Por primera vez el Estado colombiano tiene un listado de testaferros de las Farc, con cédulas, y ha logrado descifrar 5,5 millones de archivos de dispositivos electrónicos con la relación de bienes de esa guerrilla, y es apenas la mitad de lo que contienen esas memorias, CD y computadores.
Un equipo de expertos en medios informáticos conformado por 300 efectivos -100 de inteligencia militar, 100 de la Dijin de la Policía y 100 del CTI de la Fiscalía- trabajan para descifrar esos archivos incautados en 20.000 operaciones de los organismos de seguridad del Estado en los últimos años.
Ese listado de testaferros y bienes serán confrontados con la lista que deben entregar las Farc el 1 de agosto, dijo el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez en Cali, al advertir sobre los riesgos que para la democracia representa que desmovilizados usen esos recursos ilícitos con fines personales o políticos.
El fiscal asistió a la asamblea extraordinaria de la Unidad de Acción Vallecaucana,
Expuso que hay bienes urbanos y rurales con folios de matrícula, catastralmente identificables, cooperativas, establecimientos comerciales y "ganado, mucho ganado, por estas tierras también", manifestó ante un centenar de dirigentes gremiales y empresariales presentes.
De acuerdo con Martínez, contrario a lo expresado por las Farc, se han identificado bienes en el exterior y precisamente el 18 de julio se reunirá en Estados Unidos con el fiscal general de ese país "(Jeff) Sessions, para consolidar acciones con el gobierno americano y con la participación de gobiernos de Centro América y México para identificar finalmente todos esos activos que tenemos identificados en buena medida ya pero para que sean objeto también de extinción de dominio".
Aclaró que no se trata de ser una piedra atravesada en la rueda de la paz, sino del deber constitucional de aplicar la extinción de dominio a todo bien ilícito fruto del narcotráfico, la extorsión, el secuestro o la corrupción.
"Todo el mundo dice cuánto es. Eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad, y es que no de otra manera podemos asegurarles a los colombianos que esos activos no sigan siendo o estando al beneficio de los intereses personales o políticos de los desmovilizados. El futuro de la democracia en este país va a depender en mucho de la capacidad institucional para extinguir esos patrimonios ... queremos ese sector de la sociedad de los desmovilizados haciendo actividad política, de eso se trata la paz, pero sin los beneficios del esos patrimonios ilegales", manifestó.
Y manifestó que "es un aspecto que compromete a la sociedad también. Cuando ustedes conozcan los nombres de las empresa en todos los sectores de la sociedad económica ustedes van a entender que también tienen una cuota de responsabilidad, en el día a día en el tratamiento del relacionamiento comercial".
Y recordó que una situación similar "se vivió en la década del 80 con el narcotráfico, cuál es el tipo de relacionamiento que llegamos a tener en un momento en el propósito de construir riqueza individual. Aquí va a pasar un poco lo mismo, hay actividades muy permeadas por ese tipo de dinero".
Violencia en zonas dejadas por las Farc tiene que ver en mucha medida a acciones sicariales por mercados ilegales. Hay que confrontar economías del narcotráfico y no repetir historia de los años 80
También se refirió a la necesidad de que el Estado haga presencia en las zonas de consolidación y no solo con armas sino con todos los mecanismos, incluso con el acceso a la banca, a abrir una cuenta.
El fiscal destacó los beneficios de la paz y dijo que se ha tenido una reducción anual porcentual de 7 puntos con registros de hace hace 40 años pero esas tasas del 22 o 23 por cien mil no es igual en todo el territorio y por el contrario en zonas dejadas por las Farc como Chocó, Córdoba Arauca, Caquetá, hay aumentos del 28 al 33 por ciento.
Y alertó sobre la presencia en esas zonas, en particular en la Costa Pacífica nariñense, de disidencia de las Farc, Eln, Clan del Golfo y hasta de los carteles mexicanos.
CALI
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