Dos años después de que el Tribunal de Cali ratificó la condena de 33 años de cárcel para el sacerdote William de Jesús Mazo Pérez por el abuso sexual de cuatro niños, entre ellos tres hermanos y un primo, el abogado de las víctimas, Élmer Montaña, hizo graves denuncias ante la respuesta de la Arquidiócesis de Cali para reparar a las víctimas.
"La conducta del señor Mazo Pérez no puede mirarse de manera aislada... Hoy su despacho debe mirar si la participación de las hoy llamadas víctimas indirectas (padres, abuelas y tío) fue la más coherente al sentido común (…) y el juicio de reproche sobre si se hizo como familia lo que se tenía que hacer..." fue el argumento presentado por Walther Collazos, apoderado de la Arquidiócesis, ante el Juzgado 22 Penal.
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La respuesta de Collazos corresponde al proceso que lleva la familia de los cuatro menores para que la iglesia Católica haga una "reparación integral" de los menores. Collazos, quien citó el Código Civil, argumentó que los padres tendrían algo de culpa en los hechos por la "conducta negligente adoptada por la misma víctima indirecta".
“Los padres serán responsables de los daños causados por los delitos y las culpas de sus hijos menores, que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir”.
Además, agrega: ¿Se actuó con el sumo cuidado preventivo? ¿Se fue laxo, permisivo, omisivo, abandonado y desinteresado y hoy concurren ante un juez para aprovechar un hecho dañino de un tercero y fungir como víctimas indirectas?... La causa eficiente del daño es la conducta negligente adoptada por la misma víctima indirecta (padres, abuelos tíos), los cuales eran los llamados para estar allí para custodiar el bien más preciado: los niños”.
La denuncia del abogado de las víctimas también incluye un supuesto pago que le habría ofrecido el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, a cambio de que dejara el caso.
En un comunicado, la Arquidiócesis respondió y rechazó "de forma tajante cualquier hecho que afecte a los menores de edad en su integridad sexual".
"La Arquidiócesis de Cali ratifica su compromiso de acompañar las víctimas que puedan existir por abuso o acoso sexual. Para ello, desde hace casi dos años, creó la Fundación Nacer (niños y niñas abusados: compromiso de rehabilitación y educación) para el acompañamiento de las víctimas de este flagelo, no solo las que puedan provenir de clérigos, sino de otras numerosas realidades", apuntó en el comunicado.
La familia de los menores, por su parte, considera que no se le puede atribuir la culpa porque se les revictimiza con este tratamiento, y anunció un plantón de protesta el 1.° de marzo.
La respuesta de monseñor MonsalveEste viernes, la Conferencia Episcopal Colombiana ofreció una rueda de prensa con motivo del cierre de la asamblea anual de obispos, que para este año llegó a su versión número 102. El evento estuvo marcado por la polémica suscitada por las declaraciones del abogado Élmer Montaña.
Sobre este tema respondió monseñor Darío Monsalve, quien tildó de muy serias las acusaciones de Montaña: "decir que la arquidiócesis de Cali es la responsable directa de todas las victimas indirectas puede llevar a pensar que ahí cabe medio país", aseguró Monsalve.
El religioso también reconoció que el responsable directo de los actos de abusos al interior de la iglesia debe ser el sacerdote abusador y pidió perdón: "pedimos perdón por esos hechos criminales cometidos por este sacerdote".
Monsalve se refirió también a la acusación de que le ofreció un soborno a Montaña, al segurar que "no hay que creerle a la mentira porque aparece en el periódico o en la red; la interpretación de lo que ocurrió en la audiencia es inexacta", señaló.
"Estábamos hablando de la reparación y yo lo invité a que trabajemos juntos, porque el tema no es ponerle sumas de dinero a cada caso, el tema es que esas victimas que ahora son mayores de edad deben superar su problema, y en eso debemos trabajar todos", dijo Monsalve sobre lo que, según él, ocurrió durante la conciliación, y agregó que, si bien ellos han les han ofrecido atención psicológica y trabajo a las familias, "el abogado solo ha hablado de cifras y de plata".
Asimismo, Monsalve se refirió a la suma de dinero que, según él, exige el abogado Montaña para la reparación de las víctimas y sus familias y afirmó que la cantidad ascendería a los 9 mil millones de pesos. "Esta exigencia pone en peligro la arquidiócesis de Cali, simplemente dejaría de existir porque hoy no hay esa plata".
Sobre la polémica sobre las declaraciones del abogado de su arquidiócesis, Monsalve consideró que estas "reflejan una opinión jurídica, pues cita el código civil y habla de la responsabilidad de los padres en estos casos en los que se ven involucrados los niños". "Creo que los padres no es que sean culpables, sino que también tienen responsabilidad", afirmó.
"La jurisprudencia en Colombia abrió el espacio para una responsabilidad institucional por parte de la Iglesia, pero la institución debe defenderse; somos la única que está respondiendo al fenómeno y la única condenada como institución, por lo que nos defenderemos en los estrados judiciales".
Finalmente, Monsalve reconoció que "nos duelen tremendamente las víctimas cada vez que ocurre algo por culpa de un sacerdote y afrontamos los efectos. Les hemos dado la cara a los medios, a las familias, al clero y a las víctimas".
El origen del casoEl inicio del caso se dio en el 2009 cuando el sacerdote Wilson Mazo se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria del barrio Alfonso Bonilla Aragón.
El cura formó una banda marcial con el argumento de evitar que los niños estuvieran en la calle y ese fue el punto para el inicio de los abusos, pues los menores se quedaban en la casa cural.
En septiembre de 2010, ante denuncias sobre el comportamiento del sacerdote con cuatro menores, la Fiscalía lo acusó de delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años, agravado y en concurso homogéneo.
Mazo negó los cargos, pero mediante la participación de psicólogas, una médica forense, dos cirujanos, un investigador criminalista y una trabajadora social de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se certificaron los relatos de los niños.
En el 2012, el Juzgado 22 Penal del Circuito dictó sentencia de 33 años de cárcel a Mazo y lo inhabilitó durante 20 más para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
En marzo de 2015, el Tribunal de Cali ratificó la condena, la más alta contra un clérigo en Colombia.
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