A 20 y 30 años condenados por homicidio de comunicador indígena

A 20 y 30 años condenados por homicidio de comunicador indígena

El heclo ocurrió mientras se asaltaba la casa del Cabildo de Pioyá, en el Cauca

Audiencia

Audiencia realizada en Caldono, Cauca

Foto:

Archivo particular

Por: POPAYÁN
31 de agosto 2018 , 07:40 a.m.

La justicia indígena condenó a Evelio Corpus Dagua, a 20 años de cárcel, y a Robinson Valencia Corpus, a 30 años, por el homicidio de Eider Arley Campo ocurrido el pasado 5 de marzo en el resguardo de Pioyá, en Caldono Cauca.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) dio a conocer que en una audiencia comunitaria realizada en el resguardo de Pioyá ubicado en el municipio nortecaucano de Caldono, y en presencia de las autoridades ancestrales de Sa`th Tama Kiwe (La Laguna, Las Mercedes y La Aguada San Antonio) se les impartió la pena de 20 y 30 años de prisión.

Los hombres fueron encontrados responsables de la muerte de Eider Arley Campo, cuando hombres armados asaltaron la casa del Cabildo de Pioyá.

Los dos implicados, junto a otras ocho personas, incursionaron en el resguardo para rescatar a compañeros que habían sido capturados. En su huida dispararon, hecho en el que perdió la vida el joven Campo.

Los ocho hombres fueron capturados en marzo y tras ser sometidos a un ritual de armonización fueron sentenciados a diversas penas.

“De los 10 involucrados directamente en este hecho violento, Evelio Corpus Dagua y Robinson Valencia Corpus lograron escapar”, dice el Cric en un comunicado.

Dagua fue capturado el 22 de agosto por la Fiscalía en Santander de Quilichao que lo entregó a las comunidades indígenas, y Valencia fue capturado al día siguiente por la misma guardia indígena.

“Con ellos dos, tenemos hasta el momento 10 personas capturadas, quienes participaron en este lamentable hecho. Sin embargo, es probable que hayan más autores materiales involucrados, mientras los autores intelectuales siguen en libertad”, agrega el comunicado.

En la audiencia también se hizo una queja pública en la que se advierte que los determinadores intelectuales del hecho siguen libres y sin ser investigados.

Los sentenciados deberán pagar sus acciones en la cárcel de San Isidro de Popayán.

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