El Observatorio Cali Visible, de la Universidad Javeriana, realizó el monitoreo a la gestión de los asambleístas del Valle durante el periodo de las sesiones ordinarias cumplidas entre junio y julio y durante las sesiones extras de agosto y septiembre. Pero hay críticas respecto a la forma de evaluación.
La coordinadora del Observatorio, Lina María Orozco, insistió en que este monitoreo se centra en los debates de control político, y no el trámite de ordenanzas. Aún no se cuenta con una variable individualizada que permita medir ese impacto. También hizo énfasis en que toda la información para la realización de este informe fue oficial.
De acuerdo con el seguimiento que realizó el Observatorio Cali Visible, el 72 por ciento de los proyectos estudiados correspondió a gestión financiera.
Entre junio y septiembre la Asamblea le dio trámite a 14 proyectos de ordenanza; en el periodo ordinario junio-julio se le dio apertura y trámite a nueve de ellos, el resto se radicó y estudió durante las sesiones extras. Dos de las iniciativas fueron retiradas, la que establecía el Estatuto Tributario y de Rentas del Departamento y la que autorizaba el cobro de la contribución de valorización para la ampliación de la avenida Cañasgordas, entre el río Pance y la glorieta de Alfaguara, entre Cali y Jamundí, pero volvieron a presentarse y terminaron aprobadas.
El grueso de los proyectos concentró las autorizaciones para vigencias futuras para financiar proyectos de infraestructura y saneamiento básico; entre los proyectos correspondientes a gestión administrativa el Observatorio destacó la creación de una nueva empresa de energía y la cesión de un terreno al municipio de Vijes para la construcción de 100 viviendas de interés social.
También llamó la atención sobre el tiempo récord en que se estudiaron los proyectos presentados en el periodo de sesiones extras, desde la radicación hasta la sanción en tercer debate, los diputados contaron entre tres y ocho días de estudio.
El proyecto al que más tiempo se le dedicó, 28 días, fue el que concedía facultades a la gobernadora Dilian Francisca Toro para adelantar y concluir la liquidación del Hospital San José de Sevilla, seguido del proyecto por medio del cual se modificaba la Ordenanza de 1993 sobre la Colección de Autores Vallecaucanos, entre la apertura de estudio y el tercer debate, se tomaron 27 días.
Pero la parte más polémica corresponde al trabajo desempeñado por cada uno de los 21 diputados. Según el informe, 10 de ellos nunca faltaron a las sesiones, otros 10 tuvieron una asistencia por encima del 86 por ciento y solo uno de ellos, John Jairo Caicedo, del partido conservador, tuvo una asistencia del 79 por ciento.
En el caso de la diputada Miriam Juri, liberal, el informe señala que su asistencia fue del 93 por ciento y que hizo tres proposiciones de control político.
“No me tomé la molestia de leerlo para no hacerme mala espina, pueden revisar las actas de la Asamblea, mi asistencia fue del 100 por ciento. Un informe de una universidad tan prestigiosa no puede ser tan irresponsable, incluso he pensado en tomar acciones jurídicas”, dijo la diputada Juri.
“Una ordenanza es la responsabilidad más grande que puede tener uno, en el 80 por ciento de los casos fui ponente de esas ordenanzas, y eso el informe no lo tiene en cuenta”, agregó.
Asistencia, si propuso control político y a quién citó a control político son los tres aspectos que se tuvieron en cuenta para cada diputado.
“No estoy de acuerdo con ese informe, se concentraron en calificar la asistencia, en el debate de control político, y no en los trámites normativos que se pueden dar en la Corporación. Se fijan en la lista, en cuántos están sentados en el recinto, ellos no califican la calidad del trabajo que hace cada uno, ni en qué tanto debate hace. En mi caso, hablan de una inasistencia del 14 por ciento y solo falté dos días y eso porque estaba en comisión de la presidencia”, señaló el diputado Ramiro Varela.
Se critica que muchos contestan a lista, abandonan el recinto y no aportan nada a los debates.
“Hemos tratado de incorporar nuevas variables; ya tenemos la intermitencia, hay debates que duran tres horas y algunos solo se quedan hasta la mitad. Antes de enviar el informe lo pasamos a la Asamblea para que los revisaran, solo respondieron los diputados Rivera y Mariluz Zuluaga”, dijo la coordinadora del Observatorio.
“Hoy en día, es a la comunidad, finalmente, a quien le debe llegar ese informe, que se dé cuenta de quienes votan los proyectos, de cuáles son los debates de control político que plantean, de quiénes pasan proposiciones. Al Observatorio le hicimos recomendaciones, una cosa es quiénes investigan, quiénes hacen proposiciones y quiénes se adhieren, quedan como lo mejor de lo mejor y solo se adhieren”, dijo la diputada Amanda Ramírez, conservadora, quien lideró los debates sobre educación terciaria, el plan frutícola en La Unión y Roldanillo, la defensa del turismo en Roldanillo a partir de una proyecto que buscaba la extensión de redes de energía y que ponía en peligro la práctica de parapente, así como la revisión de la política pública de juventudes que hacía siete años no se revisaba.
“Lamentablemente, la Asamblea no utiliza la herramienta de coadyuvancia y adhesiones. Cali Visible trabaja con fuentes oficiales, cuando entramos a mirar una proposición encontramos que está firmada por muchas personas y así lo registramos; ese es un problema de la Secretaría General”, aclaró al coordinadora de Cali Visible.
