Asesinato de indígenas sería por control de territorios

Asesinato de indígenas sería por control de territorios

Este año se han registrado 45 homicidios de miembros de estas comunidades en Cauca y Nariño.

Asesinato de indígenas

Al sepelio de Edwin Dagua, gobernador del resguardo Huellas, en Cauca, asistieron más de 100 personas.

Foto:

Luis Robayo / AFP

Por: Cali, Popayán y Pasto
15 de diciembre 2018 , 10:15 p.m.

Edwin Dagua Ipia, gobernador del resguardo Huellas, en Caloto, Cauca, debía tener un guardaespaldas, un chaleco antibalas e, inclusive, haber instalado un botón de pánico en su residencia tras haber denunciado las amenazas de muerte de grupos armados que recibía desde mediados de este año.

Sin embargo, el hombre de 28 años, que rechazaba la siembra de cultivos ilícitos y venía pidiendo desde hace 5 meses protección al Gobierno, fue asesinado la tarde del 7 de diciembre pasado.

Según cifras de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), 21 indígenas han sido asesinados en lo que va del 2018 en ese departamento. Los crímenes más recientes se presentaron durante el fin de semana del 7 al 9 de diciembre, cuando se registró el homicidio de cuatro nativos en los municipios vecinos de Caloto y Corinto.

“Nos matarán a uno, pero nacerán miles (...). Podrán cortar las ramas, podrán apedrear nuestros frutos, pero las raíces seguirán profundas en el territorio”, clamaba Dagua Ipia en uno de sus últimos discursos. Según voceros de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), un mes antes de ser asesinado había circulado un panfleto de las ‘Águilas Negras’ amenazando de muerte a Dagua y otras autoridades indígenas.

Por ahora, lo que más preocupa a las comunidades indígenas y a las mismas autoridades del Cauca es que el panorama de seguridad empeoró en la última semana. El 7 de diciembre pasado, la Acin y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunciaron el rapto de los comuneros Alirio Quiguanaz Cunda y Marcelo Dagua, cuando realizaban actividades agrícolas. Los hombres fueron liberados una semana después, gracias a la intervención de la guardia indígena.

Así mismo, fuentes de la Armada Nacional y comunidades indígenas señalaron que grupos paramilitares, entre los que figuran miembros del cartel del Sinaloa y aliados con disidentes de las guerrillas Farc, Epl y el Eln, se disputan el control territorial de zonas del centro y norte del Cauca para sembrar cultivos ilícitos, además del control por la minería ilegal en cuencas de ríos de esta región.Las amenazas a líderes indígenas en el Naya, norte del Cauca, también son motivo de alerta para las etnias de la región.

Nos matarán a uno, pero nacerán miles (...). Podrán cortar las ramas, podrán apedrear nuestros frutos, pero las raíces seguirán profundas en el territorio

“(...) Somos un estorbo, debido a sus intenciones de controlar los territorios y de esta forma poder explotar nuestros recursos naturales. También se evidencia la codicia de los autores armados de continuar generando zozobra con el único fin de seguir ampliando sus fronteras del narcotráfico y de explotación minera”, señaló la Cric en una misiva en la cual protestó por los asesinatos de miembros de esa comunidad en los que va del 2018.

De otro lado, el asesinato de 24 miembros de comunidades indígenas este 2018 también genera preocupación en Nariño. De hecho, la noche del 8 de diciembre, la gobernadora del resguardo indígena Alto Cartagena del pueblo awá, Lidia Gómez, se salvó de morir en un atentado perpetrado por hombres armados.

Para Jaime Caicedo, coordinador del área jurídica de la organización Camawari y miembro de la comisión de paz del pueblo awá, el control territorial que ellos ejercen en esa zona ancestral podría estar causando disgustos entre los miembros de algunos grupos armados ilegales que quieren tener el dominio total de los cultivos ilícitos en el piedemonte costero de Nariño.

Pero la otra duda que tiene Caicedo es si todo podría obedecer a que el pueblo awá rechaza la minería ilegal que están ejerciendo las organizaciones al margen de la ley en esa zona.

“Lo que nosotros queremos es que la justicia, a través de las autoridades competentes, adelante las respectivas investigaciones de manera urgente y que los hechos se esclarezcan”, enfatizó Caicedo.

Según un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas, mientras la tasa general de homicidios en Colombia se ha reducido en un 40 % en los últimos años, la violencia contra los defensores de derechos humanos va en aumento.

Para Jhoe Sauca, coordinador del Tejido por la Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de Acin, las amenazas han aumentado en los últimos meses debido a que tras la desaparición de la guerrilla de Las Farc, varios grupos armados pretenden poseer el control total del negocio de los cultivos ilícitos.

“El Gobierno nunca tuvo la capacidad de controlar los territorios donde estaban las Farc y ahora nosotros somos los que estamos pagando las consecuencias”, concluyó Sauca.

CALI, POPAYÁN Y PASTO

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