'Esto lo dejaron crecer y hoy en día es bastante difícil de controlar'

'Esto lo dejaron crecer y hoy en día es bastante difícil de controlar'

Javier Rojas Uriana, líder wayúu, mantiene su posición crítica frente a la indiferencia estatal.

Desnutrición sigue afectando a niños guajiros

De acuerdo con los registros de la Asociación Shipia Wayúu, cada semana hay muertes de menores, producto de los problemas de salud por la desnutrición.

Foto:

Archivo/EL TIEMPO

Por: Álvaro Oviedo C.
24 de marzo 2019 , 01:28 p.m.

Retomar la lucha social de Luis Socarrás, por el bienestar de las comunidades wayúu de La Guajira, es la tarea que se autoimpuso el hoy líder indígena Javier Rojas Uriana, sobre todo dirigida a que el Estado les tienda la mano y se frene la muerte de niños producto de la desnutrición que no da tregua.

“Él fue el único que ha logrado movilizar a 3.500 autoridades tradicionales en una sola ruta. Pero se dieron cuenta de ese poder organizativo que tenía, por eso lo asesinaron”, comentó Rojas en la charla con este medio en la que hizo una radiografía de la situación.

¿En qué va la lucha por los niños desnutridos?
La situación de las comunidades no ha cambiado a pesar de las acciones que venía haciendo el anterior Gobierno en terreno, que de acuerdo con los estudios que ellos hicieron era la más adecuada.

¿Qué se demostró?
Que ha sido un fracaso porque, por ejemplo, tanto con el tema de solución de pozos y huertas no ha funcionado, a pesar de la inversión tan grande que se ha tenido (200.000 millones de pesos).

¿Y ese fracaso ha obedecido a qué?
A que no hubo un seguimiento, acompañamiento, ni tampoco continuidad de las acciones en territorio.

¿En síntesis, cero avance?
Si, seguimos en cero porque siguen sufriendo nuestros niños; no ha habido una solución concreta.

De acuerdo con las cifras y tiempo que Usted maneja, cuanto niños indígenas han muerto?

Las muertes de los niños no es por épocas. Ellos siguen muriendo semana tras semana, por la simple razón y es que no hay una solución concreta hacia el suministro de agua potable a las comunidades.

Tengo entendido que con frecuencia esto lo dan a conocer a organismos como el Bienestar Familiar, ¿Sí actúan?

Ellos qué hacen: lo pesan, lo miden, lo tallan, y dicen: este niño pesa 14 libras, está bien; si pesa 12 entonces está mal. Los van identificando en una condiciones que ellos llaman de extremo riesgo y lo meten en un programa, pero a la semana al que midieron ha recaído porque ya no tiene alimentos, más el consumo de agua contaminada, de manera que cualquier diarrea que le da al niño lo lleva a un estado de salud grave y terminan muriendo.

Esta situación los ha llevado a decisiones que sorprenden, ¿Podría explicarme?
Las últimas tres asambleas que hemos realizado han sido insistentes en que no sigamos publicando el tema de la muerte de los niños.

¿Por qué?
Para no seguir revictimizando a las familias; la otra es porque, por ejemplo, el Bienestar Familiar u otras instituciones, como los grupos extramurales de salud, vienen amenazando a la comunidad, diciéndoles que si visibilizan la muerte de un niño podrían ir a la cárcel como responsable de ello.

Recuérdeme, ¿Como líder cuánto tiempo lleva denunciando?
Más de 10 años, luego de empezar a identificar causas y denunciarlas.

4.700 menores fallecidos en los últimos 8 años es una barbarie, según expresión del magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos

Junto con el grupo que lo acompaña, ¿Qué encontraron?
Iniciamos con unas encuestas a las familias para conocer las necesidades que tenían, pero encontramos que, cuando le hacíamos la pregunta de cuantos hijo tenían, nos respondían ‘10, pero se me han muerto 3’ y esas respuestas fueron reiterativas, ‘se me han muerto, 2, 3 4…,’.

¿Daban a conocer causas?
Decían que por el ‘mal de ojo’, como le dicen en wayúu a la desnutrición.

Descubierto eso, ¿Qué hicieron?
Dialogamos con dos pediatras y como vimos las cifras disparadas concluimos en que ya había un problema de desnutrición grave.

¿En qué zonas de La Guajira se concentra?
Manaure y Uribia, en donde más presencia tenemos nosotros. La Asociación (Shipia Wayúu) tiene un poco más de 1.000 comunidades asociadas y agremiadas, y solo visitamos el 45 por ciento del territorio porque no nos dio más el presupuesto y las fuerzas.

Javier Rojas, líder wayúu

Una de las voces de los índígenas wayúu que ha estado denunciado los problemas de las comunidades e Javier Rojas, quien dice que seguirá luchando.

Foto:

Eliana Mejía/EL TIEMPO

¿Cómo así?
Nos tocó caminando, en bicicletas, motos, con los pocos recursos que teníamos, hasta que decidimos concentramos en la sede de la asociación y allí las familias nos reportan. Luego hacemos una verificación en territorio. De esa manera hemos hecho el trabajo y contamos con cifras reales.

Me llama la atención que hablas de comunidades asociadas y agremiadas, ¿Qué debo entender?
Las asociadas son aquellas comunidades que fueron reconocidas por el Ministerio del Interior por cuestiones políticas las registraron en la Secretaría de Asuntos Indígenas; las agremiadas son porque nunca ha tenido reconocimiento por parte de ninguna de los dos (Ministerio y Secretaría), porque los discriminaron, o porque no cumplieron con las expectativas de votos que pedían los políticos.

¿Esto les trajo repercusiones?
El Ministerio detectó esa situación y suspendió todo tipo de reconocimiento a las comunidades y desde allí empieza la vulneración de sus derechos.

¿Por qué acuden ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos?
En el 2012 buscamos, por todos los medios, visibilizar fuertemente el tema; en el 2013, los medios de comunicación nos ayudaron bastante; en el 2014, se movilizaron autoridades desde Bogotá; a principios del 2015, ya habíamos instaurado varias tutelas, y hasta hubo una sentencia, pero como los jueces y los magistrados aquí lo venía muy superficial, no veían posible que la comunidad se estuviera muriendo de hambre, o simplemente nos solicitaban un estudio técnico más profundo y nosotros al no contar con eso nos vamos a la instancia internacional.

¿Cuándo se concretó la denuncia y qué respuesta hubo?
El 7 de febrero del 2015 llevamos el caso a la CIDH (aclaró que la radicaron por correo porque no tenían para los pasajes hasta Washington, Estado Unidos, sede de la entidad). El 11 de febrero de 2015 la comisión decretó las medidas cautelares en favor de la comunidad; en el 2017, la ampliaron a madres gestantes lactantes y los integrantes de la tercera edad; es decir que la comunidad en su totalidad está cubiertas por las medidas.

¿Esto sí ha tenido algún efecto, los han atendido los gobiernos locales, regionales y nacionales, como se ordena?
Mire que cuando no había medidas cautelares nadie apuntaba hacia La Guajira por la violación sistemática de los derechos humanos; y solo cuando la CIDH dictó las medidas cautelares el Gobierno medio volteó y buscó afanosamente mostrar un resultado de investigaciones sobre corrupción, por eso empezaron a desfilar funcionarios a la cárcel; pero la justicia como siempre, va casa por cárcel o simplemente vencimiento de términos y no ha pasado absolutamente nada, pero las cifras de los niños sigue subiendo.

¿Qué le puede pasar al Estado colombiano por incumplir lo de la CIDH?
Venimos adelantando el caso y, próximamente, lo vamos a radicar en la Corte Interamericana de Derecho Humanos (sede Costa Rica) ya como una demanda contra el Estado por el daño irreparable en contra de nuestra comunidad wayúu, por el abandono.

¿Personalmente, este tipo de trabajos en favor de su gente le ha traído serios problemas?
Claro. Ser un defensor de derechos en Colombia y el Mundo no genera recursos, genera situación de riesgos, persecuciones, desplazamiento porque me ha tocado desprenderme de mi familia, atentados, desprestigio para poder silenciarnos.

¿Hasta dónde aspira a llegar con su lucha social?
Sin importar quien esté gobernando se debe garantizar el mínimo de reivindicación de derechos a cualquier ciudadano, especialmente a las comunidades indígenas, como en el caso de nosotros con especial protección por la legislación nacional e internacional. Nuestra lucha es ver eso, que algún día no muera de sed y hambre en el territorio y que la situación de nuestra comunidad cambie ese panorama tan difícil de crisis humanitaria que vivimos.

Álvaro Oviedo C.
Editor regional de EL TIEMPO
BARRANQUILLA

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