A la expectativa se declaran los taxistas y las autoridades de Barranquilla de las medidas que pueda tomar el gobierno nacional alrededor de las plataformas digitales que ofrecen servicio de transporte público con conductores en vehículos particulares.
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El tema, que se ha mantenido activo en la ciudad en los últimos tiempos de la mano con la lucha por la implantación del proyecto del taxímetro (hasta ahora, en veremos), revivió desde principios de año por un borrador de un proyecto de ley que buscaría regular o prohibir este mecanismo de movilidad.
“La Superintendencia de Transporte ordenará el bloqueo de los medios de comercio electrónico o de las plataformas tecnológicas hasta por (30) días por evento, cuando advierta que los servicios por ella ofrecidos permiten de cualquier manera, sin autorización de la ley y de la autoridad de transporte competente, que las necesidades de movilización de terceros se satisfagan en vehículos matriculados en el servicio particular”, señalaba el documento.
Y agrega que si “se compruebe que con el equipo se presta un servicio no autorizado, será inmovilizado la primera vez por el término de treinta (30) días, la segunda vez por sesenta (60) días y en las siguientes ocasiones cada vez por el término de noventa (90) días”.
Mientras que, para el usuario, “sanciones con multa de doscientos cincuenta (250) Unidades de Valor Tributario (equivalente a $ 10,6 millones) por contratar el suministro del servicio de transporte con personas naturales o jurídicas no autorizadas. La sanción será impuesta por cada vehículo usado en los servicios contratados”.
Sin embargo, la ministra de las TIC aclaró a este medio la semana pasada que las ‘apps’ de transporte no se van a prohibir.
Plataformas en la ciudad
Entre los comentarios que hacen algunos barranquilleros para justificar el uso de este servicio, con el fin de transportarse, están: “Nos ponemos de acuerdo con el conductor por el cobro de la carrera” y “Están dispuestos a llevarme a cualquier lado”.
Según ellos, normalmente contratan este servicio para ir de compras, visitar familiares, ir a la playa, viajar a Cartagena o Santa Marta y llegar a cualquir destino.
En la capital del Atlántico, funcionan las plataformas de Cabify, DiDi, Uber e inDriver, siendo estas dos últimas las que cuentan con mayor popularidad. Mientras que, con respecto a los taxis, son aproximadamente 15 mil vehículos que ruedan.
Las voces de los taxistas en Barranquilla
La legislación de transporte es muy clara y dice que los vehículos particulares no pueden hacer servicio público
El presidente de Sinchotaxis, Jorge Guerrero, recalcó que las plataformas no son el problema, sino la utilización del vehículo particular en las plataformas digitales.
“La ley está hecha, lo que hay que hacer es cumplirla. La legislación de transporte es muy clara y dice que los vehículos particulares no pueden hacer servicio público. No hay nada que inventar, sino cumplir la ley”, expresó.
Guerrero considera una buena iniciativa “equiparar” a los vehículos particulares con los taxis, siempre y cuando sus conductores se acojan a las mismas obligaciones, como licencias, pólizas civiles, pago de planillas, afiliación a empresas legalmente constituidas, tarjeta de control, tarjeta de operación renovable, entre otros aspectos.
“A eso tendríamos que añadirle muchas cosas: primero que todo, tendrían que hacer una figura para cambiar placas amarillas a blancas. Segundo, tendríamos que ver la capacidad transportadora de cada ciudad. Tercero ¿Cómo harían para diferenciar los vehículos particulares que prestan el servicio? Serían muchas cosas que tendrían que entrar a jugar para que sea legal”, sostuvo.
Guerrero aseguró que el derecho al trabajo no justifica que se legalice esta modalidad, porque, de acuerdo con su punto de vista, se tendrían que legalizar a partir de ahora muchas prácticas de la ciudadanía por obtener ingresos y que no las ampara la ley.
Los taxistas han llevado a cabo varias jornadas de protestas en la ciudad.
Vanexa Romero / EL TIEMPO
“No entendemos cómo el gobierno pretende hacer eso. Creemos que el camino legal para esto es un camino jurídico muy duro, pero que el gobierno nuevamente le está dando el lado siempre a lo ilegal. Ojalá esto se aclare pronto, pero el panorama no es muy bueno”, manifestó el dirigente gremial.
Otro que se opone a la medida que está en estudio es el presidente de Sinditax, Orlinson Villa, que coincidió con Sinchotaxis al pedir que se cumpla la ley y al considerar que la prohibición del servicio particular no significa un problema social para esos conductores.
“La gran mayoría tiene puestos de trabajo fijo. Únicamente lo hacen para rebuscarse la gasolina y una que otra salida con la novia. Hay otra gran mayoría de ellos que eran taxistas y llegaron a esos carros particulares porque se les venció la licencia”, señaló.
Entre las peticiones que le hizo al gobierno está en realizar un estudio de la capacidad transportadora de cada ciudad donde el Transporte Público Individual tipo taxi existe, para conocer realmente, según indicó, cuántos taxis necesita el lugar y a partir de ahí tomar una decisión con los carros particulares.
“Porque es que las plataformas tampoco pueden seguir sobreofertando con carros particulares en las ciudades. Eso lo que genera es un impacto de trancones”, aseguró Villa.
La versión del Área Metropolitana de Barranquilla
Hemos dicho que esta situación amerita una intervención, porque la disposición legal hoy no se está cumpliendo en el caso planteado
El director del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), Libardo García, aseguró que ha pedido en ocasiones anteriores al MinTIC regular las plataformas, porque “está claro que estas aplicaciones están colocando tarifas a los servicios y esa es una función exclusiva de la autoridad de transporte. Están usurpando las funciones”.
“Hemos dicho que esta situación amerita una intervención, porque la disposición legal hoy no se está cumpliendo en el caso planteado, teniendo en cuenta que el transporte público es un servicio bajo la protección y regulación del Estado, amparado bajo la Constitución Política de Colombia, y la forma en cómo se presta, a través de este tipo de plataformas, no cumple con las exigencias establecidas por la ley”, sostuvo.
Dentro del Área Metropolitana, a través de la subdirección de Transporte Metropolitano, se encuentran cursando 2.900 actuaciones administrativas sancionadoras por infracciones contra igual número de ciudadanos y propietarios de vehículos que han prestado o se encuentran prestando el servicio de taxis mediante el uso de plataformas no reglamentadas en el país.
Estas actuaciones tienen como finalidad, en caso de encontrarse responsabilidad en la conducta, la imposición de sanciones de carácter pecuniario que pueden oscilar de acuerdo a la ley 105 de 1993 hasta en 700 SMLMV.
Y, según explicó el AMB, se dan con el propósito de disuadir el ejercicio de una actividad no reglamentada y se hace dentro del cumplimento del rol de autoridad.
En todo caso, la controversia se mantiene en el panorama de la ciudad y enfrenta a taxistas con el gobierno e incluso con los mismos usuarios de este tipo de transporte.
Las quejas de los usuarios también comprometen a las plataformas digitales.
Vanexa Romero /EL TIEMPO
Las conclusiones de la reunión del jueves 16 de marzo
Precisamente por la controversia que se ha desatado alrededor de los conductores de vehículos particulares que usan ‘apps’ de transporte, este jueves 16 de marzo, se reunieron sindicatos de taxistas con la directora de Transporte y Tránsito, Vivian Hernández, y Alejandro Zambrano, por la Superintendencia de Transporte.
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El encuentro se dio en el marco de la Mesa Regional de Trabajo, convocada por el Ministerio de Transporte, y se dialogó alrededor de un par de temas centrales: las plataformas y la calidad del servicio.
Tras finalizar la reunión, Jorge Guerrero cuestionó que no haya asistido directamente el ministro Guillermo Reyes y la ausencia de las autoridades del Distrito.
“En el tema central, que era la utilización del vehículo particular como transporte individual tipo taxi, se centraron en decir que todo recae en las autoridades distritales, que son las que tienen que ver cómo con la normatividad que hay atacan esa ilegalidad, pero nada nuevo”, expresó el sindicalista.
Agregó que desde las instancias nacionales esperarán que culminen las mesas de diálogo en todas las ciudades para expedir una circular a mediados del próximo mes.
Deivis López Ortega
Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla
En Twitter: @DeJhoLopez
Escríbeme a deilop@eltiempo.com
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