Ante seis jueces de La Haya, en Holanda, Sandra Piedrahíta, una activista que creó una emisora virtual para defender a las mujeres, debió suplicar que no le quitaran el derecho de volver con su hijo a Colombia. Su caso es uno entre decenas de colombianas que buscan se les restituya el derecho a ser madres en el extranjero.
Fueron los días más amargos en una lucha de casi seis meses que comenzó cuando mandó a su hijo a pasar vacaciones a Middelburg con su excompañero, Roger de Rijke, un holandés de 42 años con quien sostuvo un romance durante algunos años. Cuando las vacaciones acabaron, el hombre le anunció que no dejaría volver al niño a Colombia porque quería darle una “mejor educación”.
Piedrahíta y De Rijke se conocieron en Cali en el 2010. Por esos días, Sandra, filósofa y comunicadora, inauguraba La Q Radio Género, la ‘primera emisora cultural de mujeres en internet’.
La relación de la pareja se deterioró en el 2015. Ella siguió cuidando a su hijo y se dedicó de lleno a su emisora virtual, desde la cual ha defendido a mujeres violentadas.
A comienzos del 2016, Sandra permitió a Roger llevarse por 3 meses al niño a casa de sus abuelos paternos. El plazo se vencía el 17 de abril. Unos días antes, Sandra lo llamó para decirle que alistara el viaje de regreso. “Él me dijo que debía ir hasta allá”, cuenta. “Con mucho esfuerzo conseguí lo del pasaje y una visa de turista”, agrega.
Al llegar se llevó una amarga sorpresa: De Rijke se había declarado padre soltero y había obtenido del Estado holandés un subsidio para vivienda y estudio. Piedrahíta exigió que el niño fuera devuelto, tal como se había acordado, pero Roger le puso una caución ante la Policía holandesa para que no se aproximara ni a su casa ni al niño.
Norma Bermúdez, amiga de Piedrahíta y defensora de los derechos de las mujeres, cuenta que “las autoridades colombianas se desentendieron del tema y le aconsejaron a Sandra que contratara un abogado. El señor De Rijke ya había sido demandado en ocasiones pasadas, pero en Holanda presionaron a Sandra para que firmara documentos en ese idioma”.
Durante el proceso, De Rijke argumentó que Piedrahíta es emocional y económicamente inestable. Primero se realizó un juicio corto y concreto para abrir paso a la conciliación, pero De Rijke y sus abogados apelaron la decisión y fue necesario ir ante otros tres jueces.
El Estado holandés le asignó a Sandra como abogada a Arinne Hendriks, quien le ayudó a gestionar la protección.
La Autoridad Central Colombiana para la aplicación de Convenios Internacionales orientaron a Sandra para que usara una herramienta jurídica para la restitución internacional de su hijo con fundamento en el Convenio de La Haya de 1980, que trata sobre “los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores” (acuerdo que existe entre Holanda y Colombia, desde ese mismo año). Una vez interpuesta la solicitud, la Cancillería adelantó gestiones de información y asesoría, a distancia.
Diferentes colectivos apuntan a que “es necesario aprovechar casos como este para exigir que las oficinas de la Cancillería tengan una sección de asistencia jurídica, económica y emocional adecuadas”.
Para ayudar a Sandra se abrió un espacio virtual en www.gofundme.com y laqradiogenero@gmail.com. Ella regresó a Colombia con su hijo el lunes pasado, con apoyo de la OIM.
Tras su separación en Estados Unidos, María Isabel Moya fue deportada y al día de hoy no le permiten tener contacto con sus hijos. Lleva una década sin verlos.
A finales del 2007, Moya permitió que el padre de los dos niños, del que se había separado, los llevara con su abuela. Como se tardaron en regresar fue por ellos, pero su exsuegra no le permitió entrar a la casa y a los pocos minutos llegó la Policía. Se sorprendió al conocer que había una orden para que no se acercara a ellos.
Llegó a Estados Unidos en 1994 con su familia. Apenas tenía ocho años. Allá conoció a Alexie Mejías, 10 años mayor que ella, con quien se casó por lo civil.
Pero pronto empezaron las tensiones con la familia de su pareja. Dice que, al parecer, su condición de colombiana y de inmigrante ilegal caía mal entre su familia política.
Con todo, el 23 de agosto del 2005 nació su primer hijo. Y en 2007 quedó embarazada por segunda vez.
“Entonces, él regresó con su mamá y a veces me visitaba. En ocasiones pedía la custodia. Me decía que no me arriesgara por mi condición de inmigrante ilegal. La última vez que lo vi fue cuando se llevó a los niños a la casa de su mamá”, cuenta.
Supo que tenían un proceso adelantado en su contra en el DCF (una especie de ICBF de Estados Unidos) y que no podía acercarse a la casa de su suegra ni a su hijo mayor. Le permitieron ver al menor cada sábado, pero su esposo no cumplió.
En la Corte le exigieron una evaluación psiquiátrica de 1.500 dólares, monto que no podía asumir.
En febrero del 2008 fue citada a la Corte y a la salida fue detenida por Inmigración. Su mamá, Gladys Salazar, tuvo que abandonar el sitio donde vivía y salir hacia Canadá, donde estaban sus otros dos hijos.
María Isabel se comunicó con su expareja y le contó su situación, pero él no hizo nada al respecto. Un mes después, tras pasar por varias prisiones, fue deportada.
A comienzos del 2008 llegó a Colombia sin sus dos hijos y sin dinero. Llamó a su expareja. Él le respondió que buscaría su regreso para que pudiera tener a sus niños. El tiempo pasó y, pese a la comunicación, no hubo trámite alguno. Alexie la visitó en el 2010. Quedó embarazada de un tercer hijo con él.
Pidió que firmara la custodia. Le firmé pensando que era temporal, pero luego pidió el divorcio y me dijo que se quedaría en Estados Unidos con los niños
“Pidió que firmara la custodia, pues, en caso de accidente, un apoderado debía autorizar cualquier tratamiento. Le firmé pensando que era temporal, pero luego pidió el divorcio y me dijo que se quedaría en Estados Unidos con los niños”, cuenta Moya.
“El divorcio se realizó vía Skype, sin un traductor ni representante. Me dijeron que tenía que pasar 3.000 dólares mensuales por los dos niños, lo cual me es imposible cumplir”, cuenta.
Luego rehízo su vida y con su nueva pareja atienden un negocio de ropa deportiva.
Cuenta que a sus hijos no los puede ver ni por redes sociales. Buscó contacto con la exesposa de uno de los hermanos de Alexei, que según ella vivió un drama similar, pero a quien, por su condición de estadounidense le respetaron sus derechos.
En Colombia no ha recibido ayuda de la Cancillería ni del ICBF porque los niños no son colombianos. “Tráigalos, los registra y se puede iniciar la batalla legal”, cuenta que le dijeron.
Entre el primero de enero y el 31 de agosto de este año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibió 64 solicitudes de restitución internacional. De esta cifra, 46 siguen en curso. La entidad informó que en este año, 14 niños han sido restituidos a Colombia.
Con respecto a cómo actúa el ICBF en estos litigios por restitución, la entidad respondió que “cuando Colombia es el país requerido y recibe una solicitud conforme al Convenio de La Haya de 1980, se procede a la revisión y posterior admisión o rechazo de la solicitud”.
Así mismo, indicó el ICBF, “el proceso se tramita en dos etapas: una administrativa que tiene como finalidad la persuasión para el retorno voluntario por parte de quien presuntamente retiene ilícitamente al menor. En caso de no lograr un acuerdo, se da inicio a la fase judicial y se presenta la solicitud a la autoridad competente (juez, tribunal o corte). Agrega que “es importante mencionar que el defensor de familia, como autoridad administrativa, participa e interviene en el trámite de la solicitud durante las dos etapas, en la garantía y protección de los derechos de niños”.
CALI