Hasta 2007 en el predio operaban los Talleres y se planteó que seria para vivienda nueva, pero negociaciones llevaron a condiciones que no serían favorables al municipio.
El lote donde funcionaron, hasta el año 2007, los antiguos Talleres del municipio, en el nororiente de Cali, y donde se esperaba que allí se levantaran viviendas, habría sido negociado, dejando a la Administración y a la ciudad misma, en condiciones desfavorables.
En la plenaria del Concejo, a la que fue citado el secretario de Vivienda y Hábitat de Cali, Jesús Alberto Reyes, se precisó que el actual Gobierno municipal heredó el proyecto Plan Parcial ‘Talleres del municipio’, “bajo unas condiciones acordadas desde el año 2007 y que se modifican en el año 2015, que de no cumplirlas, podría generar a la ciudad demandas que podrían llegar a los 200 mil millones de pesos”.
El concejal citante, Roberto Rodríguez Zamudio, dijo que “hoy el municipio afronta una situación de riesgo, porque en el 2015 pudiendo cambiar las condiciones del convenio interadministrativo con el socio gestor, a favor de la ciudad, no se tomó esta decisión y lo que se hizo fue entregar todo a favor de un particular”.
Según Rodríguez, Cali podría perder 60 mil millones de pesos y se preguntó, si ya se inició algún procedimiento sobre los cambios que suscribió la entonces Secretaría de Vivienda de la ciudad.
En el Concejo se planteó que el municipio podría reestablecer el derecho a la propiedad y demandar, como se hizo en su momento con el concesionario privado Sicali que, por siete años, manejó el recaudo de los impuestos de la ciudadanía hasta 2012, cuando la Alcaldía terminó el contrato, de manera unilateral.
El concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle aseguró que “el municipio puede perder 60 mil millones de pesos por una negociación sin argumentos o ganar si se propone una defensa de lo público”. La concejal María Grace Figueroa Ruiz propuso revisar todo el convenio y los seis otrosí que se firmaron desde el año 2007 hasta el 2015.
En 2003 se formuló el Plan Parcial denominado ‘Talleres del municipio’, que permitía cambiar algunos de los usos del suelo que tenía el terreno, por lo que no solo se podía hacer vivienda.
En 2003, se formuló el Plan Parcial denominado Talleres del Municipio, que permitía cambiar algunos de los usos del suelo que tenía el terreno en mención, por lo que no solo se podía hacer vivienda, sino todo lo que tiene que ver con equipamientos comerciales.
Con el Acuerdo Municipal 127 de 2004, se da por adoptado el Plan de Desarrollo del Alcalde Apolinar Salcedo y allí se establece en el artículo 45, el desarrollo integral del territorio y se expide el Decreto Municipal 444 de agosto de 2004, se adopta el Plan Parcial Talleres del Municipio. Que luego se oficializa con el Acuerdo Municipal 193 de 2006.
Jesús Alberto Reyes, secretario de Vivienda Social y Hábitat de Cali, dijo que “esta cronología hay que hacerla porque el Plan Parcial Talleres del Municipio pasó por el Concejo, que lo aprobó y lo modificó por Acuerdo Municipal (193 de 2006) y el Decreto Municipal No. 981 del 31 de diciembre de 2007”.
Los firmantes del convenio interadministrativo en abril de 2007 fueron Germán Medina Scarpetta, Secretario de Infraestructura Vial y Valorización y Álvaro Ortega, quien era el secretario de Vivienda, y el objeto era el desarrollo del Plan Parcial Talleres del Municipio adoptado por el Decreto 444 de 2004, y las obligaciones eran recibir el lote donde funcionaban los talleres del Municipio.
En 2007 se prórroga ese Plan Parcial y hace que vaya hasta 2014, con base en el Decreto 981 de 2007. Pero para ese 2014, se da un retroceso, y se da una nueva prórroga al 2020.
En 2010, el Municipio desarrolló el proyecto asociativo Brisas de la Base, previó la búsqueda de un socio gestor que se encontró desde el 2007, previa unas condiciones, que no podían modificarse unilateralmente.
Reyes insistió en que “no fue este gobierno municipal el que prorrogó el Plan Parcial Talleres del Municipio, puesto que eso quedó establecido en la administración anterior a través del Decreto Municipal No. 144 del 12 de marzo de 2014, que le da vida al año 2020”.
Para 2015, Rueda, secretario de Vivienda, firma la cesión del contrato o del convenio que se tenía con el socio gestor. “Es decir, y hay que aclarar, que en el 2007 se pactaron unos acuerdos de pago del lote de terreno”.
Fue en ese momento (año 2015), afirmó Reyes, que el Municipio debió solicitar la mejora en las condiciones del convenio.
Pero el concejal Carlos Andrés Arias Rueda, refutó las afirmaciones de Reyes, por considerar que el Otrosí No. 6 lo firmó la actual administración local. Solicitó a la administración municipal, copia del convenio y los seis Otrosí, además de todo lo relacionado, y el estudio técnico que llevó a este gobierno a firmar documentos a favor de un particular.
“Cuando llegué a la secretaría de Vivienda y Hábitat en 2016 encuentro un convenio en firme con nuevas condiciones acordadas en 2015 y una prórroga al 2020, por consiguiente, había que continuar, porque la mera cláusula penal está pactada en 22 mil millones de pesos, pero que podría llegar a 200 mil millones de pesos”, indicó Reyes ante la plenaria del Concejo.
Para el funcionario, el Gobierno municipal recibió un proyecto totalmente amarrado. Frente al valor del lote, recordó que en 2006 se hizo un avalúo que se pactó pagar en Salarios Mínimos Legales Vigentes. “Lo que pretendemos evitar es generar mayor detrimento para el Municipio, por tanto, lo que se ha actuado corresponde a lo legal”, finalizó Reyes.
Para el secretario de Vivienda de Cali, Jesús Alberto Reyes, el Gobierno municipal recibió un proyecto totalmente amarrado.
Para el concejal Rodríguez Zamudio, “hay que averiguar quien realizó esos análisis financieros, de conveniencia, que no defendió al Municipio. Esto sería igual a lo que ocurre al interior de Metrocali, donde el sartén por el mango lo tienen los operadores o empresarios del transporte y no el Municipio”.
Mientras que Tamayo Ovalle aclaró que el Plan Parcial era una competencia del Concejo, más no el de establecer el precio de la tierra, que es la gran discusión que hoy se tiene, además de los pactos hechos entre funcionarios y particulares.
“Aquí hay claramente un detrimento patrimonial, que debe ser aclarado por los órganos de control. El Concejo ha puesto el tema en la mesa, pero debe ser la Dirección Jurídica de la Alcaldía la que debe precisar, que es más conveniente para el Municipio, si demanda el convenio y se va a pleito, demostrando los errores que se cometieron y recuperando lo que nos pertenece o dejar todo por miedo para que se favorezcan terceros”, aseveró Tamayo Ovalle, quien resaltó la posición de Reyes.
El concejal Henry Peláez Cifuentes preguntó si los órganos de control tienen conocimiento del tema del Plan Parcial Talleres del Municipio. También cuestionó que se hiciera una prórroga a algo que ya no estaba en manos del Municipio, y donde los términos estaban vencidos.
Para el concejal Diego Sardi de Lima, el Otrosí No. 3, da vida al convenio entre Municipio y el particular hasta el año 2015, pero a través de un Decreto del año 2014, se da vida al convenio hasta 2020. “Esa gran duda surge y debe aclararse”, reclamó.
El Concejal Juan Carlos Olaya Ciro, recordó que el su momento el Municipio demandó el convenio con Sicali porque era doloso para la ciudad, “así mismo debe hacerse con este convenio, que se demande y se dé un nuevo avalúo, que podría otorgarse al Instituto Agustín Codazzi”.
En su opinión, cada año el Municipio debió hacer un avalúo, para conocer el estado del terreno y tampoco se hizo.
La concejala Figueroa Ruiz manifestó que no entiende cómo pasa por la conciencia jurídica de una dependencia y de la misma Alcaldía este convenio sin visibilizar esos errores, que era el acuerdo entre las partes. “Queda la duda del actuar de la parte jurídica de la Alcaldía y no de la Secretaría de Vivienda. Preocupa las pérdidas para el Municipio, por las mismas condiciones de desigualdad que se aceptaron desde la Administración”, planteó.
El concejal Oscar Javier Ortiz Cuéllar, recordó que al igual que ocurre con el lote Talleres del Municipio, al que se le habrían vencido los términos, pasa con los lotes que se cedieron a la Fiscalía para el bunker que a la fecha no inicia obra y los términos también se vencieron, por lo que el dueño de los lotes sería el Municipio, pero no los reclama.
De acuerdo con el concejal Carlos Hernando Pinilla Malo, los planes parciales los aprobada el Concejo en su momento, pero esa competencia pasó a manos de Planeación municipal. “Hay un desequilibrio contractual, por lo que deben ser los órganos de control los que aclaren el tema”.
CALI
