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La nueva realidad de Cali, una ciudad en jaque por los bloqueos
Bloqueos en Cali

Cali completa un mes con bloqueos en las vías.

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Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

La nueva realidad de Cali, una ciudad en jaque por los bloqueos

Hay sectores de la calle Quinta afectados. Reportan peajes extorsivos que han llegado a zona rural. 

Se estima que más de 3.000 personas viven bajo encierro en inmediaciones de la tradicional calle Quinta con carrera 94. Son moradores de barrios, como Meléndez o de conjuntos de apartamentos como Torreón, así como del aledaño corregimiento La Buitrera.

Es la zona en el sur de Cali con la Quinta como vía arteria para tomar luego la Panamericana hacia Jamundí, donde el agobio, que ya venía desde la pandemia por los confinamientos, aumentó. 

Algunos moradores, como Rafael, aseguran que en las últimas dos semanas este confinamiento con bloqueo lo tiene bajo más estrés, sin poder trabajar y temor.

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Salir a la Quinta y lograr cruzarla es todo un logro

"Es mejor no salir. A veces si hay que ir a hacer una compra de comida, toca buscar alguna tienda cercana en la que hayan productos, porque salir a la Quinta y lograr cruzarla es todo un logro", dijo este diseñador gráfico.

Aseguró que al pensar en salir para superar el bloqueo de la 94, lo que lo detiene son restricciones y, en algunos casos, hasta solicitudes de documentos de identidad.

En Dapa, donde hubo horarios para el paso por este crucero, en la vía entre Cali y Yumbo, al norte de la capital vallecaucana, el Ejército y la Policía llegaron al lugar donde las barricadas fueron levantadas, de acuerdo con algunos de los moradores de la zona. 

Allí, el paso por esta carretera se cerraba a las 5 a. m., a la altura del kilómetro 3, en el antiguo trayecto de Cali a Yumbo.

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Dapa es un corregimiento al norte de la capital del Valle del Cauca, donde representantes de unas 3.500 familias le apostaron a sentarse en una mesa de diálogo, porque piensan que ese es el camino para lograr un consenso que permita levantar el taponamiento en estos momentos y que lleva más de una semana. 

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En sitios de concentraciones y bloqueos ha manifestaciones pacíficas.

Foto:

EL TIEMPO

La comunidad estuvo clamando por movilizarse libremente.

Uno de los jóvenes manifestantes de este punto de concentración en esta zona de Yumbo explica en un video que pusieron horarios establecidos por ellos para dar paso.

“En este momento nos encontramos en Dapa resiste. Queremos darles la información sobre los horarios que tenemos estipulados. A las 5 de la mañana se cierra. Se abre otra vez a las 11, de 11 a 11:45, (a. m.), 15 minutos por barricada. Igualmente vuelve a las 4 a 4:45 (p. m.) y de ahí hasta las 7 de la noche. Se da paso peatonal cada hora, 10 minutos por barricada”. Así se explicaba la semana pasada el horario para levantar el bloqueo de manera intermitente. 

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El joven en el video indicó: “Queremos informarles a las personas que no se han dado cuenta, nosotros somos una manifestación pacífica, donde muchos nos han dicho que vándalos. Pero queremos demostrarles que La 14 –señala a las instalaciones de la cadena de supermercados, a unos metros del bloqueo- no ha sido vandalizada, no ha sido manipulada por manifestantes. Estamos en paz. Queremos hacer valer nuestros derechos”. Dice que ellos -son más de 20 personas-, apoyan las decisiones del comité del paro nacional que viene desde el pasado 28 de abril.

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Otros manifestantes de Dapa señalaron que no han sido escuchados, insistiendo en que ellos, en este trayecto, no han cometido ningún acto vandálico. Sin embargo, uno de los habitantes de la zona que labora en un restaurante indicó que entiende el sentido de la protesta, pero también clama por sus derechos al trabajo y a la movilidad para contar con dinero y llevar comida a su hogar.

De acuerdo con moradores de Dapa y del cercano sector Chicoral, en esta área rural, “el paso estuvo completamente cerrado en ambos sentidos. Eso creó muchísimos problemas, desabastecimientos y en la parte laboral, locales. Igualmente, la gente que vive arriba y que trabaja en la zona industrial de Acopi o en Cali no habían podido bajar”, dijo uno de estos habitantes, cuyo nombre se omite por seguridad.

Otro morador sostuvo que se trató de hacer una mesa de diálogo, pero no resultó. “Nos sentimos solos sin un Estado garante en un país donde al Gobierno le ha faltado más políticas públicas, pero reales, ejecutando”, aseguró.

De Dapa a Cali hay 19 kilómetros por carretera y en carro, ese trayecto dura media hora, pero con esta situación, “una persona caminando se puede hacer las dos horas, si le va bien”.

La mesa de diálogo de los vecinos y manifestantes en Dapa fue el miércoles de la semana pasada con delegados de la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía y la Personería de Yumbo y Procuraduría, pero se levantó el jueves porque algunos de los jóvenes del bloqueo manifestaron que no tenían garantías.

“Nosotros entendemos que la movilidad es un derecho, pero también el derecho a comer, a tener oportunidades de trabajo”, indicó uno de los manifestantes de Dapa, que repitió que ellos no son vándalos.

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En el sector de la Universidad del Valle, junto a Ciudad Jardín, sur de Cali, decenas de personas salieron a decir no más bloqueos.

Foto:

Juan Pablo Rueda

Esta postura coincide con la de jóvenes manifestantes del Paso del Comercio.

“Señor Presidente yo no soy un bandido. No soy un vándalo. Soy un hombre que pide opciones de una vida digna porque no las he tenido ni muchos como yo que vivimos con necesidades. Tengo una hija pequeña y tengo 21 años, pero no soy bandido. Trabajo en una fundación que ayuda a población vulnerable”, dijo el manifestante.

De hecho, con algunos de estos jóvenes se ha reunido el alcalde Jorge Iván Ospina para levantar los bloqueos, pero no con violencia ni represión, como lo recalcó el mandatario, sino con la palabra.

“Yo defiendo la vida, por eso soy médico y el diálogo siempre será el camino”, sostuvo el alcalde Ospina que recalcó la importancia de diferenciar actores sociales en este paro, pues los manifestantes han venido reclamando por sus derechos, entre ellos, el de la protesta social, pero indicó que hay “fuerzas que están tras los hechos de vandalismo, disparos y ataques -como los de la noche del 7 de mayo- hasta contra la misión médica para desestabilizar la institucionalidad”.

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Reiteró que se trataría de una doctrina de guerra. Así mismo, ha señalado que la Policía debe proteger a la ciudadanía, pero no con excesos de la fuerza.

Rechazó, además cobros de peajes ilegales, como lo reconocen en la Policía Metropolitana de Cali que se han venido haciendo, en el comienzo del paro, en barrios del Distrito de Aguablanca, así como en otros sectores, como Mariano Ramos, en el suroriente o en Alfonso López y en el sector del Puente de los Mil Días, hacia el nororiente, sectores donde hay más homicidios y a la vez más pobreza.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali
, Carlos Alberto Rojas, dijo que estas son extorsiones y como delitos se están interviniendo con la Policía. Allí, en la Fuerza Pública, dijeron que hay algunas capturas de personas, procesos que están siendo investigados por la Fiscalía. 

Estas denuncias de cobros de peajes ilegales se han registrado de personas que tratan de salir de sus barrios en Calipso, en el oriente, por ejemplo, donde este miércoles 19 de mayo hubo disturbios y enfrentamientos con el Escuadrón Antimotines de la Policía (Esmad) con disparos, intento de incendio y saqueos en el almacén Éxito, hecho que dejó una joven muerta, Angie Johanna Valencia por tres disparos y 18 heridos.

Fue allí, donde el Grupo Éxito, así como la Alcaldía, la Defensoría del Pueblo  y la Personería  de Cali se pronunciaron al explicar que una comisión verificó el lugar por lo que se desvirtuaron versiones de que el almacén era un centro de torturas o se ocultaban cadáveres. 

Esta situación la están investigando la Fiscalía para aclarar quién disparó contra Angie Valencia, la víctima de estas confrontaciones cuando se dirigía a su casa ente los bloqueosy estalló la revuelta, según allegados, y la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y miembros de la comunidad internacional (organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA) Estas instituciones están interviniendo en los otros 11 casos de muertos en este paro, en Cali, de acuerdo con datos de la Fiscalía.

En Calipso, dos habitantes de este barrio dijeron que les hicieron cobros por salir de sus casas y cruzar a otros barrios de la ciudad para ir a trabajar. Ese fue el caso de un empleado de la Terminal de Transportes. Dijo que en los bloqueos le han cobrado 5.000 pesos, pero no señaló que fueran de los mismos manifestantes de la protesta.

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De hecho, según algunos manifestantes del sitio, este domingo 23 de mayo, hubo desmanes cuando un carro adentro del parqueadero del motel Eclipse, en esta zona comenzó a arder en llamas y luego alguien lanzó una bomba molotov. 

Moradores del lugar hablan de que también hubo disparos. 

De acuerdo con las autoridades, el caso está siendo investigado por la Fiscalía. 

Por fortuna, ninguna persona salió herida o murió en esta conmoción en Calipso, el barrio donde en la primera semana del paro fue quemado el colegio Comfandi. 

Campesinos buscan trochas por gasolina

Al crítico panorama de encierros obligatorios en algunos barrios de Cali y en la zona rural se agrega la de otros corregimientos de la ladera occidental de la capital vallecaucana, donde campesinos tienen que buscar medios de transporte para hacerles quite a los bloqueos y así poder bajar sus productos agrícolas para la venta en el área urbana, además de abastecerse de combustible.

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Eso contó Liliana Fernández, quien tiene una parcela con gallinas, cilantro y árboles frutales en el corregimiento Villacarmelo con más de 3.300 habitantes.

Explicó que hay dos maneras de salir de esta zona: por la misma vía por donde se llega a La Buitrera que está afectada y por Meléndez, donde está el bloqueo de la Quinta. Dijo que el transporte público de gualas (jeeps), como se les dice en Cali a los camperos, se afectó y apenas esta semana vino a restablecerse con garantías de seguridad por parte de la Alcaldía.

“Eso dificultó porque la gente en el corregimiento traslada sus productos en las gualas y al no tener transporte se buscan otras maneras. Muchos acá tienen moto”, explicó al recalcar que no es lo mismo, por los bultos que hay que desplazar. Expresó que en una semana salían 40 kilos de mora ahora no y se venía con la afectación de las heladas entre enero y febrero, confiando en que estos meses fueran para una recuperación.

“Pero salir por gasolina también ha sido difícil. En moto se ha salido por otros caminos y dando más vueltas, detrás de la montaña del acueducto de La Reforma para llegar a la vía a Jamundí. Esto está más al sur y luego coger la autopista Suroriental para encontrar gasolina. Mi hermana tuvo que esperar un día, al bajar, entre 4 de la tarde a 4 de la mañana en un punto de combustible”, sostuvo. Dijo que ahora que volvieron las gualas espera que la situación no se agrave de nuevo.

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Sin embargo, hay otros campesinos que han tenido que pensar en regalar sus gallinas o venderlas porque no hay alimentos para animales.

Yo tengo 20 gallinas, hay otras personas con 200, les estamos dando desperdicios de lo que comemos para no sacrificarlas. También tenemos que ir a las casas para ver quién tiene algo de maíz

“Yo tengo 20 gallinas, hay otras personas con 200, les estamos dando desperdicios de lo que comemos para no sacrificarlas. También tenemos que ir a las casas para ver quién tiene algo de maíz”, dijo la señora Fernández.

Entre tanto, otro campesino que pidió no dar su nombre señaló que tiene heliconias y que se le han marchitado por no poder bajarlas a Cali por temores a los bloqueos.

“Yo quisiera saber si la Alcaldía de Cali me puede comprar mi vivienda para irme del país. Vivo en el corregimiento Golondrinas y acá están los bloqueos, están cobrando peajes. Cobran 5.000 pesos y aparte están llegando invasores a la montaña, quemando terrenos. Yo tengo que trabajar en Cali y vivo acá en el área rural”, denunció un morador de esta zona rural.

“No puede ser posible que estén extorsionando a los caleños para movilizarse libremente. Los retenes ilegales siembran miedo, incertidumbre y se aprovechan de los ciudadanos. La Administración no debería permitir que estas cosas sucedan”, dijo la concejal Diana Rojas.

El concejal Fernando Tamayo coincidió con la cabildante y dijo que hay casos de cobros extorsivos en estos peajes que ha conocido, de entre 10.000 y 14.000 pesos.

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CALI

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