Buenaventura, ahora enredado por deuda de bonos para acueducto

Buenaventura, ahora enredado por deuda de bonos para acueducto

Se trata de un pasivo por 43.500 millones de pesos, dinero que el puerto está pagando con regalías.

Buenaventura, principal puerto del Pacífico colombiano, pero sumido en la pobreza por malversación de recursos por mandatarios en la última década.

De acuerdo con el mandatario,, estos recursos de regalías que envía la Nación vuelven y salen del puerto. Dijo que estas regalías quedan como aportes sin concretar.

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EL TIEMPO

Por: Cali
12 de septiembre 2018 , 08:06 a.m.

A la crfítica situación financiera en Buenaventura por problemas causados por la corrupción en los últimos 10 años, con mandatarios cuestionados por la justicia y que hoy tienen al puerto sumido en la pobreza se suma la deuda por 43.500 millones de pesos que pagó en 2007 por los ‘Bonos Agua’ o ‘Carrasquilla’ para realizar obras de acueducto y alcantarillado que nunca se hicieron.

Para cubrir ese monto, dijo el actual alcalde Édinson Bioscar Ruiz, Buenaventura está quedándose sin las regalías para cubrir ese pasivo con esos dineros. 

Buenaventura es uno de los 117 municipios del país endeudados con estos bonos. Según el director de Planeación del Valle del Cauca, Roy Barreras Cortés, el mecanismo de los bonos de agua buscaba que los municipios tuvieran créditos, como cualquier otro endeudamiento, pero es más costoso por la tasa del 11 por ciento que se ofreció. Este más largo es el pago del crédito, más oneroso resulta por dicha tasa.

El funcionario señaló que en el Valle, además de Buenaventura, otros municipios están endeudados con los 'Bonos Agua'. Son Caicedonia, Calima-El Darién, Jamundí y La Unión. Con el puerto, esas deudas suman en total más de 60.000 millones de pesos. 

De acuerdo con el mandatario,,  estos recursos de regalías que envía la Nación vuelven y salen del puerto. Dijo que estas regalías quedan como aportes sin concretar. 

De acuerdo con el mandatario,, estos recursos de regalías que envía la Nación vuelven y salen del puerto

Debido a que las obras con dineros de los 'Bonos Agua' no se hicieron, estamentos de control fiscal están haciendo seguimiento, pues con estos dineros se esperaban obras como una planta de tratamiento de aguas residuales.  Gran parte de las viviendas, sobre todo, las del área insular no tienen ni alcantarillado y todo va a dar al mar, donde se vienen acumulando basuras. 

Este año fue detenido el alcalde Jorge Eliécer Arboleda por enredos con 5.000 millones de pesos de 10.000 millones que iban para el hospital Luis Ablanque de la Plata, el único público en el municipio y que el año pasado fue reabierto, tras casi cuatro años de cierre, precisamente, por corrupción.

Con la captura de Arboleda Torres, van cuatro alcaldes del puerto que han sido detenidos de manera consecutiva en los últimos siete años, en medio de escándalos y cuestionamientos por malversación del erario de esta población.

La detención ocurrió  aun año de cumplirse el paro cívico de 22 días que el año pasado encabezaron líderes comunitarios del puerto por los atrasos y la misma corrupción que continuamente afectan a este municipio vallecaucano y principal puerto marítimo del Pacífico colombiano.

El primero de los mandatarios cuestionados fue Saulo Quiñones, en momentos en que el puerto se agitaba por la violencia por unos 2.000 asesinatos y 300 desapariciones.

Fue investigado en el 2007 por contratación indebida y prevaricato por unos 11.600 millones de pesos en obras de colegios para la zona rural y urbana de Buenaventura, además del programa de educación subsidiada o de cobertura educativa. Fue capturado en el 2011 por peculado con tres funcionarios más del municipio.

Quiñones fue reemplazado por José Félix Ocoró Minotta, quien fue dos veces alcalde de Buenaventura y en ambas oportunidades fue cuestionado e investigado por anomalías en la contratación pública.

En 1997 a Ocoró le abrieron investigaciones por presunto peculado por apropiación, pago de una supuesta nómina paralela y falsedad en documento público. Estuvo cuatro meses detenido en un centro penitenciario en Cali y luego fue dejado en libertad porque el juez de ese entonces consideró que no había méritos para que siguiera recluido.


En el 2011, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) detuvieron a Ocoró Minotta en su despacho por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y falsedad en documento público.

El 4 de agosto de 2015, la Fiscalía General de la Nación aseguró que en el 2008, hubo irregularidades por parte del exalcalde Ocoró en la negociación de terreno por 3.200 millones de pesos, recibiendo a cambio un lote de 500 millones de pesos para que allí funcionara la Secretaría de Infraestructura Vial. No obstante, la obra tenía un costo de 1.050 millones, pero en la administración de Ocoró se fijó por unos 1.200 millones.

El tercer alcalde cuestionado fue Bartolo Valencia, investigado en el 2012 por contratos relacionados con cupos escolares por 3.076 millones de pesos, para atender a 3.845 niños, a través del Sistema General de Participaciones. A su vez, su Alcaldía contrató a 97 operadores de manera directa. Según la Fiscalía, hubo detrimento en más de 700 millones de pesos. Este año, Valencia fue detenido, de nuevo. Investigan las presuntas irregularidades en esos contratos para educación entre 2012 y 2015, además del manejo de un banco de oferentes.

Otro de los mandatarios que también fue cuestionado por contrataciones fue el primero de los alcaldes de elección popular que tuvo el puerto, el médico anestesiólogo caucano Édgar Carabalí Mallarino, quien en 1988 alcanzó la Alcaldía con más de 40.000 votos.


Fue investigado por presunta malversación de dineros del pago de impuestos de la desaparecida empresa Colpuertos. Estuvo retenido por las autoridades por corto tiempo y luego fue absuelto.

El abogado liberal Freddy Salas Guaitotó fue alcalde de Buenaventura en 1998, en momentos de una de las mayores crisis económicas del puerto por una lluvia de embargos y demandas. Salas fue investigado, pero las autoridades no comprobaron algún delito en su contra. En el 2002, dos años después de terminar la Alcaldía fue asesinado por cuatro disparos en Cali.

Finalmente, el médico liberal Jaime Mosquera Borja reemplazó a Salas y aunque había dicho que no iba a ser un alcalde más preso, asesinado o en el exilio, terminó para salir del país con su familia por amenazas de muerte. No le abrieron investigación.

CALI

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