Esta semana, un adulto mayor fue agredido por la policía cuando intentaba ejercer su oficio de vendedor informal. Si nos atenemos a los decretos presidenciales, el hecho de ser una persona de la tercera edad y estar realizando una labor no permitida por ahora ubicaban a este caballero en la categoría de ‘violador’ de la ley.
Ayer, una usuaria de Twitter puso un video en el que se mostraba, también, a la policía retirando a un grupo de mariachis de las afueras de un conjunto residencial donde daban una serenata para ganarse la vida.
Días atrás, las mujeres que ejercen la prostitución en el centro de Bogotá protestaron porque no les llegaban ayudas y no las dejaban ejercer su trabajo.
Estos tres casos ilustran lo difícil y complejo que resulta el autocontrol y el autocuidado en tiempos de pandemia por cuenta del coronavirus. Lo más probable es que todas estas personas se portaron bien cuando la cuarentena empezó hace más de dos meses, pero era previsible que con el pasar de los días la situación se les volviera insostenible. A ellos y a las autoridades.
Nadie puede salir a condenar su conducta cuando se trata de un tema de supervivencia. Ese es el problema de fondo. Y ya lo había dicho en este mismo espacio: una cosa es recibir un mercado y otra muy distinta, cuando se tienen necesidades que no se solucionan con ese tipo de estrategias, incluyendo, por supuesto, el derecho a la libre movilidad.
Tan no estamos preparados para esta situación que el comandante de la policía de Bogotá tuvo que salir a pedir perdón por el exceso cometido por sus hombres contra el señor informal, que en un acto de humildad pidió que los uniformados que lo agredieron no fueran destituidos.
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Por fortuna, en el caso de los mariachis la cosa fue más pacífica, pero daba algo de tristeza verlos partir con sus trompetas y guitarrones escoltados por agentes del orden que, de buena manera, les pidieron abandonar la acera.
Lo grave del asunto es que, ya se trate de informales o de trabajadoras sexuales, hablamos de un sector de la población que será difícil de seguir controlando a punta de normas y decretos. Con ellos hay que hacer una labor distinta y un acercamiento distinto y una pedagogía del autocuidado distinta, en el mismo espacio público, que es donde ejercen su actividad.
No veo claro que sea de otra manera, sobre todo cuando ellos mismos, con la sabiduría popular que los caracteriza, sentencian el debate con una máxima irrefutable: le tienen más miedo al hambre que al contagio.
A medida que pasan las semanas de confinamiento es más evidente que la ciudad se divide en tres grupos: la que puede aguantar encerrada, la que no y la que duda en hacerlo o no hacerlo.
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Si los primeros y los últimos pueden seguir teletrabajando y en cuarentena, háganlo, el riesgo de contagio sigue siendo tan alto como el primer día. Y frente a los que definitivamente deben salir más por necesidad que por estar autorizados, es hora de aplicarles toda la pedagogía posible para preservar su integridad y salud.
Tal vez a esto se refería la alcaldesa Claudia López cuando insinuó que abrir una parte de la economía sería condenar a los pobres a la muerte. Sonó fuerte, pero en las actuales circunstancias ese es el escenario que se presenta y solo lo puede evitar una rigurosa disciplina de lavado de manos, distanciamiento social y el porte del tapabocas. Es lo elemental.
Que la economía se reactive, que no colapse el sistema de salud, que adultos y niños gocen de mayores libertades, que centros comerciales y restaurantes puedan volver a abrir sus puertas y que no aumente el número de zonas de atención especial, con todas las restricciones que ello conlleva, está en las manos de cada uno de nosotros.
Mal que bien, las autoridades sanitarias y la propia administración han hecho lo que les corresponde, y la gran mayoría de ciudadanos han acatado las órdenes vengan de donde vengan. Relajarnos en estos momentos sería grave y podría, en el peor de los escenarios, devolvernos a un confinamiento general y obligatorio, como el primer día, como sucedió en Chile o como ocurrió con 70 colegios en Francia, que debieron volver a clases en casa cuando pretendieron retornar a la presencialidad sin mayores medidas de seguridad. ¿Es eso lo que queremos?
¿Es mi impresión o... la primera tarea que habrá de acometer la recién creada Alianza In es obligar a varias aplicaciones a respetar las leyes colombianas?
Ernesto Cortés Fierro
Editor Jefe de EL TIEMPO
Twitter: @ernestocortes28
