, asesinada en zona rural de Suárez (Cauca).

Foto:

Archivo particular

Norelia se fue desde su adolescencia a las Farc y, según quienes la conocieron, ejercía tareas de enfermería en los campamentos y las travesías por las montañas.

A sus 25 años estaba asociada a la Cooperativa Ecomún La Esperanza. Solo unas semanas antes había terminado sus estudios en bachillerato y buscaba homologar sus conocimientos en enfermería.

La idea era que prosperaran los cultivos como el del café. Pero el 25 de junio de 2020 empezaron una alerta sobre el paradero de Norelia y de Yessica Rodríguez Lozano, de 24 años, quien sería su amiga.

A las 10.30 de la noche se reportó el hallazgo de los cadáveres de mujeres en un sendero de la vereda El Palmar, corregimiento de Timba, en Buenos Aires. Ambas presentaban heridas de bala en la cabeza.

"No es una más, son los sueños asesinados de una generación que creyó en la paz", dice el mensaje que le dedicaron a Norelia.

Todavía no hay detalles sobre las circunstancias y responsables del doble crimen.

Yorbis Valencia, a quien llamaban 'Anderson Guerrero, pero conoc'ian como 'Macancan'.

Foto:

Archivo particular

La noticia de esa muerte preocupó a Yorbis Valencia, a quien llamaban 'Anderson Guerrero', en el Bloque Oriental, el más grande de las Farc, con presencia en Guaviare, Caquetá, Vichada, Arauca, Cundinamarca y Guainía. 

Un grupo relacionado con tomas y las llamadas ‘pecas milagrosas’: secuestros en retenes ilegales en la vía al Llano.

A Valencia lo llamaban 'Macancan por su fortaleza. Pero sus compañeros lo recuerdan por el baile y las bromas, las mismas que expresó al dejar las armas.

En La Elvira se dedicó a su familia y a la Cooperativa Ecomún La Esperanza (Cecoespe), que impulsó la marca de café ‘Sabor La Esperanza’, uno de los productos más emblemáticos de la reincorporación.

(Lea también: Grupo especial de Policía y Fiscalía, tras asesinato de Marcos Montalvo)

Ante las amenazas y peligros, Valencia, con su esposa, se trasladó al casco urbano de Buenos Aires. El domingo 25 de julio de este año, iba en vehículo a su vivienda. De repente, hombres armados se atravesaron en la vía; él trató de seguir, pero lo acribillaron.

Su familia y la comunidad, que lo veía como portador de paz, siente desesperanza. El crimen ocurrió, tras una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, en la que se advertía la expansión territorial y control por grupos armados (Águilas Negras y disidencias 'Jaime Martínez' y 'Dagoberto Ramos').

El final de un sobreviviente del Frente 30

Arnoldo Medina Urcué cumplía 13 años cuando se despidió para ir a cargar armas y subir cordilleras, entre balas y alertas por sobrevuelos.

Arnoldo Medina Urcué, asesinado en Buenos Aires (Cauca)

Foto:

Archivo particular

No sabía leer ni escribir, pero aprendió y en los más de 30 años, gracias a su simpatía en las filas guerrilleras, llegó a la dirección de la columna móvil ‘Daniel Aldana’ en Tumaco y fue comandante del frente 30 ‘Rafael Aguilera’.

A ese frente se le cita en la toma de la Hidroeléctrica de Anchicayá (Buenaventura) en el 2000; el ataque a la base de Cerro Tokio en Dagua en 2001; y el secuestro de los diputados del Valle del Cauca en 2002.

A finales de mayo de 2000, cuando los paramilitares entraron al norte del Cauca, cuentan que ‘Nelson’ enfrentó no pocos combates contra las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que asesinaban a cualquier persona que se les cruzara en el camino.

Medina, de 51 años, no conocía otra vida hasta el 26 de septiembre de 2016 cuando se firmó el Acuerdo de Paz. Luego de su desmovilización lo bautizaron ‘Nelson 30’ porque era uno de los sobrevivientes del frente guerrillero.

Al llegar al ETCR en El Ceral - La Elvira, municipio de Buenos Aires, apoyó la creación de la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de Mandivá Cauca Ecomún (Coomamce), en 2018.

En noviembre de 2020 llegan a Bogotá a rechazar crímenes de excombatientes. Pero violencia siguió.

Foto:

EL TIEMPO

Convenció a sus excompañeros a sumar dinero para un proyecto de piscicultura. Pese a las amenazas, Medina se quedó en Mandivá, el nombre de un río en la ruta de Popayán a Cali. Oficiaba como coordinador de un esquema de la Unidad Nacional de Protección de Víctimas (UNP). Y se presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

A la cooperativa solo le llegó la aprobación en abril de este año. Medina, como padre soltero, con cuatro hijos —uno de 2 años— no quería volver a las armas.

Pero hacia las 5:45 de la madrugada del 30 de ese abril, cuando dormía con otros allegados, el silencio fue interrumpido por siete hombres armados.

A los parientes los amarraron y al reincorporado lo sacaron de la casa a la fuerza. No cesaba el llanto de su pequeño hijo cuando sonaron los disparos.

Por ahora, no se ha determinado la autoría del homicidio, pero los reincorporados saben que los asesinos andan sueltos.

POPAYÁN Y CALI
REDACCIÓN EL TIEMPO

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