La sabana de Bogotá y, particularmente, los once municipios que componen la región central viven hoy momentos de dicha gracias al auge de la industria, que ha permitido la generación de millonarios ingresos vía tributos; al crecimiento sin antecedentes de la construcción y el elevado costo de la tierra, especialmente en Cajicá, Chía, Cota, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá. Pero, como todo lo que sube baja, ya hay síntomas de que este auge no será para siempre y que de no adoptarse nuevas estrategias de crecimiento y atención a sus pobladores, el costo que se pagará será alto.
No es especulación. Este panorama es perceptible en los resultados del informe de calidad de vida del programa Sabana Centro, Cómo Vamos dados a conocer esta semana. Ellos muestran un deterioro en la seguridad y la movilidad, en mortalidad infantil, violencia intrafamiliar, entre otros. Adicionalmente, de tiempo atrás, se ha denunciado la especulación con el precio del suelo y lo que se conoce como el ‘volteo’ de tierras, que en un abrir y cerrar de ojos pasaron de rurales a urbanas de manera poco transparente. Por ello, varios funcionarios están hoy en la mira de la Procuraduría.
Este crecimiento desigual ha traído otras consecuencias, expresadas por el alcalde de Zipaquirá, Luis Alfonso Rodríguez: niveles de ingreso muy diferentes entre municipios, costo de vida elevado, falta de mano de obra capacitada e inseguridad.
No todo es malo; buena parte de ellos tienen altos niveles de calidad en educación, en programas de aprovechamiento de residuos y más del 60 por ciento del territorio conserva su vocación agrícola, lo que garantiza la provisión de alimentos para la región y para Bogotá.
Así las cosas, lo que resulta claro luego de conocer estas cifras y de escuchar a las autoridades locales, es que aún se está a tiempo para que la sabana de Bogotá enderezca el rumbo en aquello que puede resultar contraproducente en el corto plazo y potenciar su dinamismo a fin de garantizar a los 2 millones de personas que habitarán el territorio en el 2050 un mínimo de calidad de vida.
Para que esto suceda se requiere no solo voluntad política, acuerdos mínimos de colaboración, unos planes de ordenamiento que consulten el interés de todos –con Bogotá incluida– y una depuración de su clase dirigente para garantizar la transparencia política y el buen manejo de los recursos, sino un mejor entendimiento entre alcaldes y gobernación.
No es un secreto que los mandatarios de estos once municipios tienen sus propias agendas y prioridades, y que unos más que otros han sido bastante laxos a la hora de facilitar el avasallador proceso de densificación urbana e industrial. Por lo mismo, resulta casi imposible alcanzar consensos a la hora de atender necesidades comunes.
De ahí que el mismo alcalde Rodríguez esté advirtiendo desde ya la necesidad de crear autoridades supramunicipales para el manejo de asuntos tan sensibles como la movilidad o la seguridad, algo que se ha planteado de tiempo atrás con poco éxito. Ojalá la solución provenga de ellos mismos o el deterioro seguirá su paso con consecuencias impredecibles.
ERNESTO CORTÉS FIERRO
erncor@eltiempo.com@ernestocortes28
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