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Cali

Contraloría embargó cuentas del Alcalde y de otros funcionarios en Cali

Alcaldía de Cali.

Alcaldía de Cali.

Foto:Archivo EL TIEMPO

El alcalde Jorge Iván Ospina respondió que no conoce de embargos. 

cali
La Contraloría General de la República adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por el presunto incumplimiento en contrataciones de la alcaldía de Cali.  
Por este caso, la Contraloría dispuso el embargo de cuentas bancarias del alcalde Jorge Iván Ospina y bienes inmuebles.
Según la Contraloría, el contrato en cuestión implica la Imprenta Departamental del Valle del Cauca Imprectics y la Unión Temporal Windetec.
Según la Contraloría, la Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción indaga presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras, a cargo de la secretaría de Seguridad del distrito. 
Así mismo, según la Contraloría, se investigan contratos en las Empresas Municipales de Cali (Emcali).
Habría 45 cuentas bancarias más embargadas que corresponderían a contratistas y exgerentes de la empresa de servicios públicos. 
El alcalde Jorge Iván Ospina respondió en su cuenta de Twítter "que no conocía de embargos".  
Aseguró: "Que observarán que allí están mis pagos de toda la vida y mis prestaciones sociales como ex Senador de la República. Observará que no procedo como Alcalde irregularmente , comprenderá que soy honrado , humilde y muy responsable. Revisará lo que ha definido la Corte sobre las delegaciones y como no pueden endilgarme responsable por presuntas irregularidades de terceros, también será una oportunidad para que los medios de comunicación no caigan en la idea de tener una única y válida fuente".
La directora jurídica de la alcaldía de Cali, María del Pilar Cano, dijo al respecto: "Al momento no han notificado ninguna medida cautelar". 
Anotó que en todo proceso de responsabilidad fiscal existe una medida cautelar, reiterando que no la han informado por parte de la Contraloría
El año pasado, luego de una audiencia pública en la que se recibieron quejas ciudadanas, la Contraloría General asumió la vigilancia y control fiscal de los recursos involucrados en contratos de la alcaldía de Cali, entre las vigencias 2019 y 2022.
También ordenó ampliar el alcance de la actuación fiscal iniciada en Emcali para cubrir una parte de la vigencia 2022, así como las de 2019 a 2021 y atender varias de las denuncias recibidas en la misma audiencia pública.
Según informó la Contraloría, para ejercer este control prevalente se tuvieron en cuenta las denuncias fiscales, alertas tempranas e insumos informativos presentados por la ciudadanía; además que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) realizó un informe de analítica de datos sobre la contratación de la Alcaldía, a partir de una muestra selectiva que comprende las vigencias fiscales 2019 a 2022 inclusive, periodo en el que se gestionaron 115.094 contratos, por $ 6,2 billones.
Mediante la Resolución Ordinaria n.º 1374 del 20 de octubre de 2022, el Contralor General ordenó asignar a la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras la vigilancia y control fiscal de los recursos endógenos involucrados en la gestión fiscal del municipio.
Igualmente, se asignaron a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana los procesos e intervenciones de control fiscal participativo que surjan de esta nueva intervención funcional y de las denuncias que recibió el Contralor General por parte de la ciudadanía.
En cuanto a la ampliación de la actuación fiscal sobre Emcali, que realiza la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, tiene que ver con denuncias ciudadanas sobre la gestión contractual de la empresa.
Así mismo, se sustenta en un informe de analítica de datos de la Diari sobre la contratación de Emcali de las vigencias fiscales 2019 a 2022, a partir de una muestra selectiva de 2.198 contratos, por $ 1,7 billones.
Un informe dice, de manera preliminar, que existen malas prácticas recurrentes en contratación, caracterizadas por la concentración de contratistas, selección directa que beneficia a un entramado de consorcios y/o uniones temporales, cuyas condiciones de contratación ponen en riesgo los recursos públicos involucrados.
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