La intención de una mujer embarazada que, alegando problemas de salud mental, se practicó un aborto tras siete meses de gestación, ha agitado el debate sobre este tema en el país.
La noticia se conoce dos semanas antes de que la Corte constitucional estudie una ponencia del magistrado Linares que propondría que se permita el aborto en cualquier caso hasta la semana 12 de gestación.
Según Juan Pablo Medina, expareja de la mujer, quien había liderado desde enero una lucha jurídica para evitar que el procedimiento se hiciera, “el viernes salió un comunicado que llegó al juzgado por parte de Profamilia, en el que manifiestan que el aborto ya lo habían realizado”.
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Medina, quien estudia derecho en Popayán, anunció que emprenderá un proceso penal en contra de su expareja y la madre de ella.
El joven venía realizando desde hace dos meses actos de protesta en las afueras de una clínica de Popayán, con el objetivo de evitar el aborto de su hijo de siete meses de gestación.
Ospina señala que llevaba 14 meses de novio con su expareja cuando decidieron, por mutuo acuerdo, tener un hijo. Tiempo después, en septiembre, se dieron cuenta de que la joven tenía tres meses de embarazo.
Sin embargo, la relación se fracturó a finales de diciembre y él perdió todo contacto con su expareja.
De acuerdo con la denuncia del estudiante, este caso no cumple ninguna de las tres causales que contempla la Corte Constitucional para practicar un aborto legal.
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Según lo establecido por la Corte en la sentencia C-355 de 2006, un aborto solo puede ser practicado cuando el embarazo constituya peligro para la salud o la vida de la mujer, cuando exista grave malformación del feto o cuando la gestación sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento (violación).
Otro de los motivos de la demanada de Ospina sería que, según él, los padres de su expareja la presionaron para que no tuviera el bebé.
No obstante, la joven de 23 años ha negado estas versiones y aseguró que toda esta situación le ha generado varios problemas psicológicos. “Ha sido una pesadilla. Estaba con sicología y trabajo social de una clínica que avala que no me encuentro preparada para seguir con el embarazo. Y si ellos han autorizado el aborto voluntario es porque la ley me cubre”, aseguró.
Ha sido una pesadilla. Estaba con sicología y trabajo social de una clínica que avala que no me encuentro preparada para seguir con el embarazo
De acuerdo con el secretario de Salud de Popayán, Óscar Ospina, la Corte Constitucional señala que el embarazo es legal interrumpirlo si este pone en riesgo la vida de la madre, ya sea física o mental.
“El Ministerio de Salud y la Corte han orientado que debe haber una certificación de un médico o de un psicólogo, y en este caso estaba certificado por el respectivo profesional que la joven tenía problemas mentales, de depresión. La Corte tampoco habló de edades de embarazo, o sea que el embarazo se puede interrumpir en cualquier mes”, dijo Ospina.
El funcionario agregó: “Nosotros no podemos hacer valoraciones morales ni de otro tipo porque a nosotros nos corresponde la valoración del derecho como tal y, por lo tanto, la joven lo único que está haciendo es el uso legal de un derecho que tiene”.
En la otra esquina se encuentra la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, quien calificó al hecho como un “feticidio” y aseguró estar en contra del argumento que señala que “se puede abortar sin importar la edad del feto”.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se unió al debate e hizo un “llamado para que se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo, y se avance en superar las barreras institucionales y socioculturales que hoy impiden a las mujeres el acceso a este derecho”.
Profamilia, que es una entidad privada sin ánimo de lucro, ratificó en rueda de prensa su compromiso con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y manifestó que cuenta con una política de ruta de atención específica para la interrupción del embarazo “en cumplimiento de la jurisprudencia constitucional” y que con base en un auto emitido el 17 de enero por el juzgado segundo penal del circuito fundamentó su actuar en este caso.
Dice la entidad que para su efecto y bajo la premisa de que la mujer se encontraba inmersa en unas de las tres causales contempladas por la Corte Constitucional para abortar “los profesionales ofrecieron asesoría integral sobre las opciones con las que ella contaba y tras su decisión libre e informada Profamilia procedió a practicar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, reiteró el concepto técnico enviado a la Corte Constitucional, en el sentido de que el aborto no debería ser considerado ningún delito y bajo la premisa de que las condiciones del país aun no son las ideales para una despenalización completa la recomendación es que se despenalice en las primeras 15 semanas de la gestación. “El 92 por ciento de las IVE que hacemos se realizan en esta etapa”, apuntó.
De igual forma, la organización hizo un llamado para que se respete y garantice el ejercicio de los derechos de las mujeres sin dilación o negación”.
POPAYÁN
