La superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, anunció que en junio se dará inicio a las inversiones con recursos del Gobierno Nacional para el mejoramiento de redes y subestaciones operadas por Electricaribe, actualmente en intervención.
La funcionaria dijo que el Gobierno desembolsó los primeros 125 mil millones de pesos de los 860 mil millones aprobados para atender las necesidades prioritarias en la infraestructura del servicio en la región.
Estos recursos hacen parte del paquete autorizado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) en 2017 para atender los frentes de acción más urgentes.
“Sabemos que la infraestructura está muy deteriorada; y la empresa ha definido aquellas zonas prioritarias en diferentes municipios de la región Caribe. Electricaribe iniciará las contrataciones a partir de junio; y la agente especial informará a los gobernantes y a la comunidad el cronograma de estas primeras obras”, manifestó Avendaño García.
Igualmente, la superintendente afirmó que los 735 mil millones de pesos restantes estarán disponibles en el segundo semestre del año para que se continúen las inversiones proyectadas. Electricaribe podrá contratar hasta ese monto en la presente vigencia.
“Los recursos asignados por el Gobierno Nacional serán administrados por la compañía, actual operador de la infraestructura. Su inversión tendrá seguimiento permanente de la Superintendencia que cuenta con el apoyo de la junta consultiva de expertos instalada el pasado mes de febrero para acompañar el plan de inversiones de la empresa”, indicó la funcionaria.
En el marco del proceso de búsqueda de uno o varios operadores inversionistas para el servicio de energía en la región, hoy viernes culmina el plazo de acreditación de los interesados para la precalificación de oferentes.
Estas declaraciones las dio la superintendente al término de la mesa de socialización con la comunidad sobre el esquema de solución para la prestación del servicio de energía en la región Caribe que se realizó ayer en Cartagena, en cumplimiento del fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico. Tuvo lugar en hotel Capilla del Mar, en Bocagrande.
Las mesas de socialización se iniciaron el pasado 30 de abril en Barranquilla. Se realizarán otros 13 encuentros en diferentes capitales y municipios de la región.
La superintendente aprovechó para resaltar, como positiva, la presencia en el Plan Nacional de Desarrollo de los artículos que permitirán implementar el esquema de solución para Electricaribe.
“Con los artículos aprobados tenemos la posibilidad de seguir cumpliendo con el cronograma establecido desde noviembre pasado por el presidente Iván Duque”, dijo, y recordó que el Plan (PND) facilita la integración vertical en el sector energético de la región caribe, encaminada a la realización de actividades de comercialización, distribución y generación de energía, antes limitadas en el artículo 74 de la Ley 143 de 1994.
Este mismo artículo permite un aumento del 25 al 35 por ciento al límite de participación y comercialización de los distribuidores de energía en el mercado nacional.
Ese detalle, por supuesto, facilita la presencia de más actores interesados en adquirir alguno de los dos segmentos geográficos en los que se dividió la región Caribe, identificados como Caribe Mar y Caribe Sol.
El PND en su artículo 313, autoriza al Gobierno Nacional a asumir el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe para garantizar el pago de esos recursos a los más de 3 mil pensionados que tiene la empresa. La cancelación de ese pasivo ayudará también en la búsqueda de uno o más operadores para el mercado de energía.
En ese respecto, la superintendente ha dicho que el Gobierno nunca ha considerado asumir las deudas pre-toma, que ascienden a 800 millones de dólares.
Esas deudas serían atendidas con el producto de la enajenación de los activos de Electricaribe, en el marco de su proceso de liquidación y en el orden de pagos previstos por la ley.
Lo único que asumirá la Nación es el valor del pasivo pensional de Electricaribe y las deudas posteriores a su toma, con recursos del Fondo Empresarial de la Superservicios.
La empresa, que estaba en poder de la española Gas Natural Fenosa, está intervenida por la Superintendencia desde noviembre de 2018.
JAVIER FRANCO ALTAMAR
Especial para EL TIEMPO
Barranquilla
