Tres peraonas que fueron capturadas por el homicidio del líder Temístocles Machado no aceptaron cargos.
El líder social fue asesinado el pasado 27 de enero, cuando administraba un establecimiento comercial en Buenaventura.
Los detenidos son investigados por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
Organismos internacionales como Human Rights Watch y otros nacionales la Defensoría Nacional del Pueblo, así como defensores de derechos humanos que conocían la gestión de Machado en el puerto insisten en que la justicia debe dar celeridad en el esclarecimiento del crimen. El líder venía siendo amenazado en los últimos años y en el 2017 había señalado que no tenía escoltas.
Cauca y Valle se han convertido en las dos regiones con más derramiento de sangre de líderes sociales en el país. Lo son con Antioquia y Nariño, desde el 2016 hasta este año.
Esta afirmación no solo la plantean estamentos como la Defensoría del Pueblo, la misma Policía y la Fiscalía. También, organizaciones en contra de violaciones de los derechos humanos como Somos Defensores, ¡Pacifista!, así como organismos que realizan estudios y análisis sobre la violencia, entre ellos, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que coinciden en que se trata de una violencia armada que viene ejerciendo controles por la tierra en una dinámica de nuevos actores como las bandas sucesoras de los paramilitares.
Algunas, según la Defensoría del Pueblo, se hacen llamar autodefensas gaitanistas, otras, Águilas Negras Nueva Generación, además del Clan del Golfo que se suman a insurgentes del Eln que entran en territorios que antes eran de influencia de las Farc.
Este estamento aclaró que el informe especial de riesgo ‘Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos Humanos’, con datos de 15 meses, entre 2016 y marzo del 2017, no fue elevado a alerta temprana,
No obstante, la Defensoría ha venido explicando hay grupos armados dentro de una posmovilización que amenazan a líderes de regiones como Cauca, Valle y Nariño por la tenencia de tierras y una minería criminal y a gran escala.
Este es el caso, por ejemplo, del Cauca, donde el año pasado, 32 líderes fueron asesinados frente a 18 del 2016, según datos de Indepaz, pues no hay cifras de las autoridades que coincidan sobre este crítico panorama.
En cuanto al Valle del Cauca, en el 2017 hubo 10 casos y este año, en diversos sectores de Buenaventura repudiaron el primer crimen de un líder en el Valle: el del chocoano Temístocles Machado, ocurrido en Buenaventura. Este homicidio también fue rechazado por la Comisión de Derechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por José Miguel Vivanco, director ejecutivo de las Américas en Human Rights Watch.
El nombre de Machado figura, además, junto a los de otros 20 líderes asesinados en el país, en este 2018, según Indepaz.
La Fiscalía le está apuntando a bandas criminales por intereses de quienes disputan zonas en Isla de la Paz, el barrio donde Machado pasó gran parte de su vida. El nombre del barrio respondería a una ironía porque, en ese pequeño sector, actores armados han buscado apropiarse de lotes, coincidiendo con la expansión de Buenaventura, luego de que en el 2006 se puso en funcionamiento la vía alterna interna del puerto que está cercana de este sector.
En esos momentos, Machado recibió amenazas que ameritaron protección, pues defendía a sus vecinos que acudían a él por ayuda, cuando estos sentían que les querían arrebatar su tierra. De inmediato, Machado sacaba sus archivos organizados en 94 carpetas para empezar la defensa y en algunos casos, enfrentarse a los mismos desconocidos con armas que llegaban a Isla de la Paz con el deseo de amedrentarlos. Sin embargo, el año pasado no tenía escoltas, pese a amenazas que venían inclusive desde hace casi 10 años. Machado decía que la única defensa que tenía era la protección de Dios.
Orlando Castillo, otro líder de Buenaventura y quien, como Machado también apoyó el comité cívico del paro promovido a mediados del año pasado en el puerto bonaverense por el atraso de esta ciudad, denunció 37 amenazas en su contra. Ha contado con dos escoltas, un carro blindado y chaleco antibalas. Los primeros los ha compartido con otro líder amenazado de Buenaventura: William Mina. “Cuando yo tengo que viajar, él debe quedarse en su casa y no salir, y pasa lo mismo en mi caso, es difícil porque ambos hacemos actividades diferentes en zonas distintas. Nosotros entendemos el tema económico en el país, pero, realmente, las deficiencias de la Unidad Nacional de Protección son graves y nos afectan”.
Castillo trabaja en Puente Nayero, una zona declarada como espacio humanitario contra los violentos.
Dice que la Defensoría, en un informe, “(...) dejaba claro que podrían suceder hechos graves, decía que había inminencia de riesgo, las autoridades en Buenaventura quisieron desmentir ese informe, la Defensoría además indicó que había un alto riesgo para los líderes sociales y menciona a la zona de puente Nayero, donde estamos ubicados nosotros. Un mes y medio después asesinan a don Temístocles”.
Pero Castillo advirtió que iba a perder esta protección al igual que Mina por lo que teme por su vida.
Indepaz explica que la modalidad más frecuente de los asesinatos de líderes en el país y en la zona del Pacífico colombiano ha sido de tipo sicarial.
Así mismo, la organización el Centro de Memoria Histórica señala que en el sur de Cauca, sobre las cuencas de los ríos Sambinga y Mayo, las asociaciones campesinas se han enfrentado a decisiones de particulares que insisten en ejercer la minería en su territorio. Anota que en Mercaderes, por ejemplo, los líderes sociales han peleado por el uso y el acceso al agua, en una zona en la que empresas mineras quieren establecerse. Uno de los crímenes por esta causa fue del Fáiver Cerón Gómez, un luchador contra la minería ilegal y quien fue acribillado de 11 disparos, el 18 de febrero de ese año, en Mercaderes.
Los líderes indígenas son parte de este listado que desangra a esta zona del suroccidente colombiano. En Cauca, una decena de ellos fueron asesinados el año pasado porque su consigna es la liberación de territorios que consideran ancestrales y que ellos aseguran les fue arrebatados con el paso de los siglos. Uno de esos crímenes fue el de Olmedo Pito García, integrante del Movimiento Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame, quien fue atacado por un sicario el 9 de enero de 2017, en Caloto.
Ángel Yunda, otro indígena, fue asesinado el 15 de enero de 2017 en Suárez Cauca. El crimen fue cerca de uno de los centros de preagrupamiento de las Farc. Yunda era procedente del resguardo Honduras, en el municipio Morales. Ese 15 de enero también fue asesinado el indígena Jairo Andrés Mosquera. Era oriundo de la vereda Agua Blanca. Su cadáver y el de Yunda fueron encontrados en el sitio conocido como la vereda Cerro Damián. Se movilizaban en una motocicleta que no fue encontrada en el lugar.
Con respecto al crimen, se desconocen las causas, sin embargo el secretario de Gobierno de esa localidad Milciades Vergara, manifestó en ese entonces que en el momento del levantamiento de los cadáveres por parte del CTI, estuvieron en el lugar al menos cinco guerrilleros de las Farc, los cuales hacen parte de una zona de preconcentración de la guerrilla de las Farc, ubicada a pocos kilómetros del lugar de los hechos, en la vereda Los Pinos.
En abril del 2017, el gobernador indígena del Cabildo Kite Kiwe de Timbío y autoridad ancestral del Consejo Regional Indígena del Cauca Gerson Acosta fue asesinado en Timbío hacia las 4:45 p.m, luego de salir de una reunión. El hecho fue presenciado por su hijo de 11 años. Las hipótesis que ronda el crimen es que el líder, de 36 años, exigía respuestas de los autores intelectuales sobre masacre del Naya, donde cayeron indígenas y campesinos a manos de paramilitares. De hecho, Acosta fue uno de los sobrevivientes de esa masacre.
CALI