El ‘piedronón’ de la alcaldesa / Voy y Vuelvo

El ‘piedronón’ de la alcaldesa / Voy y Vuelvo

No son todos los estudiantes, pero sí un grupo de vándalos que responden a órdenes generando caos.

Errores de protocolo en protestas

En las protestas de la Universidad Pedagógica se presentaron fuertes enfrentamientos entre encapuchados y el escuadrón antidisturbios.

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Héctor Fabio Zamora

Por: Ernesto Cortés Fierro
01 de marzo 2020 , 08:25 a.m.

En lo que va corrido del año, prácticamente no ha habido día en que los bogotanos no suframos las consecuencias de una protesta. Las han hecho los estudiantes, los maestros, los camioneros, los acarreadores, las madres comunitarias, los taxistas, los del Sena –reyes de los colados en TransMilenio– y así sucesivamente.

A los plantones de los camioneros, que derivaron en atascos y desespero en la gente, se sumaron las protestas de jóvenes que de nuevo terminaron en vandalismo a nombre de los encapuchados, en intervenciones de la Fuerza Pública y en destrucción de bienes inmuebles de centros educativos y de la ciudad. Más bloqueos, más cierres viales, más indignación.

¿Qué quieren? Pregunto. No hay ciudad que aguante este estado de cosas. Las protestas son bienvenidas, lo he repetido hasta la saciedad. Hasta mis hijos participaron en ellas el año pasado. Sin embargo, como decían las abuelas, “bueno es culantro, pero no tanto”. Y lo peor es que gran parte de esas manifestaciones no tienen que ver con problemas de la ciudad, sino con el Gobierno Nacional. ¿Cuándo volverá la gente a encontrar normalidad? ¿A qué horas podrán llegar a casa sin la pesadilla de quedar en medio de la confrontación? ¿A qué horas dejarán que la ciudad siga produciendo y prosperando? ¿A qué horas nos concentraremos en el plan del nuevo gobierno para saber qué nos espera y no en la protesta de turno?

Es tan agobiante el asunto que hasta a la alcaldesa Claudia López, defensora a cual más de las manifestaciones, se le voló la piedra esta semana con los estudiantes de la Distrital. Y con razón. A ellos se les ha cedido en todo lo que han pedido. Un mes duró la Secretaria de Educación enderezando un acuerdo para que quedaran felices. Y lo logró: se dio vida a la asamblea universitaria para que los jóvenes (40 en total) puedan expresarse a sus anchas. Se aprobaron recursos por 80.000 millones de pesos para ese claustro. Se creó una veeduría especial para evitar hechos de corrupción. Pero ocho días después la respuesta fue una nueva protesta violenta, con dos ciudadanos heridos. ¿Por qué protestaban? Por un techo roto, por la vulneración de derechos de trabajadores y cosas por el estilo. Es una actitud descarada la que exhiben los estudiantes de la Distrital. La alcaldesa se jugó su prestigio y prácticamente cedió a las peticiones que reclamaban. Con justificada razón ella, en un tono que no deja dudas de su desilusión, les recordó a los estudiantes que los bogotanos pagamos impuestos muy caros para que ellos tengan dónde estudiar y dónde echar raíces, y que la respuesta no puede ser dañar las instalaciones, impedir que los ciudadanos puedan movilizarse y enfrentarse a la policía. Así no se vale. La paciencia tiene un límite, y ese límite nos está llegando a todos.

Las protestas son bienvenidas, lo he repetido hasta la saciedad. Hasta mis hijos participaron en ellas el año pasado. Sin embargo, como decían las abuelas, 'bueno es culantro, pero no tanto'

Ni qué decir de lo que sucede con la Pedagógica. Allí, un grupo de encapuchados encontró el escenario perfecto para dañar, amenazar y atacar a humildes ciudadanos que transitan por uno de los sectores más concurridos de la capital. No son todos los estudiantes, valga aclarar, pero sí un grupo de vándalos, infiltrados, que responden a órdenes precisas para sembrar el caos. ¿Quiénes están detrás de ellos? ¿Con qué intereses? ¿A quién le conviene mantener este estado de cosas? Esa es la respuesta que nos deben tanto las directivas de la universidad como las mismas autoridades.

Ya va siendo hora de que el Distrito o el Gobierno Nacional aceleren el traslado de la Pedagógica de la calle 73 hacia otra zona de la ciudad o fuera de ella, para que no siga siendo una amenaza permanente contra peatones, conductores, estudiantes, propietarios de locales, etc. En ese sector, cada vez que hay pedrea, se afecta TransMIlenio; los niños de los colegios vecinos y jardines infantiles deben suspender clases; el comercio cierra puertas, las instituciones bancarias se exponen a ser destruidas y los peatones, a ser víctimas del peligro que allí se desata. La violencia ejercida por los encapuchados ha dejado personas con secuelas de por vida, ha dejado sin sustento a otras que cometieron el error de transitar por allá justo en una jornada de pedreas y bombas, han provocado pérdidas a los dueños de locales que generan empleo y han afectado la movilidad de miles de personas. ¿No es ese suficiente motivo para pedir que las autoridades ejerzan un mayor control, que las directivas de la universidad de una vez por todas se pongan del lado de la ciudadanía y que ese centro educativo sea removido del lugar? ¿Estamos esperando a que suceda una tragedia mayor?

Cada vez queda más claro que los estudiantes no van a denunciar a los encapuchados por miedo o por complicidad con ellos, como insinuó López, y que los encapuchados son los primeros responsables de la estigmatización del movimiento estudiantil, y que la forma sistemática en que se dan las protestas obedece a una muy bien montada estrategia de grupos afines al terrorismo o de fuerzas políticas extremas que quieren medirle el aceite a la mandataria.

Sorprende la solidaridad de estudiantes y de la ciudadanía con la alcaldesa y con la postura asumida ante la llamada red de derechos humanos de la Distrital –que juzga pero no condena–, pues demuestra que su táctica de aislar a los vándalos de las manifestaciones y meterle presión para que directivas y estudiantes no toleren estos comportamientos empieza a generar empatía ciudadana. Es la única manera de garantizar que las manifestaciones cumplan su objetivo: expresar inconformismo, reclamar, condenar y criticar, pero en el marco de la ley.

¿Es mi impresión o… a los señores de la oficina de Derechos Humanos de la ONU se les olvidó hablar con los alcaldes de Bogotá y Medellín sobre el protocolo de las protestas sociales?

ERNESTO CORTÉS FIERRO
Editor Jefe de EL TIEMPO
En Twitter: @ernestocortes28

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