Jhonny Silva, estudiante de química de la Universidad del Valle, salió de la biblioteca ese 22 de septiembre del 2005, alcanzó a caminar unos cuantos metros recibió un disparo que lo hirió de muerte.
Desde entonces, su familia, con apoyo en organizaciones de derechos humanos, ha clamado justicia. El Consejo de Estado terminó por condenar a la Policía a pagar por su muerte y por las lesiones del también estudiante Eduardo Perdomo.
El hecho se presentó en medio de enfrentamientos entre estudiantes y el Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional en el 2005
Con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, el Consejo señala que la actuación del Esmad tenía el fin legítimo de evitar bloqueo a la vía pública, pero desconoció los principios de precaución y proporcionalidad.
La providencia determina que esas autoridades deben estar preparadas para mantener el orden pero, siempre, respetando los derechos, entre ellos el de la dignidad y el espacio de libertad de la protesta misma.
El Consejo convocó a la Fiscalía a estudiar la reapertura del proceso porque pudo configurarse ejecución arbitraria que, al no ser juzgada, podría pasar a la justicia internacional. Y llamó a que se implemente un curso en protección de derechos humanos a todas las unidades del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía en el país.
Después de 12 años, con diferentes momentos amargos, la familia siente que empieza a hacerse justicia.
En septiembre del 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió investigar la muerte del estudiante.
