En el mar también se guardan secretos, más si son de pesca en territorios prohibidos. Quienes vienen de Ecuador, Costa Rica, Nicaragua o Panamá no confiesan nada de rutas ni destinos cuando se arriesgan a llegar a cercanías de Malpelo, en el Pacífico colombiano.
“Solo es para comer”, dicen. Luego regresan a ese silencio que los acompaña en faenas en las que se aventuran de noche y madrugada para arrojar aparejos con decenas de anzuelos. No se asustan ante ese vaivén ni las tempestades.
En eso estaban los 21 ecuatorianos y seis colombianos que fueron descubiertos el pasado 16 de abril en seis lanchas alineadas a 18 millas (unos 26 kilómetros) de Malpelo, ese territorio colombiano declarado por la Unesco patrimonio de la humanidad, en julio de 2006. En los corales quedaron las huellas de las anclas de esas embarcaciones, como un daño que requerirá tiempo para cicatrizar.
La Armada Nacional, con el apoyo de defensores de ese santuario de fauna y flora como la Fundación Malpelo y Parques Nacionales, los detectó cuando ya tenían en esas naves, de banderas del Ecuador, más de una tonelada de atún, meros, sardinatas y cabezudos.
Malpelo, que en 2017 pasó de 950.000 a 2,6 millones de hectáreas protegidas, tiene registradas unas 395 especies en el mar. Allí se localiza la colonia de aves marinas más grande del país, con medio centenar de especies. Cruzan el alcatraz, la gaviota y el piquero enmascarado.
No es la única incursión de pesca advertida por entidades que mantienen ojos en esa roca viviente, de formación volcánica, y en la vecina isla de Gorgona. El año pasado fueron decomisadas 4,5 toneladas de pesca; este año, el registro se acerca a esa cantidad, dice el capitán de navío Jesús Suárez, comandante de la Flotilla de Superficie del Pacífico.
El oficial califica de osados a marineros que cruzan millas y millas para pescar en territorio bajo protección. Usan en lanchas de unos 70 caballos de fuerza, con víveres y combustible para unos días. Eso demanda que sean estratégicos para ir tan lejos de sus países y tener lo justo para volver. Pero destaca que haya coordinación para las tareas de protección.
La mayoría de marineros sorprendidos en aguas colombianas son ecuatorianos, quienes salen de alrededores de los puertos de Manta o Esmeraldas. Son más de 200 millas. Fuentes de ambos países dicen que los pescadores regresan a ciertos puntos, descargan y se abastecen para volver a sus faenas. Sus mejores meses son de diciembre a marzo.
La pesca ilegal no solo inquieta a las autoridades colombianas, como se ha planteado en los últimos años en encuentros internacionales. Se estima que la pesca no declarada ni reglamentada (INDNR) deja pérdidas estimadas en más de 36.000 millones de dólares anuales, para unos 26 millones de toneladas.
Johan Bergenas, director de Políticas Públicas de Vulcan, organización estadounidense dirigida por el cofundador de Microsoft, Paul G. Allen, en una entrevista a la BBC Mundo, dice que la dinámica alrededor de la industria pesquera es ideal para un conflicto armado. Las áreas con mayores conflictos están en el sur y el noreste asiático; las costas de América Central y del Sur, y en aguas africanas.
Una investigación de Global Fishing Watch, publicada en la revista Science, dice que solo 5 países acaparan el 85 por ciento de pesca en alta mar; es decir, lejos de sus zonas económicas exclusivas: China, Corea del Sur, España, Taiwán y Japón.
En el mismo Ecuador, que exporta más de 6.000 millones de dólares, varias veces más que Colombia y con un solo mar, hay alerta sobre las rondas entre marzo y abril de una flota de 250 barcos, entre pesqueros, naves de abastecimiento y otras, en especial de banderas panameña y china, el mayor exportador.
En 2017 se detectaron 297 buques, cerca de 300 en el 2018 y este año, 250.
En Ecuador, el asunto se agitó en agosto de 2017, cuando cerca de 300 toneladas de pesca de aletas de tiburón y tiburones jóvenes estaban en un buque de China. En ese país, un plato de sopa con esas aletas puede costar hasta 200 dólares.
Las autoridades de la región buscan precisar cómo se mueve esa actividad, con secretos y redes como pasa con el narcotráfico, en sectores de las llamadas Zonas Económicas Exclusivas Insulares de cada territorio. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) señala que varias de las especies perseguidas están en alguna categoría de extinción o vulnerabilidad.
Sandra Bessudo, directora de Fundación Malpelo, plantea que se requiere observación satelital permanente, ya que la pesca ilegal es un problema igual a delitos que rompen fronteras.
Hoy, la consigna de la Autoridad de Pesca Colombia es alcanzar en una década niveles de exportación como los de Ecuador. Y saltar de los 7 a los 20 kilos per cápita en cinco años.
La pesca industrial del atún lleva la delantera con unos 300 millones de dólares de exportaciones. Siguen la tilapia, la trucha, la acuicultura de camarón, pesca de camarón en aguas profundas en el Pacífico y los peces ornamentales.
Tumaco y Buenaventura tuvieron plantas de enlatados de atún, harina de pescado y camarones, pero se fueron cerrando. A decir de comunidades, a varias las enredó la infiltración de mafia y el desapego colombiano a sus mares.
No es sencillo el crecimiento cuando la actividad congrega unos 40.000 pescadores artesanales, que como lo plantea Manuel Bedoya, líder en Buenaventura, pasan aprietos por los costos de combustible, flota envejecida y sin subsidios como otros países.
En 2015 se creó la Mesa nacional contra la pesca ilegal e ilícitas actividades de pesca, pero la instalación requirió meses y hasta años en el Pacífico y el Caribe.
La Fuerza Naval del Pacífico sostiene operaciones navales contra el narcotráfico, hurtos, contrabando, tráfico ilegal de personas y, particularmente, para disuadir a todos los que pretendan afectar o explotar los recursos en las aguas marítimas.
Una de las preocupaciones ha sido el término de 36 horas fijado en el Código de Procedimiento Penal Colombiano para la judicialización en flagrancia de un caso de pesca ilegal. Es un tiempo que puede ser insuficiente con una embarcación sospechosa en alta mar. No pocas veces se han quedado sin aplicar los delitos por actividad ilícita de pesca, violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de recursos naturales, justo por las distancias o la carencia de medios para los traslados.
En octubre de 2016 fue la primera condena, de 30 meses y 66 salarios mínimos legales mensuales, a 26 colombianos por actividad ilícita de pesca. El país tiene la Ley 1851 de 2017 y 36 normas para defender el mar, pero ambientalistas piden escudriñar las redes que mueven el negocio.
JOSÉ LUIS VALENCIA
Editor de EL TIEMPO en Cali
