Un nuevo fallo judicial, esta vez por parte del Tribunal Superior de Barranquilla, ordenó que a la polémica exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe y condenada por el delito de soborno, Silvia Gette Ponce, le rebajen el monto de la pensión de 96 millones a 47 millones de pesos.
Los tres magistrados que tomaron la decisión coincidieron en que Gette deberá devolver 2.100 millones de pesos, que corresponden a las millonarias pensiones que recibió durante tres años, antes de la demanda. El alto tribunal indicó que la exrectora había aumentado dicha pensión “abusando de sus facultades y que “actuó de mala fe”.
Según el Tribunal, el aumento se le reconoció con base en el 100 por ciento del salario, pero debió ser del 75 por ciento.
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Sin embargo, el abogado Carlos Pachón, apoderado de la Uniautónoma, dijo: “No compartimos la decisión, toda vez que esta se debe ajustar a la Constitución, que estable que son máximo 25 salarios mínimos. En consecuencia, ya se presentó el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia”.
La millonaria retribución que viene recibiendo Gette corresponde a la pensión de sobreviviente que exigió como viuda de Mario Ceballos Araújo, fundador y primer rector de la universidad que murió en octubre del 2003.
Los abogados aseguran que la exrectora elevó el valor de este pago cuando se desempeñaba como rectora, sobrepasando así los límites legales. La cifra ha sido calificada por los directivos de la universidad de “escandalosa”.
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Fue la junta directiva de la Universidad Autónoma del Caribe la que decidió otorgarle una pensión a Ceballos, quien en ese momento no devengaba salario por su desempeño como rector. Los directivos decidieron que se le debía aprobar una especie de subsidio que no superara los 15 millones de pesos. Sin embargo, al morir Ceballos, su esposa asumió la rectoría y ese mismo año elevó la pensión a 67 millones de pesos y cinco años después, a 96 millones.
En un primer fallo, un despacho judicial de Barranquilla le redujo la mesada a 71 millones de pesos, decisión que fue apelada por la universidad, que además ha venido solicitando a la Fiscalía el traslado a Bogotá de los procesos que cursan en contra de Silvia Gette, quien tiene detención domiciliaria por haber sobornado a un exjefe paramilitar con 500 millones de pesos para que cambiara su versión sobre el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, yerno de Ceballos.
En su momento, la universidad había manifestado su inconformidad con la reducción a 71 millones de pesos hecha por el despacho judicial, por considerar que “esta se debe ajustar a la Constitución”.
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