El transporte masivo busca convertirse en un 'derecho social'

El transporte masivo busca convertirse en un 'derecho social'

En Cali presentaron propuesta de movilidad que le llevarán al Presidente electo, Iván Duque.

MIO

Hoy el MIO moviliza entre 430.000 y 440.000 pasajeros diarios porque aún hay mucho estudiante en vacaciones.

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Archivo ET

27 de julio 2018 , 05:45 a.m.

Considerar la movilidad como un derecho social, es decir, elevarlo al nivel de los derechos fundamentales como la educación y la salud, es una de las propuestas de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable (SIMUS), capítulo Colombia, para sacar adelante los sistemas masivos en el país.

Según cuentas de la Asociación, los niveles de endeudamiento de los operadores asciende a cerca de 4,5 billones de pesos; el Gobierno Nacional ha invertido cerca de 23 billones, de los cuales ha destinado 9,5 billones para financiar el modelo de los masivos, incluida la gestión del metro de Bogotá, y 6,5 para los sistemas estratégicos.

“En esa medida presentamos esta propuesta que gira en torno a la importancia de expedir una ley de movilidad y financiamiento, pero como política pública de Estado; el modelo actual del país está basado en una ley del siglo pasado, de hace 30 años; el modelo tarifario no responde a lo que hoy son las ciudades y sus necesidades, a cómo nos movemos y cómo nos vamos a mover”, señaló la secretaria general del SIMUS, Martha Lucía Echeverri al presentar la propuesta en Cali.

De esta Asociación hacen parte todos los sistemas de transporte masivos que operan en el país, incluidos los del área metropolitana del Valle de Aburrá y la propuesta que elaboraron será entregada al Presidente electo Iván Duque y lo que espera es que se incluya en la agenda pública como una situación prioritaria para atender.

Liberar de aranceles y cargas impositivas a los sistemas de transporte; renegociación de los contratos de concesión de la operación y de recaudo de los sistemas de transporte masivo; institucionalizar los subsidios nacionales para los segmentos de población más vulnerables; crear o implementar la comisión de regulación tarifaria al transporte público para fijarla de forma técnica e instituir su ajuste anual automático y liberar la tarifa para que se destine solo a los costos de operación y mejoramiento del sistema de transporte son otros de los puntos contemplados en esta propuesta.

Presentamos esta propuesta que gira en torno a la importancia de expedir una ley de movilidad y financiamiento

También busca la declaratoria de la urgencia manifiesta ante la crisis que atraviesa el sector del transporte colectivo y masivo en el país y el desbordamiento del transporte informal.

El Superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, recordó que desde hace dos años se trabaja en la modificación de las condiciones de los contratos de operación para seguir adelante con el Sistema. Barranquilla ya lo logró; Medellín no tiene problema; en Cali dos de los cuatro operadores ya firmaron, falta Unimetro y GIT; en Bucaramanga el Alcalde no ha acogido las medidas recomendadas, según el funcionario; en Bogotá hay dificultades con el SITP y el SITP provisional, faltan 4.000 buses en tres zonas; y en Pereira el sistema hoy es rentable después de las dificultades en el sector de Cuba.

“Algunos operadores no querían caminar en Pereira, se logró que se caducara el contrato y se llevó a liquidación y eso abrió el camino”, dijo el Superintendente.
Cambiar el modelo financiero de la tarifa para que todo el peso no recaiga sobre el usuario, vía tarifa, es otra de los puntos contemplados en la propuesta de la Asociación.

“Proponemos cambiar el modelo completamente, no vamos a hablar de subsidio al transporte, lo que estamos diciendo es: Hay que crear un fondo nacional de administración de recursos para garantizar esa movilidad urbana, para garantizar el derecho social de movernos a través de sistemas integrados. Hay que identificar cuáles serían las fuentes de financiación directas e indirectas, puede ser a través de los impuestos ya existentes, que destinen unos porcentajes de ese recaudo nacional para financiar la movilidad; tasa y contribuciones con destinación específica pueden reorientarse. Usted, Estado, debe asumir la responsabilidad”, dijo Echeverri.

También se contempla tocar recursos de las regalías.

Los contratos de operación del sistema de transporte masivo tienen hoy en día como principio la autosostenibilidad financiera.

"Bajo estos lineamientos, la gestión de los SITM ha estado orientada a lograr esa autosostenibilidad y no hacia la prestación de un mejor servicio, ni enfocado en las necesidades del usuario. Los operadores no han alcanzado el equilibrio financiero esperado", indica el informe que será entregado al Presidente electo.

Lo que plantea la Asociación es la creación de un fondo nacional, como una gran bolsa donde todos pongan. Ahí concurrirían el Gobierno Nacional, los gobiernos locales, los usuarios, el sector privado con su contribución vía plusvalía y contribuciones por mejoras asociadas a la infraestructura de transporte. Y los recursos de esa bolsa se distribuirían de acuerdo con la calidad del servicio que cada ciudad preste.

CALI

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