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Invasiones a terrenos privados y públicos aquejan a Barranquilla
Invasiones Barranquilla

En El Rubí, las autoridades han demolido en un área de 1.200 metros cuadrados en 11 lotes.

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Vanexa Romero /EL TIEMPO

Invasiones a terrenos privados y públicos aquejan a Barranquilla

En El Rubí, las autoridades han demolido en un área de 1.200 metros cuadrados en 11 lotes.

Este fenómeno se produce con intermitencia, viéndose afectada también el área metropolitana.

Las invasiones al espacio público o privado en Barranquilla dejaron de ser un problema ocasionado por espontáneos que levantan carpas en cualquier área a cielo abierto y ahora se habla incluso de “grupos ilegales” detrás de intereses económicos.

Al menos así, en esos términos, alertaron al respecto los representantes de Lonja de Propiedad Raíz, Argos, Camacol y Fenalco a principios de agosto, en una carta dirigida a los alcaldes de Barranquilla y del área metropolitana, Gobernación del Atlántico, Policía, Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, Superservicios y a la Superintendencia de Notariado y Registro.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público (SCUEP), en la actualidad se encuentran abiertos 173 procesos por ocupación indebida del espacio público, los cuales se encuentran repartidos entre las seis inspecciones adscritas a esta Secretaría.

“Durante los últimos cuatro años, desde la creación del código de policía, la SCUEP ha conocido de más de 5.400 expedientes, dentro de los cuales más de 3.200 se han fallado y materializado, procurando con ello la recuperación del espacio público y la protección de la integridad urbanística de los predios en el Distrito de Barranquilla”, informó la SCUEP a EL TIEMPO.

Además, se encuentran en curso actuaciones para recuperar espacios que le pertenecen a la comunidad en zonas como El Rubí, El Edén, las orejas de los puentes de La Cordialidad, Circunvalar, algunas zonas verdes de los parques de la ciudad, el sector de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquín, entre tantos otros más.

Según cifras oficiales, en la administración pasada (2016-2019) fueron recuperados 114.169,56 metros cuadrados de espacio público.

Las construcciones se orientan a temas de mejoras de tablas, o construcciones en madera con materiales reciclables

De lo que va corrido de administración actual, en 2020 fueron recuperados 11.305 metros cuadrados, y en el primer semestre de este 2021 se recuperaron 5.730 metros cuadrados.

En su mayoría, la infracción se comete en las rondas hídricas y/o en las zonas verdes que se encuentran en las plazas, parques o plazoletas, así también como en los bulevares.

Para la SCUEP, la dinámica de las invasiones en la ciudad varía dependiendo de cada situación, en algunos casos lo hacen como forma de constitución de asentamientos irregulares de las poblaciones vulnerables.

“Las construcciones se orientan a temas de mejoras de tablas, o construcciones en madera con materiales reciclables; es decir, viviendas que no implican inversiones en las construcciones y que son realizadas para familias superpobladas”, comunicó.

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Agregó que también existen invasiones que se basan en la adquisición de posesiones que inclusive cuentan con escrituras protocolarias de venta, en donde median documentos legales que le crean una falsa expectativa de propiedad al ocupante.

“En este tipo de invasiones existen generalmente viviendas consolidadas con servicios públicos irregulares pero suministrados por el vendedor mal denominado ‘poseedor’, generalmente aquí ya se cuentan con viviendas en mampostería o de material, inclusive en algunas de ellas existen viviendas de dos pisos con acabados o en obra gris”, detalló la SCUEP.

La característica de este tipo de ocupación, según la Secretaría, es que hay problemas de fondo de propiedad de la tierra y los compradores de los lotes son personas que tienen trabajos y que hacen inversiones a su cuenta y riesgo, aduciendo que la compra de la posesión es un derecho legítimo.

Las autoridades recuerdan que estos espacios de El Rubí no pueden ser habitados, según el POT.

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Vanexa Romero /EL TIEMPO

Un problema histórico

“Lamentablemente, si se averigua sobre la historia de Barranquilla, ha sido toda construida con invasiones. Casi no se encuentra un barrio que haya sido construido con procesos urbanísticos dirigidos por el mismo Estado. Por eso hay un desorden en barrios populares”, dice Miguel Espinosa, miembro de la Central Nacional Provivienda (Cenaprov).

Es en este punto donde Espinosa pide diferenciar entre invasión y recuperación de tierras, considerando esta última como la reivindicación de una propiedad que es colectiva y fue apropiada por unos particulares.

“Una cosa es ese tipo de procesos colectivos para reivindicar un derecho a la vivienda y otra cosa es cuando intereses económicos sobre todo ilegales invaden la tierra para vender la posesión y que las otras personas empiecen a comprarla”, explica el miembro de Cenaprov.

El caso de la ciénaga

Entre mediados y finales de julio, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, realizó un operativo de desalojo en la ronda de la ciénaga de Mallorquín, sector donde se anunció el proyecto del ecoparque.

Se trata de una diligencia de recuperación de los terrenos que se origina en una querella de 2017 sobre un área de 26.667 metros cuadrados, proceso dentro del cual existe una acción popular ejecutoriada.

Sin embargo, el operativo se detuvo para avanzar con jornadas de diálogos a las 35 familias asentadas irregularmente en ese lugar, según comunicó el Distrito, y ante el rechazo de un sector de la ciudadanía por tratarse de una población vulnerable.

Frente a este proceso, Espinosa recordó que en 2019 presentó una acción popular para la reubicación de las personas que se encuentran allí. Asimismo, interpuso una tercera medida cautelar para que suspendieran el desalojo hasta que resolvieran la acción popular.

Hasta hace unas semanas, una maquinaria era operada en el terreno.

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Si se consulta el indicador de vivienda cuantitativa en el censo de 2005, el déficit era de 39 mil familias

Pero, analizando lo que sucede alrededor de la ciénaga de Mallorquín, indica que, además de intereses económicos y de terrenos, hay un factor clave que es el “déficit de viviendas”.

“Si se consulta el indicador de vivienda cuantitativa en el censo de 2005, el déficit era de 39 mil familias. Y si se compara con las viviendas que se han venido entregando desde 2007 hasta 2019 dan más o menos 37 mil familias. O sea que quedarían 2 mil familias sin vivienda”, sostuvo Espinosa.

En el caso de la ciénaga, el miembro de la Central Nacional Provivienda asegura que finalmente el que se termina perjudicando es el mismo ecosistema estratégico, el cual se deteriora.

Control del Distrito

Otro espacio que ha venido sufriendo por las invasiones es el sector de El Rubí, donde en 2020 el Distrito intervino las construcciones ilegales en zona restringida por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Las demoliciones se realizaron en un área total de terreno de 1.200 metros cuadrados en 11 lotes. Estas viviendas se encontraban en proceso constructivo.

El panorama actual en el lugar es de desolación: hay un cerramiento, montículos con grandes cantidades de arena y un operario en una máquina hace labores de limpieza, según pudo constatar este medio.

“El Distrito, con la finalidad de evitar que se siga propagando esta condición irregular y que personas incautas sigan siendo víctimas de actuaciones irregulares, ha informado a la comunidad en general a través de vallas instaladas en el sector que no es posible la construcción, porque no están dadas las condiciones para ello”, respondió la SCUEP.

Pero no ha sido la única vez que han tratado de invadir estos terrenos en El Rubí, puesto que desde 2014 se iniciaron las actuaciones administrativas en el sector de la ladera sur occidental.

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Mediante la Resolución N° 2051 de noviembre 24 de 2014, expedida por la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, se ordenó la demolición de las obras en la carrera 38 No. 84-301, por encontrarse en un terreno no apto para la construcción por presentan remoción en masa según el POT.

En 2016 siguieron las construcciones ilegales, por lo que se realizó un nuevo operativo de demolición de las nuevas construcciones para un total de 2.664 metros cuadrados.

En 2017 se evidenciaron nuevas construcciones, por lo que esta Secretaría hizo presencia, aplicando lo dispuesto en el Numeral 1ro y Parágrafo 1ro del 135 de la Ley 1801 de 2016, ‘construir en áreas protegidas’. Se realizaron un total de 1.755 metros cuadrados en demoliciones.

Mientras que en 2018, se realizó un nuevo operativo, se iniciaron 23 actuaciones policivas, de las cuales se adoptaron 6 decisiones, lográndose materializar 4 de ellas, quedando las 17 restantes suspendidas.

“En definitiva, la posición de la administración es brindar el mayor grado de protección posible a espacios destinados al goce y disfrute de la comunidad en general. En suma, darle aplicación a lo contenido en los artículos 135 y 140 del código de seguridad y convivencia”, indicó esta dependencia de la Alcaldía.

Redacción EL TIEMPO

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