Luego de 11 años de pelea jurídica en juzgados, protestas, marchas, espera de estudios, y hasta enfrentamientos con la Policía, el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Barranquilla ordenó al Distrito y a ocho constructoras a pagar por los daños materiales e inmateriales a las familias que resultaron afectadas por los deslizamientos de la ladera de Campo Alegre, en el noroccidente de la ciudad.
El fallo en primera instancia, dado a conocer el pasado lunes, beneficia a unos 2.000 viviendas y lotes que se encuentran desde la carrera 38 a la 42 y de la calle 83 a la 96. Igualmente los condena orden, solidariamente, a pagar a los propietarios de inmuebles afectados 60 salarios mínimos legales vigentes, por concepto de perjuicios inmateriales.
Un estimativo de los perjuicios inmateriales ronda los 100.000 millones de pesos y uno de los materiales sumados a los inmateriales estaría por la suma de 300.000 millones de pesos.
El juez consideró que la responsabilidad del Distrito es del 15 por ciento, de la Urbanizadora Parrish el 25 por ciento, y de las constructoras el 60 por ciento, lo que significa, que si el total de la sentencia es 300.000 millones de pesos, al Distrito les correspondería pagar 45.000 millones de pesos, a Parrish 75.000 millones de pesos y a los constructores 180.000 millones de pesos.
Las constructoras afectadas con la medida serían: Marval, Metrópolis S.A., Alejandro Char & Cía., Cadena y Fawcett, Alta Vista, Proyecto Barranquilla y Fonbiconstrucciones.
El abogado Roberto Tapia, coordinador de la acción popular de los afectados por Campo Alegre, precisó: “Lo más probable es que todas o cualquiera de las partes condenadas, presenten recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, ante lo cual tendríamos unos términos de aproximadamente 6 meses para resolverse este recurso de apelación, luego de lo cual la sentencia queda debidamente ejecutoriada y se podrá presentar los respectivos procesos ejecutivos para hacerla efectiva”, dijo.
“El Distrito tiene esa responsabilidad porque entregó esas licencias para lotear; y los constructores, por que sabían que existía un estudio del año 1997 de Ingeominas que alertaba sobre lo que podía pasar en esas tierras y requería otros estudios profundos, lo que harían imposible vender esas viviendas en el precio que las vendieron”, agregó Tapia.
Por su parte, el Secretario Jurídico del Distrito, Jorge Padilla, en rueda de prensa dijo que no han sido notificados del fallo.
“Es un tema de ciudad el que se ha atendido con grandes inversiones que va desde la compra de predios hasta el pago de arrendamientos, financiado proyectos para detener el deslizamiento y la reconstrucción de la carrera 38”, subrayó.
El funcionario reconoció el fallo cubre a más de 1.000 personas, y que cabe la apelación . “Esa es una instancia, la decisión no queda ejecutoriada por la complejidad del tema”, dijo.
Barranquilla.
