Por amenaza de bomba cancelan audiencia contra Alcalde de Buenaventura

Por amenaza de bomba cancelan audiencia contra Alcalde de Buenaventura

La audiencia de imputación contra Arboleda se iba a realizar este jueves en el Palacio de Justicia. 

El alcalde Jorge Eliécer Arboleda sigue a la espera de que le definan el sitio de aseguramiento con mejores condiciones de seguridad.

El alcalde Jorge Eliécer Arboleda sigue a la espera de que le definan el sitio de aseguramiento con mejores condiciones de seguridad.

Foto:

Archivo particular

27 de septiembre 2018 , 07:30 p.m.

La audiencia a la que debía acudir el alcalde de Buenaventura, Jorge Eliécer Arboleda, detenido el pasado 15 de abril por presunta malversación de dineros públicos que iban destinados al hospital Luis Ablanque de la Plata, no ha sido reprogramada, luego de que se suspendió este jueves por una amenaza de bomba que generó pánico entre ciudadanos y funcionarios.

La alerta se activó cuando la Policía recibió una llamada por la línea 123 de emergencias, informando que en uno de los baños del Palacio de Justicia del puerto marítimo había un paquete con 15 centímetros de cuerda detonante y otros 15 centímetros de una mecha de seguridad que harían parte de un explosivo. Sin embargo, el artefacto no estaba armado por lo que no se hubiera podido detornar. 

De inmediato, la edificación, donde se encontraban más de 50 personas, fue evacuada. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 9 de la mañana, cuando las autoridades se alistaban a llevar al mandatario Arboleda a una audiencia de confirmación de cargos por la investigación en su contra por presunta corrupción

El comandante de la Policía de Buenaventura, coronel Eliseo Suárez, dijo que este paquete fue dejado por una persona con acceso al Palacio de Justicia. 

Así mismo, el oficial indicó que el juez primero del Circuito recibió amenazas por su teléfono celular, a través de un mensaje de texto. 

Las autoridades reiteraron que la audiencia no se ha reprogramado ni se ha confirmado el sitio donde se haría, debido a que se busca fortalecer la seguridad en torno al alcalde Arboleda, pues creen que el artefacto podría tener relación con el caso del mandatario. 

Cabe recordar que Eliécer Arboleda es investigado por posible contratación irregular y la apropiación de recursos públicos superiores a los 5 mil millones de pesos, destinados al mejoramiento de la infraestructura del Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata. 

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Arboleda también le habría exigido al gerente del Hospital Distrital, Pedro Pablo Cortez Quiñonez, firmar 13 renuncias con fechas diferentes con el único propósito de que el funcionario aceptara todo tipo de órdenes para el manejo del centro médico, entre las decisiones se encontraban la contratación de obras y suministros con las personas que dijera el mandatario. 

Arboleda es uno de los cuatro alcaldes que han sido cuestionados, de manera consecutiva, en los últimos 10 años.

El primero fue Saulo Quiñones, en momentos en que el puerto se agitaba por la violencia por unos 2.000 asesinatos y 300 desapariciones. Fue investigado en el 2007 por contratación indebida y prevaricato por unos 11.600 millones de pesos en obras de colegios para la zona rural y urbana de Buenaventura, además del programa de educación subsidiada o de cobertura educativa. Fue capturado en el 2011 por peculado con tres funcionarios más del municipio.

Quiñones fue reemplazado por José Félix Ocoró Minotta, quien fue dos veces alcalde de Buenaventura y en ambas oportunidades fue cuestionado e investigado por anomalías en la contratación pública.

En el 2011, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) detuvieron a Ocoró Minotta en su despacho por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y falsedad en documento público.

El tercer alcalde cuestionado fue Bartolo Valencia, investigado en el 2012 por contratos relacionados con cupos escolares por 3.076 millones de pesos, para atender a 3.845 niños, a través del Sistema General de Participaciones. A su vez, su Alcaldía contrató a 97 operadores de manera directa. Según la Fiscalía, hubo detrimento en más de 700 millones de pesos. A mediados de este año fue detenido por segunda vez. 

CALI

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