Aterrizan falencias del sistema judicial local

Aterrizan falencias del sistema judicial local

Protransparencia expuso los problemas que aquejan a la justicia en el Atlántico y propuso mejoras.

Juzgado en Barranquilla

Aunque muchas soluciones dependen del Gobierno Central, gestión en lo local es clave en infraestructura.

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Archivo EL TIEMPO

Por: Andrés Artuz Fernández
20 de febrero 2019 , 09:02 a.m.

Barranquilla solo cuenta con tres jueces penales municipales de conocimiento, 10 jueces penales del circuito y uno del circuito especializado, así como 15 juzgados de control de garantías, cuando deberían existir, como mínimo, 6 juzgados penales municipales de conocimiento, 16 del circuito, 2 del circuito especializado y 24 de control de garantías para lograr reducir la congestión del sistema penal.

El anterior es apenas uno de los hallazgos de la Propuesta de Plan de Inversiones en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) del Distrito Judicial de Barranquilla 2019-2023, que fue presentado este martes por la Fundación Probidad y Transparencia del Atlántico (Protransparencia).

Esta jurisdicción judicial, que abarca a todo el Atlántico, tiene menos juzgados penales por 100.000 habitantes que cualquier otro distrito judicial y, también, la menor proporción de juzgados penales (41 por ciento) con respecto al total de juzgados de la jurisdicción ordinaria.

En Soledad, debería haber 3 juzgados municipales con funciones de conocimiento y de control de garantías en lugar de 2, y pasar de 2 a 6 juzgados del circuito con funciones mixtas.

Otro de los problemas evidenciados en desarrollo del diagnóstico es que, de las audiencias programadas, el 77 por ciento son aplazadas, “1.711 entre enero y agosto de 2017, lo que afecta aún más la congestión, pues no se logran evacuar los procesos y aumenta la posibilidad de impunidad al aumentar el riesgo del vencimiento de términos”, dice el informe ejecutivo dado a conocer ayer en el salón Zafiro de Combarranquilla sede Country. 

“De esas audiencias aplazadas, el 39 por ciento se debe al cruce de agendas entre juez, fiscal y defensor y otros problemas relacionados, por lo que urge la implementación de un software que evite al máximo este problema, que tenga en cuenta la agenda de estos tres actores al momento en que el juez programe la audiencia”, concluye otro aparte de la investigación.

Pero Protransparencia, en un documento de más de 80 páginas, no se queda solo en un análisis de la situación ya que también propone algunas soluciones como la urgencia de que la Gobernación del Atlántico ponga en marcha nuevas salas de audiencia virtual para mitigar el casi 20 por ciento de audiencias que se dejan de hacer debido “a la incapacidad del Inpec de trasladar a los procesados”.

Carlos Guzmán, director seccional de la rama judicial del Atlántico, quien asistió a la socialización de la investigación, denominó las conclusiones como totalmente aterrizadas y ponderó que además de exponer problemáticas evidentes se hizo lo mismo con las soluciones.

“Protransparencia la tiene clara y van muy avanzados en este tema que tienen cuantificado. Ahora hay que mostrarlo. La creación de más juzgados debe ir paralelo a la llegada de más fiscales”, anotó Guzmán.

El diagnóstico arroja un dato importante: con el 93 por ciento de los casos resueltos, que el sistema funciona, “pero requiere de más inversión y recursos de sostenimiento”. El estudio considera necesario concentrar los despachos judiciales de la especialidad penal en una sola edificación de 18.000 metros cuadrados que incluya la dotación de 62 despachos judiciales de la especialidad penal.

ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ
Redactor EL TIEMPO
Barranquilla
@Andretuz

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