Funcionarios y políticos que para entrar a las favelas de Río de Janeiro deben ‘negociar’ su ingreso con las bandas; ‘combos’ en Medellín con generalizadas extorsiones disfrazadas a modo de ‘seguridad’ y en Cali pandillas armadas vinculadas al crimen organizado.
En la capital del Valle entre 1985 y 2015 se registraron 46.000 homicidios. Medellín llegó a tener una tasa del 400 por 100 mil. Y Ciudad Juarez, en México, donde la guerra entre los carteles de Sinaloa y de Tijuana- que se disputaron la ciudad, elevó la tasa de homicidios a 260 por 100.000.
Son las cifras que muestra el investigador Carlos Mario Perea, docente de la Universidad Nacional de Bogotá, en un análisis sobre la incidencia del narcotráfico en cinco ciudades del continente -la quinta es Bogotá-, su relación con los poderes, evolución y situación actual. El informe fue presentado en el hotel San Fernando Real con el apoyo de la Secretaría de Salud de Cali.
Al enfatizar en Cali, Medellín y Río de Janiero señala que “tuvieron estructuras del narcotráfico muy fuertes desde los años 80. Y el ingreso a cada ciudad de maneras distintas pero en todos con altos niveles de violencia. Y por medios distintos esas estructuras ingresan en la vida cotidiana de los barrios, generando formas de dominación sobre la gente. En buena medida son las responsables que estas ciudades tuvieran niveles muy violencia muy altos durante tanto tiempo”.
Tras la caída de los ‘capos’ en Medellín y Cali se registran procesos un tanto diferentes, En la primera se mantiene una estructura jerarquizada y estratificada, con un control por parte de la ‘Oficina de Envigado’. Hasta las ventas de arepa son controladas y todo transportador público debe pagar ‘cuotas’ de seguridad.
Cali no ha hecho ninguna inversión significativa en sectores populares ni se tiene un referente. Y hay alta informalidad, que en algunos casos tiene aproximación con la ilegalidad
Medellín llegó a tasas de 400 por 100 mil en 1991 y se produjo lo que se denomina “una generación perdida. Miles de muchachos paisas muertos, de sectores populares”, dice el investigador. Ese mismo año Cali alcanzó una tasa de 394. En ambos casos, cifras inimaginables en otras urbes del mundo.
El llamado ‘Pacto de los fusiles’ entre la ‘Oficina de Envigado’ y el ‘Clan del Golfo’, para una división territorial de calles y barrios, grandes inversiones públicas y trabajos de cultura ciudadana -por ejemplo en el sentido de pertenencia del Metro- permitió a la capital antioqueña tasas del 19, mientras que Cali, pese a una reducción significativa, sigue entre las más violentas en parte por la falta de una estructura jerarquizada del ‘negocio’. “Además, Cali no ha hecho ninguna inversión significativa en sectores populares ni se tiene un referente. Y es alta la informalidad, que en algunos casos tiene aproximación con la ilegalidad” expuso un asistente.
DorisTejeda, quien participó del estudio como parte de la maestría que adelanta, señala que “la investigación muestra la articulación de lo legal y lo ilegal en lo político, lo económico, lo ideológico y lo militar, una ligazón difusa pero que se evidencia en algunos puntos críticos y que está documentada. El narcotráfico no ha salido, Ahí están las estructuras, lo que hay son mutaciones, Ya no son tan visibles pero siguen ahí y se palpan en los barrios de manera precisa”.
Y Santiago Córdoba, uno de los asistentes, señala diferencias entre Cali y Medellín, con proyectos políticos de ciudad, cómo la incidencia de materia pública: escenarios deportivos, educativos, que hagan resistencia a las dinámicas de la mafia, para sacar a los jóvenes de la delincuencia”.
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